La que pudo suponer el relevo de Ruiz-Gallardón por Catalá al frente del ministerio no fue la última oportunidad para detenernos a pensar en los males que afectan a la Administración de Justicia y los remedios que la pueden curar.
Antes bien, casi cada día tenemos una excusa para hacerlo: un dato sobre la media de jueces en España respecto del resto de Europa, este ingreso en prisión de una artista famosa, aquella salida precipitada de uno de los presos etarras más legendario (por sanguinario)… puestos a encontrar motivos, tenemos tantos como fallas encontramos al sistema.
El diario Expansión ha reunido hace unos días la opinión que sobre enfermedades y curas de la Justicia española tienen tres representantes autorizados y cualificados. El presidente de nuestra organización colegial, Carlos Carnicer; el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Maximino Sexmero; y su homólogo en Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch. En el caso de los dos magistrados, la reflexión hila con el manifiesto de los jueces decanos tras su reunión anual en Valencia.
De la petición del periódico y de las respuestas obtenidas se obtiene un decálogo con 10 medidas de necesaria y urgente aplicación, a saber:
1) Apostar por la justicia en los presupuestos generales del Estado y adecuar las cifras de inversión a las medias de los mejores miembros de la UE.
Llama poderosamente la atención que el gasto por habitante haya caído de 91,4 euros/año en 2010 a sólo 25 en 2012. Sobra recordar, en el mismo sentido, el fraude que ha supuesto la aplicación de la Ley de Tasas.
2) Ampliar definitivamente el número de jueces para, una vez más, ponerse a nivel de la media europea. España necesitaría duplicar su cifra actual.
Aquí la conclusión debe matizarse por un fallo de partida del mismo informe del Consejo de Europa sobre el que se fundamenta la queja. El documento calcula la media del continente a partir de las medias de jueces de cada país y no —como debería ser— de acuerdo a la población global de los estados comparados. Haciéndolo así, España tiene más proporción de jueces que Dinamarca, Francia o Italia. No obstante, para homologarse a Austria, Holanda o Finlandia debería aumentar su plantilla hasta una tasa de 14 por cada 100 mil habitantes.
3) Mejorar los sistemas informáticos para lograr el objetivo de papel cero.
Y antes que eso, o cuando menos en paralelo, unificar el sistema informático de toda la administración de Justicia en todo el país.
4) Centrarse en las reformas importantes que permitan agilizar la justicia, como el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Gobierno ha anunciado su inmediata remisión a las Cortes, otra cosa es que veamos la reforma conclusa en esta legislatura. Que así sea.
5) Tener en cuenta el coste económico de los cambios legislativos antes de llevarlos a cabo.
Sabia reflexión. Lo demás resulta un brindis al sol.
6) Reforma profunda de la organización actual del sistema judicial.
Puede que una de las medidas más sensatas y de más sencilla aplicación, si se entiende por la unificación de juzgados del mismo ámbito en el mismo edificio o de la adaptación de la oficina judicial a estos tiempos.
7) Ampliar el apoyo en cuestión de personal y en asuntos técnicos de los jueces que se enfrenten a macrocausas.
Bien traído el problema y la diagnosis, como mejor aún sería que se evaluara la tasa de actividad de cada órgano judicial vista la notable desproporción entre las cargas de trabajo o la productividad de juzgados y jueces del mismo partido o jurisdicción.
8) Dotar al sistema del arbitraje de una buena ley para que sirva de alivio a la carga de trabajo de los tribunales.
¿Otra ley más, otra reforma? ¿Y si probamos primero a fomentar las reglas de la conformidad?
9) Alcanzar un pacto de Estado en cuestión de justicia para realizar cambios a largo plazo.
Mucho nos tememos que visto el ambiente de frentismo que vive nuestra clase política, a riesgo cierto de incrementarse en el electoral año 2015, mejor dejamos este deseo para… 2016.
10) Contar con un ministro conocedor de los problemas que esté dispuesto a realizar cambios radicales para solventarlos.
En esto último parece que algo hemos avanzado con Rafael Catalá, aunque queda por comprobar si la radicalidad está entre sus virtudes.
Con todas las bondades que éste y otros decálogos, manifiestos, prontuarios o recetarios puedan contener, queda la pregunta del millón, a sabiendas de que no se puede hacer frente a todo con la misma decisión y al mismo tiempo. ¿Por dónde empezamos?
Foto: FutureImageBank
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