El VI Barómetro Interno de la Abogacía, presentado esta semana por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, pone negro sobre blanco el estado de ánimo de nuestra profesión. Con la fiabilidad que da la muestra, y quien la realiza, y la perspectiva que otorga la posibilidad de comparar la foto respecto de otros años, la encuesta confirma percepciones que en cualquier corrillo de letrados se manifiestan repetidamente.

Así, el 85 por ciento de los consultados reconoce que la crisis ha provocado “serias dificultades económicas” en los despachos y que la Justicia padece “una crisis muy grave y profunda”. Mientras, una práctica unanimidad considera “muy elevada” la corrupción de la vida pública y nueve de cada diez cree que la Justicia gratuita debe financiarse exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado y no mediante tasas.

Descubre también el barómetro otras prácticas arraigadas entre nuestro colectivo, la más llamativa el uso generalizado (79%) del carné colegial con firma electrónica, un reconocimiento explícito de la importancia que da nuestro colectivo al uso de las herramientas ligadas al mundo digital.

No obstante puede que una de las más llamativas sea que un 68 por ciento de los abogados crea que el funcionamiento de la Justicia se realice al modo más conveniente para jueces y juristas, y no de acuerdo a un modelo que buscara lo más cercano y útil para el ciudadano.

Esta suerte de visión endogámica del oficio entronca con un modelo de gestión que aún conserva usos y costumbres demasiado antiguos —en el algún caso herencia intocada del siglo XIX— que, por más que ha sido denunciados, no ha desaparecido de la praxis diaria de este o aquel juzgado, confirmando que siquiera las recomendaciones más ponderadas para eliminarlos han dado fruto.

Es esa costumbre, tan de nuestra administración pública por otra parte, de no concebir el trabajo funcionarial o estatutario como un servicio en el que lo primero debería ser el interés del administrado —o el justiciable— y no la mejor conveniencia de quien está al otro lado de la ‘ventanilla’.

Sin ánimo de caer en una generalización que sería infundada, lo que late de este pulso de la abogacía tiene más de lamento por un escenario que se resiste —a veces de manera decidida— a transformarse al amparo de una sociedad que camina con otras maneras, que a señalar a identificar protagonistas concretos de la molicie. Y como quiera que destacadas voces de la Judicatura también han advertido sobre la imperiosa necesidad de renovar el funcionamiento de la oficina judicial y hasta el mismo acceso a la condición de juez, más se entiende nuestra posición y menos la resistencia al cambio.

Foto: 123rf

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