Registradores

Privatización por decreto

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para traspasar el Registro Civil a los registradores mercantiles.

No es una sorpresa, ni ha resultado ser un globo sonda de los que tanto parecen gustar a este Gobierno: finalmente, el Consejo de Ministros envía al BOE un Real Decreto que pone en manos privadas la vida jurídica de los españoles. Antes, eso sí, se han digitalizado todos los archivos desde 1870, con un coste de unos 130 millones de euros a los que invita la casa.

La Ley 20/2011 del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no dejaba claro qué funcionario se haría cargo del Registro. Lo cierto es que no tenía mucho sentido que la custodia de los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles estuvieran en manos de los Jueces, como hasta ahora. Lo lógico habría sido, tal vez, traspasarlos a los secretarios judiciales, pero parece ser que la lógica no es suficiente a la hora de tomar una decisión de este calado.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tiras y aflojas intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores, pero el descontento de secretarios judiciales, sindicatos y juristas hacían que nunca terminara de concretarse. Ha tenido que ser “por Decreto”, una vía que, constitucionalmente, está reservada para casos de urgencia y necesidad y que en este caso el ministro ha usado para dar su particular golpe en la mesa: “porque lo digo yo, que soy tu padre”. En las deliberaciones sólo se ha contado con un pequeño núcleo de registradores que tampoco parecían estar del todo de acuerdo con la decisión.

De hecho, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ya ha mostrado su desacuerdo mediante un comunicado, en el que, además de adherirse a las razones esgrimidas por el resto de operadores jurídicos, señalan la dificultad y el coste que les supondrá enfrentarse al nuevo sistema informático “sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento”.

El ministerio de justicia se ha comprometido a recolocar en los juzgados a los funcionarios que trabajan en los Registros Civiles, pero sólo podrán hacerlo en las Comunidades Autónomas en las que las competencias de Justicia no han sido transferidas. En el resto no hay ningún compromiso, de la misma manera que tampoco lo hay para garantizar la continuidad de los interinos que trabajan en juzgados y tribunales.

Por lo demás, no parece muy sensato mejorar la plataforma con cargo al erario público para inmediatamente traspasarla a manos privadas, no sólo por lo delicado de la mercancía (los datos privados de los ciudadanos) sino también por el coste que supondrá la adaptación y el manejo de estos datos.

El ministro recalca que los trámites serán gratuitos, aunque no son pocos los que lo dudan, y con razón: la tramitación de los documentos y las gestiones tendrán un coste, que podrá ser sufragado por el ciudadano o por el Estado, en forma de aranceles a esas empresas privadas. Pero bueno, eso sólo son daños colaterales.

Imagen: 123rf

 

Y tú ¿qué opinas? Si quieres dejar un comentario puedes hacerlo en el formulario que encontrarás a continuación. Si te ha gustado esta entrada, no dudes en compartirla en redes sociales o vía email usando estos iconos.

1 comentario en “Privatización por decreto

  1. María ´Begoña González Fleitas

    Esto se veía venir, desde que encargó el informe al Corte Inglés. De igual forma que será seguro que los ciudadanos tendrán que pagar por los asientos y por solicitar una certificación. Lo peor es que se ha hecho por Decreto. ! todavía habrá algún Español que piense que vivimos en una democracia! . Este País, llamado España, da tristeza

    Responder

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *