El Gobierno de Mariano Rajoy se estrenó en enero de 2012 con unos cuantos mandobles impositivos con los que pretendió tapar el agujero creado en la Hacienda Pública por el efecto de la crisis financiera. Incumpliendo la promesa de rebajar impuestos —una de las ‘ideas fuerza’ de su campaña electoral—, el Ejecutivo en el que también se estrenaba como ministro Alberto Ruiz-Gallardón sorprendió promoviendo una Ley de Tasas que convirtió el acceso a la Justicia en una suerte de ‘derecho’ sólo accesible para empresas o particulares con músculo monetario para aguantar un envite procesal previsiblemente largo.
La promulgación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, fue la primera demostración de la disposición de Ruiz-Gallardón para gobernar contra el sentido común y una generalizada oposición del resto del arco parlamentario y, en nuestro caso, del común de los agentes del ámbito judicial: jueces, funcionarios, abogados, procuradores y consumidores advirtieron sobre la amenaza que suponía para la tutela judicial efectiva.
Como luego se ha comprobado, más hiriente aún fue la estafa en la que incurrió el Gobierno una vez que el nuevo texto tuvo recorrido temporal suficiente para poder analizar sus efectos. La Ley de Tasas no provocó, como pretendía, un acceso más racional a la Administración de Justicia. Y a mayor abundamiento, los millones de euros recaudados con su aplicación no tuvieron el destino finalista pretendido de mejora de los medios de juzgados y tribunales.
Más de dos años después de un desatino que la Abogacía Española ha combatido en todos los frentes posibles, el Gobierno de España ha dado un primer paso para volver a la cordura. El viernes pasado aprobó en Consejo de Ministros la derogación de las tasas para los ciudadanos en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Que este año se avecinen elecciones locales y generales parece algo más que una casualidad. Bienvenido sea, en cualquier caso, esta primera rectificación.
Primera porque seguimos esperando que de la exención se beneficien también las pequeñas y medianas empresas, a las que aquella ocurrencia de Ruiz-Gallardón puso en el mismo nivel de dificultad que cualquier gran corporación que posee recursos económicos, departamentos legales y asesoramiento externo suficientes para litigar ‘ad infinitum’ con un tercero o con el mismo sector público.
No podemos olvidar, al hilo de esta reflexión, el ingente trabajo realizado desde colectivos profesionales —o por la mera iniciativa individual—, que han gastado tiempo y dinero para combatir esta desnortada ley. Decenas de reuniones e intervenciones en foros profesionales, artículos en periódicos, apariciones en radio y televisión, citas en la ‘blogosfera’ y en las redes sociales… el activismo de nuestros compañeros ha sido fundamental para transmitir a la ciudadanía.
A todos cabe felicitar y todos debemos felicitarnos una vez se ha conseguido corregir, aunque solo sea en parte, este rumbo equivocado.
Foto: FutureImageBank
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