El tiempo pone a cada cual en su sitio y suele conceder la perspectiva necesaria para analizar los hechos con la distancia debida. La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia del Gobierno de España es un ejemplo de ello.
Mes a mes tras su dimisión en septiembre pasado, la obra con la que imaginamos que pretendía ‘firmar’ su paso por el Ministerio ha ido quedando en poco -o casi nada-, todo un reflejo de que la obstinación, cuando se trata de legislar contra la inmensa mayoría del cuerpo social, no resulta la mejor compañera.
Amparado en la obligada transposición a nuestro ordenamiento de la directiva Bolkestein (123/2006/CE), el ejecutivo de Mariano Rajoy redactó un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) que suponía un ataque en toda regla a la razón de ser de las organizaciones profesionales. La exposición de motivos del texto ya era una declaración de intenciones del Gobierno, empeñado -no sabemos por qué oscuros prejuicios- en que los colegios constituían en su actual ordenamiento un ataque a la libre competencia y los derechos de los usuarios.
El redactado de la ley que nunca llegará a ser -en este caso con culpa no menor del Ministerio de Economía y Competitividad Luis de Guindos– incluía, por lo demás, curiosas disposiciones: limitaba la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta, eliminaba las tarifas de inscripción -que pagándose una sola vez en la vida laboral se consideraba ¡una barrera de entrada! al ejercicio profesional- y limitaba a 20 euros mensuales la cuota colegial, ya que entendía -porque el ministro y sus asesores también entendían de contabilidad presupuestaria- que 240 euros por colegiado y año garantizaban la supervivencia de cualquier colegio.
El anteproyecto, en fin, era un ejercicio de un insólito intervencionismo de un gabinete del que muchos de sus miembros se tienen por liberales. Y, como se ha demostrado, parecía destinado a generar un absoluto rechazo, más teniendo en cuenta la acreditada vocación de Ruiz-Gallardón de descartar la búsqueda de un mínimo consenso tal le podía, a lo que se vio, la indisimulable aspiración a completar en la legislatura 2011-2015 un programa revolucionario convenientemente disfrazado de reformista.
Esta misma semana, la secretaria general del Partido Popular ha terminado de confirmar lo que antes fueron velados anuncios del Gobierno. “Desde el propio Gobierno y el propio partido, se planteó que no podíamos seguir adelante”, dijo María Dolores de Cospedal a cuenta de la retirada del anteproyecto de la LSCP. Reconociendo el valor que tiene la asunción del error, sólo cabe lamentar el tiempo, irrecuperable, gastado en dar una batalla que cualquiera con cierta capacidad de prospectiva habría adivinado perdida de antemano.
Foto: FutureImageBank
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