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Cupones y abogados

Abogados y cupones

El libreto de la zarzuela de Tomás Bretón ‘La verbena de la Paloma’, estrenada en el lejano febrero de 1894, dejó para el catálogo de refranes del castellano aquel dicho: “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad”. La frase que el libretista Ricardo de la Vega puso en boca del personaje de Don Sebastián ha superado con éxito el siglo de vida y llegada a su tercera centuria es posible oírla aún como expresión – entre irónica y sarcástica – de la velocidad con la que se mueven el conocimiento científico y la tecnología.

Hoy en día no deja de llamar la atención a los que estudiaron con el ‘plan antiguo’ o la EGB cómo el progreso material y la investigación han aumentado la esperanza de vida o cambiado la vida cotidiana, especialmente a partir de la extensión de Internet y el uso generalizado de ordenadores y teléfonos móviles, estos últimos cada vez menos teléfonos y más computadoras. Cualquier de ellos podría afirmar, sin temor equivocación, lo que mismo que Don Sebastián: “Hoy las ciencias…”.

Entre los hábitos que han mutado, y mucho, están también los de compra: de la venta al hipermercado, de la mercería a cualquier franquicia o del comercio del barrio al centro comercial del extrarradio… antes comprábamos todo por cercanía y ahora hemos hecho del centro comercial una referencia obligada. Y antes comprábamos ‘cara a cara’, luego pudimos hacerlo también por teléfono… y ahora casi podemos adquirir lo que sea a través de Internet.

Incluso, quién lo diría, podemos contratar los servicios de un abogado mediante un cupón de descuento que se ofrece en alguna de las páginas web que han popularizado este género de venta promocional. El cupón – que en sí mismo no es una herramienta perversa – implica un sensible descuento respecto del precio de venta habitual del bien o servicio ofertado y lleva aparejada la obligación de tasar expresamente qué está incluido en el precio. Y ésta, cuando hablamos de un servicio personalísimo como el de un letrado, no parece la mejor forma de casar las expectativas del cliente con el coste sobrevenido de cualquier gestión imprevista – o del alargamiento de las calculadas a priori – de su representante legal.

El coste de reputación y las implicaciones deontológicas merecerían, por lo demás, una reflexión añadida. Por más que la nuestra sea una profesión no ligada, ‘strictu sensu’, a honorarios mínimos, cabría recordar la necesaria sujeción a una cierta imagen en la que el intercambio de asesoramiento legal por cupones a precio fijo no muestra al abogado en el mejor de los espejos. So pena de que algunos árboles no nos permitan ver el conjunto del bosque.

 

Foto: 123rf

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Justicia sin papeles

¿Justicia sin papeles? ¡Dios le oiga, ministro!

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reiteró esta semana, en la apertura del I Congreso de la Abogacía Madrileña, su intención de que la sede electrónica digital sea una realidad desde el próximo 1 de enero. Esto es tanto como que la Justicia española avance de golpe hacia un funcionamiento ‘sin papeles’ que le haría perder una de sus señas de identidad seculares: el amontonamiento elefantiásico de legajos en cada órgano judicial.

Que el andamiaje de nuestro sistema es más propio de la era pre digital que de estos tiempos es una evidencia. Que si los recursos económicos y humanos que mueve los gestionara cualquier empresa ya se utilizarían plenamente las herramientas telemáticas de la Sociedad de la Información es otra. Y que la comparación entre el grado de integración tecnológica que posee, verbigracia, la Agencia Tributaria y cualquier oficina, juzgado o tribunal no se sostiene y provoca sonrojo es la ‘prueba del algodón’.

Hay tanto por hacer en este campo que lo asombroso es lo poco que se ha hecho hasta ahora… clamando tantas voces sobre la misma idea. Como afirmó a nuestra revista IUS José Ramón Navarro, entonces presidente del TSJC y hoy titular de la Audiencia Nacional: “No hay empresa en el siglo XXI que tenga dos departamentos que no estén conectados horizontalmente. Son necesarios más medios informáticos, la puesta en marcha del expediente digital y la nueva oficina judicial. A parte de más personas, si sólo añadimos juzgados y personal no solucionaremos el problema. Hay que cambiar la estructura”.

Lo dicho por Navarro Miranda hace casi un año mantiene, por desgracia, toda su vigencia. Si a alguien le fuera su sueldo o su empleo en responder por los millones de horas de trabajo que pierden cada año jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores —y, obviamente, los justiciables— la dichosa sede electrónica o la digitalización de los expedientes sería hoy una realidad. Qué decir si la recaudación tributaria estuviera afectada por la eficiencia de nuestro sistema judicial.

Así que no podemos estar más que de acuerdo con la apuesta del ministro Catalá, pero como las promesas de los políticos —y más en un año como este 2015, tan condicionado por estas elecciones locales o aquellas generales — las carga el diablo, vamos a ser cautos en lo que comprobamos si el deseo del Gobierno de la nación y la realidad van acompasados. Y en cualquier caso, como dijo aquel: “¡Dios le oiga, cristiano!”.

 

Foto: FutureImageBank

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