La constitución el mes pasado del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD) ha traído al escenario público la situación de vulnerabilidad en el ejercicio profesional de cientos de letrados de todo el mundo, especialmente en aquellos países donde el respeto a la ley y a los derechos humanos es frecuentemente allanado. Así, el objetivo primero del OIAD será hacer un control continuo y global de nuestra profesión, además de prestar asistencia en los casos en los que peligre la integridad física o laboral de los colegas que se vean amenazados.
En la iniciativa ha tenido un protagonismo decisivo el Consejo General de la Abogacía Española. Junto a organizaciones homólogas de Francia e Italia, la recién nacida institución ya ha tenido un protagonismo especial en el último Congreso Mundial contra la Pena de Muerte y en el seguimiento de algunas audiencias celebradas en Turquía contra medio centenar de abogados encausados tras el fallido intento de golpe de estado de julio, resuelto con miles de detenciones con preocupantes indicios de arbitrariedad.
El objetivo del OIAD es mantener un seguimiento permanente de la actuación de los abogados en países con conflictos armados, o derechos limitados, para proporcionarles asistencia cuando se encuentren en una situación donde la vida, las libertades personales o el ejercicio de la profesión se vean especialmente en riesgo. A la vista de la cantidad de escenarios en los que pueden inscribirse estas amenazas, es de temer que al recién nacido OIAD no le van a faltar ocasiones para hacerse notar.
Por más paradójico que pueda parecer, la mejora de los índices de desarrollo en todo el planeta —o la consolidación de la democracia en un número de estados mayor respecto a tres o cuatro décadas atrás— no ha venido de la mano de una mejoría en la misma proporción del simple respeto a la ley o al conjunto de derechos básicos de personas y grupos aceptados por la comunidad internacional tras el nuevo orden surgido con el final de la II Guerra Mundial y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.
No puede sorprender, entonces, que sea obligado para los países donde el edificio legislativo tiene los cimientos más resistentes promover herramientas que sitúen en el foco de la opinión pública la lesión de derechos. O a la ‘simple’ agresión al derecho, que no sería poco, en cualquier caso. El precedente más conocido de Reporteros Sin Fronteras como defensora de un periodismo sin trabas de regímenes dictatoriales, organizaciones criminales o grupos de presión con intereses oscuros puede ser una referencia muy útil para nuestro gremio que, también y a nuestro pesar, pasa por ser trabajo peligroso en más sitios de los que podríamos imaginar.
Foto: Pixabay
Y tú ¿qué opinas? Esperamos tus comentarios: utiliza el formulario que encontrarás a continuación. Si te ha gustado esta entrada, no dudes en compartirla en tus perfiles en redes sociales o por email utilizando estos iconos.