La Constitución Española, en su artículo 119, reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la asistencia jurídica gratuita como medio para lograr el derecho a una tutela judicial efectiva e igualitaria. Este servicio lo prestan en la actualidad unos 43.800 letrados con sus 83 colegios de abogados respectivos (unos 800 colegiados del ICATF están adscritos al Turno).
Pero la asistencia gratuita a presuntos delincuentes viene de muy antiguo: existe constancia de que en 1578 ya había juristas que defendían a los más desfavorecidos de la sociedad y el hecho de que no se cobrara nada por ello – pues hasta hace no mucho la adscripción al turno era obligatoria y no remunerada – nunca fue un impedimento: los abogados trabajaban con la misma dedicación y la misma ilusión que ahora, en unos tiempos en los que, a decir verdad, las cosas tampoco han cambiado tanto, pues un abogado de oficio recibe una media de 220 euros por proceso, habitualmente seis meses después de haber finalizado su labor.
En este país, tan dado a los tópicos y a los refranes, los hay particularmente crueles – además de falsos (habrá que reconocer de una vez que la “sabiduría popular” es un tópico más) -, como uno antiguo y casi olvidado que reza: «abogado de pobres, poco interés se toma«. En España tenemos un magnífico sistema de asistencia jurídica gratuita que cada año proporciona acceso a la justicia a cientos de miles de ciudadanos gracias al esfuerzo y la dedicación de abogados libres e independientes de primera calidad.
Pero lamentablemente, el Turno de Oficio sólo es noticia en los medios por el incumplimiento sistemático a cargo de las administraciones públicas de sus obligaciones de pago a los profesionales y al Colegio que organiza el servicio, o por las cada vez más numerosas quejas de unos abogados objetivamente maltratados que anteponen su vocación y su función social a sus intereses económicos. Y, quién sabe, tal vez sea este el problema: las administraciones públicas saben que el servicio se va a mantener porque los abogados, cobren o no, van a seguir atendiendo a los defendidos, y porque el Colegio de Abogados correspondiente podrá presionar, pero no dejará de hacer designaciones de abogados de oficio mientras haya un ciudadano privado de libertad que lo requiera. En estos meses en los que tanto hemos oído hablar de líneas rojas, aquí está la nuestra: el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, algo a lo que ni los abogados ni los Colegios Profesionales vamos a renunciar. Y las Administraciones públicas lo saben.
Hoy 12 de julio celebramos el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio y es importante recordar, en este punto, que la abogacía no puede ni debe estar sola en su lucha. Debemos sacar el turno a la calle y hacer partícipe a la sociedad de cuál es nuestra labor y cuáles nuestras demandas. Defender entre todos el actual modelo de asistencia jurídica gratuita con los Colegio de Abogados garantizando la libertad e independencia de los abogados que la propia institución designa, frente a cualquier intento de privatización o funcionarización del servicio, incluso si de ese modo las administraciones lograsen un ahorro marginal que en modo alguno podría compensar la pérdida de la libertad e independencia de unos abogados que tienen regularmente que enfrentarse a la misma administración que asume el coste del servicio.
En definitiva, despertar la conciencia social sobre lo esencial que resulta un servicio público sometido sistemáticamente a un desprecio, unas dilaciones en los pagos, una incertidumbre y unas faltas de consideración que, gota a gota – como la tortura china – comprometen el derecho a la tutela judicial efectiva de los más necesitados.
Foto: ONCE
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