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Formación ICATF

La importancia de la formación continua del abogado

El modelo del ejercicio profesional de la abogacía ha cambiado vertiginosamente en los últimos veinte años, eso es algo incuestionable. Así, la formación continua del abogado se ha convertido en una verdadera necesidad no sólo para los abogados noveles, necesitados de un complemento formativo que les permita adquirir habilidades necesarias para su completo desarrollo profesional, sino también para los más experimentados, a quienes tampoco viene mal una actualización de sus conocimientos para mantenerse en liza en un sector cada vez más competitivo y en permanente transformación.

 

La formación continua en la abogacía ha de basarse en el vertiginoso proceso de creación y modificación legislativa que vivimos, como en la necesidad que tienen los letrados de adquirir y desarrollar unas capacidades de gestión empresarial y personal que tal vez hace unas décadas no resultaban tan primordiales para el ejercicio de la profesión o la gestión de un despacho, como aquellas vinculadas a la inteligencia emocional.

 

Además, el salto en innovación tecnológica que a muchos parece haber cogido a contramano —y se resisten a asumir—, nos obliga a un permanente reciclaje de nuestros conocimientos tanto en el área legal como en la comercial. Por si esto fuera poco, nos encontramos también con la demanda formativa del mercado internacional, fruto de un mundo ya definitivamente globalizado, que incluye tanto el aprendizaje de otros idiomas y su correspondiente especialización en lenguaje jurídico como los aspectos culturales de países con formación y tradición distintas a las nuestras.

 

El principio de la formación continua debe arrancar de un sentido vocacional de la profesión, y, sin duda, influirá notablemente en la manera de ejercerla. No se trata de una simple colección de conocimientos y certificados, más bien de que una serie de habilidades nos proporcionen las competencias necesarias para desarrollar nuestra labor de la mejor forma posible.

 

Por lo demás, lo formación no debe estar circunscrita a una acumulación de conocimiento normativo o jurisprudencial aderezada con el dominio de las herramientas tecnológicas al uso. Formación sería también, en un sentido más amplio del término, la aprehensión de otras capacidades (tal que la oratoria) o saberes (la historia siempre serán un gran punto de partida) más cercanos de los que nos pueda parecer para armar una argumentación sin riesgo de repetirnos, de mal copiar o de caer en la nadería.

Formación continua

La formación permanente del abogado

Los abogados deben tener una formación al mejor nivel. Sólo la formación permanente salvará a la profesión”. La frase fue citada en un tuit por Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía Española, el pasado 16 de septiembre a cuenta del inicio del curso escolar 2015-2016. Y qué razón lleva, podemos añadir.

Puestos a tirar de frases que conecten el éxito profesional con el aprendizaje continuo encontraríamos miles de ejemplos en boca de personas que alguna vez hicieron bueno este principio: “Aprender es como remar contra corriente: en cuanto se deja, se retrocede”, dijo el compositor británico Benjamin Britten (1913-1976), más conocido por su impagable ‘Guía de orquesta para jóvenes’ (1946), una obra didáctica en la que adentra al profano en las características de cada sección de una formación musical de este tipo.

La idea de Britten es universal y aplicable a cualquier campo de actividad o conocimiento y entronca perfectamente con lo apuntado por Carnicer, quien al hablar de formación permanente nos recuerda que nunca es suficiente el conocimiento de una materia, o la destreza en una habilidad profesional, como para poder sostener que con lo que sabemos de esto o aquello nos basta.

Y no tanto porque no sea válido para atender una necesidad referida a nuestro trabajo, como porque puede ser que quien recibe el fruto de nuestro desempeño —un cliente, el despacho, la empresa o la administración para la que trabajamos, en el caso del letrado— espere de nosotros ‘algo’ más. Ese plus, también llamado excelencia, que distingue a los malos de los regulares, a los regulares de los buenos y a los buenos de los mejores.

