Justicia sin papeles

¿Justicia sin papeles? ¡Dios le oiga, ministro!

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reiteró esta semana, en la apertura del I Congreso de la Abogacía Madrileña, su intención de que la sede electrónica digital sea una realidad desde el próximo 1 de enero. Esto es tanto como que la Justicia española avance de golpe hacia un funcionamiento ‘sin papeles’ que le haría perder una de sus señas de identidad seculares: el amontonamiento elefantiásico de legajos en cada órgano judicial.

Que el andamiaje de nuestro sistema es más propio de la era pre digital que de estos tiempos es una evidencia. Que si los recursos económicos y humanos que mueve los gestionara cualquier empresa ya se utilizarían plenamente las herramientas telemáticas de la Sociedad de la Información es otra. Y que la comparación entre el grado de integración tecnológica que posee, verbigracia, la Agencia Tributaria y cualquier oficina, juzgado o tribunal no se sostiene y provoca sonrojo es la ‘prueba del algodón’.

Hay tanto por hacer en este campo que lo asombroso es lo poco que se ha hecho hasta ahora… clamando tantas voces sobre la misma idea. Como afirmó a nuestra revista IUS José Ramón Navarro, entonces presidente del TSJC y hoy titular de la Audiencia Nacional: “No hay empresa en el siglo XXI que tenga dos departamentos que no estén conectados horizontalmente. Son necesarios más medios informáticos, la puesta en marcha del expediente digital y la nueva oficina judicial. A parte de más personas, si sólo añadimos juzgados y personal no solucionaremos el problema. Hay que cambiar la estructura”.

Lo dicho por Navarro Miranda hace casi un año mantiene, por desgracia, toda su vigencia. Si a alguien le fuera su sueldo o su empleo en responder por los millones de horas de trabajo que pierden cada año jueces, fiscales, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores —y, obviamente, los justiciables— la dichosa sede electrónica o la digitalización de los expedientes sería hoy una realidad. Qué decir si la recaudación tributaria estuviera afectada por la eficiencia de nuestro sistema judicial.

Así que no podemos estar más que de acuerdo con la apuesta del ministro Catalá, pero como las promesas de los políticos —y más en un año como este 2015, tan condicionado por estas elecciones locales o aquellas generales — las carga el diablo, vamos a ser cautos en lo que comprobamos si el deseo del Gobierno de la nación y la realidad van acompasados. Y en cualquier caso, como dijo aquel: “¡Dios le oiga, cristiano!”.

 

Foto: FutureImageBank

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