Tradicionalmente el mundo del derecho se ha desarrollado en el entorno analógico de lo escrito, lo tangible, lo controlable. Lo encontramos en los libros, en los boletines oficiales, en las revistas jurídicas. En despachos, empresas y juzgados. Pero ahora, además, ha llegado a Internet.
Las bondades de las nuevas tecnologías de la información son un hecho que no vamos a discutir aquí, en esencia porque si usted está leyendo estas líneas es gracias a que un complejo procedimiento tecnológico —del que disfruta de la forma aparentemente más sencilla y cómoda desde su casa, su despacho o el restaurante de la esquina— lo hace posible.
Partiendo de esta realidad, el derecho como concepto y los profesionales que lo integran como sujetos activos debemos reconocer que, nos guste más o menos, Internet ha venido para quedarse. No sólo como herramienta de organización y transmisión de la información a la que podemos acceder desde cualquier punto del planeta a golpe de clic; sino, lamentablemente también, como medio para la comisión de delitos de distinta naturaleza.
Digamos que son dos caras de una misma moneda o dos usos para una misma arma (cargada): la positiva, la que nos ayuda a documentarnos, nos informa y nos enriquece. La negativa, la que se escuda en el anonimato y la distancia para cometer lo que ya se ha etiquetado como ‘ciberdelitos’.
Ciudadanos incautos que utilizan las redes y el mundo de Internet con absoluta inocencia para navegar, participar en conversaciones con terceros o comprar en tiendas online. Frente a desalmados que hacen lo propio para acceder a nuestros datos privados, usurpar la identidad de otros o incluso acosar a adolescentes.
En este contexto, algunos elementos del sistema jurídico ya se han puesto las pilas y gracias a ello ya existen fiscalías especializadas en criminalidad informática, unidades de policía y guardia civil dedicadas exclusivamente a perseguir este tipo de delitos informáticos, páginas web temáticas sobre seguridad informática y espacios de atención a posibles víctimas de ciberacoso.
Pero ¿y las leyes? ¿y quienes trabajamos en el mundo jurídico? ¿estamos a la altura de las circunstancias? No son pocos los profesionales que han levantado la voz exigiendo que se revise y adapte urgentemente la legislación española a esta nueva realidad virtual que nos rodea, y que se imparta formación tecnológica a los profesionales y se faciliten los recursos suficientes a los juzgados para poder desenvolverse con soltura en un entorno que hoy por hoy les (nos) supera.
Más allá del debate sobre el endurecimiento de las penas a este tipo de delitos, se trata de adaptar el ordenamiento jurídico ante las nuevas situaciones que antes jamás hubiéramos imaginado o contemplado, sencillamente porque aquellas circunstancias no existían, no eran posibles. Además de la necesidad de instrumentalizar la intervención policial que en ocasiones se ve con las manos atadas porque su intervención podría vulnerar derechos fundamentales del delincuente o la víctima, en términos de intimidad o protección de datos. O por ejemplo un policía que se registrara en un chat para pillar ‘in fraganti’ a un acosador infantil y en un procedimiento judicial podría ser acusado de incitación a la comisión de un delito.
Ya lo decía Don Hilarión en ‘La verbena de La Paloma’: “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad” y si queremos encajar en estos nuevos tiempos deberíamos ser capaces de adaptarnos, antes de que tanta modernidad se vuelva contra nosotros.
Foto: Futurebrandimage
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