El aprendizaje continuado —el reciclaje en estos tiempos— no deja de ser, por lo demás, la expresión de una actitud proactiva en la vida. Receptora ante nuevas interpretaciones del derecho, favorable al debate y curiosa —cuando menos— para bucear en las características de esta o aquella herramienta informática, tratando de averiguar si realmente puede hacernos más competentes.

El abogado del siglo XXI no puede conformarse con el simple manejo de las materias asidas durante su carrera y uno o varios posgrados. Esta base y la aportación de su práctica laboral posterior pueden hacerle pensar que son suficiente soporte. Nada más lejos de la realidad, nunca estará de más el aprendizaje adicional: cursos, jornadas, sesiones prácticas —presenciales o virtuales— o la simple asistencia a una vista como espectador son recursos tan frecuentes como diversos. Elegir adecuadamente ‘casi’ es el único requisito que debemos valorar.

De ahí la idea expresada por Britten cuando contrapone movilidad a retroceso. Una corriente que fluye frente a un estanque con agua que acabará, inevitablemente, empozada y luego putrefacta. La predisposición a la formación, al cabo, sería la admisión de que siempre queda algo nuevo cuyo conocimiento, en el peor de los casos, nos servirá para apuntalar ciertas certezas fundamentales. Y en el mejor, para hacer frente al día siguiente con un extra de autoestima que ninguna otra clase de estímulo puede superar.

 

Foto: 123rf

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Formación de funcionarios y políticos

Sobre la formación de funcionarios y políticos

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, criticó esta semana —durante la presentación de su informe de gestión de 2014— que observa en muchos casos “un desconocimiento de las normas básicas del funcionamiento administrativo” debido, a su juicio, a la “inadecuada” formación de algunos funcionarios. El político canario en activo más longevo instó a las administraciones públicas a “intensificar” la formación de sus trabajadores.

El toque de atención de Saavedra no fue ‘a humo de pajas’. Por su formación sabe de lo que habla y por el puesto con el que cerrará una larguísima carrera de servicio público, más aún. Le ha tocado lidiar como ‘defensor del pueblo’ en nuestra comunidad en la peor fase de la crisis y, como ya recordó en entrevista que concedió a nuestra revista IUS hace ahora un año, “ha habido ciudadanos que han perdido el derecho a una indemnización por daños causados por un temporal porque el funcionario municipal no hizo el informe preceptivo”.

La queja, por tanto, no es nueva. Y nos sitúa en un plano —el de la formación continua— en el que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife tiene una vocación de presencia activa: la realización de la primera edición de la Jornada ‘Delitos relacionados con la corrupción’ es la última prueba que lo atestigua.

Y el reciente comienzo del I Master de Abogacía de la Universidad de La Laguna, en el que la colaboración del ICATF es también activa y fundamental, incidiría en la misma apuesta por complementar la formación teórica con una enseñanza de la praxis profesional que —más allá de obligatoria para superar el examen de Estado para el acceso a la abogacía— se revela imprescindible para garantizar un servicio de calidad, sea cual sea la esfera en la que se preste.

Nada más lejos de nuestra intención está dar lecciones de nada ni a nadie sobre la cualificación necesaria para el desempeño de un trabajo, menos aún conociendo las circunstancias de escasez en las que se mueven algunas corporaciones, especialmente las locales, incapaces de reponer bajas de larga duración, jubilaciones o ausencias por traslados o comisiones de servicio.

Pero no deja de llamar la atención, al hilo de otra afirmación de Saavedra
en unos casos [la baja cualificación] afecta al ciudadano y en otros al propio cargo político, que por la inexperiencia o falta de formación termina ante los tribunales sin que tuviera razón o responsabilidad última”— que, en ciertos casos, la Función Pública se maneje con aparente despreocupación respecto del obligado deber de conocimiento de las leyes y procedimientos a los que están obligados a guardar y hacer guardar.

Y que un político como Jerónimo Saavedra, nada sospechoso de manejarse con frivolidad, llame la atención sobre una carencia demostrada con hechos, preocupa aún más.

Foto: FutureImageBank

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