La vuelta a la actividad en despachos y juzgados ha estado marcada por algunos hechos que, de una forma u otra, tienen que ver con las leyes y su aplicación. Las últimas semanas de agosto y lo queda, climatológicamente hablando, del estío han traído al primer plano de la actualidad acontecimientos que tocan ramas del Derecho bien distintas aunque igual de apasionantes.

En ámbitos distintos, pero más o menos en la portada de informativos y periódicos, han convivido la amenaza secesionista en Cataluña  —y la anunciada y apresurada reforma de la Ley del Tribunal constitucional que tramita el Gobierno de España—, el asesinato de dos mujeres en Cuenca —y las derivadas de la captura en Rumanía del principal sospechoso de darles muerte— y el aluvión de llegadas a territorio de la Unión Europea de sirios, iraquíes y afganos de huidos de las guerras que asolan sus países de origen.

Puede que por descarnado sea éste último el que más ha llamado la atención en nuestro entorno más cercano, por más que durante años vivimos en Canarias el drama de la inmigración forzada que protagonizaron naturales del África subsahariana llegados en centenares de pateras a las Islas.

Ahora, las oleadas de miles de asiáticos malamente contenidos en las fronteras al Sureste del continente han aguijoneado nuestras consciencias para recordarnos que a esta parte del mundo vivimos en un estándar de bienestar que, por más que la crisis ha erosionado, se antoja el deseable para otra azotada por la guerra o el fanatismo, cuando no, sencillamente, por el hambre y la ausencia de oportunidades de trabajo y desarrollo personal.

Mientras se resuelve el debate público abierto entre los gobiernos de la Unión a cuenta del número de refugiados que cada estado se ‘puede’ permitir, organizaciones del tercer sector y administraciones regionales y locales se han apresurado a ofrecerse para acoger a familias de refugiados. No han sido pocos, además, quienes a título particular se han mostrado dispuestos a compartir techos y comida con quienes llegan —exhaustos y sin medios— a la vieja Europa.

En estos días frenéticos que vivimos, la Abogacía Española ha puesto en marcha una iniciativa que no podemos por menos que hacer nuestra. Así, el Consejo General ha habilitado un registro de abogados especializados en materia de inmigración y asilo que pondrá a disposición de las autoridades españolas y de la misma UE para prestar asistencia jurídica a refugiados y personas desplazadas. Los letrados que deseen formar parte de este registro deben dirigirse a registro.asilo@abogacia.es.

El paso dado por nuestra organización colegial servirá —al margen de reforzar la ayuda de primera mano para personas que no tienen medios económicos ni conocimiento de las leyes y tratados que les amparan— para recordar a la clase política los reiterados incumplimientos en materia de protección de derechos fundamentales que se vienen produciendo en el trato de los refugiados llegados este verano con puerta de entrada en Grecia.

Foto: FutureImageBank

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