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Una (otra) ley fracasada

Una (otra) ley que fracasa

Cuando todav√≠a nos mov√≠amos con pesetas en el bolsillo era conocido aquel dicho que dec√≠a: ‚ÄúSi debes un mill√≥n al banco tienes un problema; si le debes cien millones, el problema lo tiene el banco‚ÄĚ. Quince a√Īos despu√©s, pagamos en euros y cada vez llevamos menos met√°lico en la cartera – casi todo lo resolvemos a golpe de tarjeta o internet -, pero algunos principios de la econom√≠a no mutan, por m√°s que normas pretendidamente bien intencionadas lo traten de hacer.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social lleva camino de ganarse un sitio de honor en esa particular lista de disposiciones del legislador que tanto llenan de autosatisfacción a unos como devienen estériles cuando de aplicarlas se trata.

Diez meses despu√©s de su entrada en vigor, un primer balance sobre su incidencia en el ‚Äėmundo real‚Äô llama a la frustraci√≥n que ha provocado una ley, que en su mera estructura ya presagiaba el ‚Äėquiero y no puedo‚Äô posterior. Porque de 65 folios en los que hay menos art√≠culos (10) que disposiciones (seis adicionales, cuatro transitorias, una derogatoria y 20 finales) s√≥lo cabe interpretar af√°n – loable – por remendar lo viejo con nuevas costuras‚Ķ para volver a la casilla de salida.

Y no es otro el punto de partida que la indefensi√≥n en la que queda en este pa√≠s cualquier persona que haya fracasado en su negocio cuando trata de reordenar sus deudas para arrancar otra actividad. O, simplemente, cuando pretende ‚Äėquebrar‚Äô su actividad profesional sin quedar atado de por vida a unos acreedores implacables que con frecuencia repiten su filiaci√≥n: administraciones p√ļblicas y bancos (que antes ‚Äėfidelizaron‚Äô a un aut√≥nomo ca√≠do en desgracia con garant√≠as hipotecarias o reales).

‚Äú[La ley] se hizo deprisa y mal, con muchas modificaciones‚ÄĚ resume el abogado Javier G√≥mez Garrido para explicar c√≥mo las deudas que m√°s suelen condicionar la continuidad del negocio son imprescriptibles. As√≠ los cr√©ditos frente a Hacienda y la Seguridad Social perseguir√°n de por vida – y hasta luego si no hay aceptaci√≥n de testamento a beneficio de inventario – al peque√Īo empresario que un d√≠a aspir√≥ a establecerse por cuenta propia.

Es precisamente el privilegio del cr√©dito p√ļblico la herida m√°s lacerante que provoca la Ley 25/2015. Asoma – vuelve a asomar dir√≠amos -, esa costumbre tan patria de considerar al deudor particular presunto culpable, por dolo o negligencia, en todos los escenarios de su actividad profesional. No cabe, en este caso, ni derecho a intentarlo nuevo, ni prop√≥sito de enmienda. Aquel recibo o aquel impuesto que no pudo satisfacer le acompa√Īar√°n por el resto de sus d√≠as. Para estos no cabe el rescate, mas enfrente siguen disparando con p√≥lvora del rey. Y que usted – y nosotros – lo veamos.

 

Foto: Pixabay

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Despacho o empresa

¬ŅEmpresa o despacho? una elecci√≥n recurrente

La crisis de nuestras vidas. As√≠ se ha venido a apellidar la recesi√≥n que padece Espa√Īa desde que un – cada vez m√°s lejano – 2008 comenzara a atisbarse que los d√≠as de vino y rosas llamaban a su fin. Desde el septiembre de aquel verano en el que la ca√≠da de Lehman Brothers anticip√≥ el cataclismo, muchos de los factores que mueven nuestro sistema econ√≥mico y el andamiaje social han cambiado lo suficiente como para que sean pocos los que puedan presumir de no haberse visto afectados.

La profesión de abogado, considerada como tal, no ha sido ajena a las consecuencias de la recesión y todavía hoy, por desgracia, miles de colegas de todo el país las sufren en carne propia: los repetidos retrasos en el cobro de honorarios (y en la congelación de sus tarifas) de quienes ejercen el turno de oficio o la reducción de ingresos de la mayoría de bufetes provocada por el descenso de la litigiosidad Рagravado tras la entrada en vigor de la Ley de Tasas del inefable ministro Ruiz Gallardón Рson sus exponentes más llamativos.

A ese escenario convulso se asoman, inevitablemente, quienes tras acabar sus estudios de grado y realizar la pr√°ctica correspondiente se plantean un futuro vital asociado a los conocimientos adquiridos en forma de ejercicio de la abogac√≠a. Descartado el intento de acceso a la funci√≥n p√ļblica en cualquiera de sus ramas (judicatura, fiscal√≠a, oficina judicial, notarios-registradores, docentes o t√©cnicos superiores, entre las m√°s comunes), se plantea, en la esfera de la pr√°ctica privada, una elecci√≥n entre el trabajo por cuenta propia o ajena.

El dilema no es privativo del letrado. M√°s a√ļn, se enmarca en el tan manido debate sobre la escasa capacidad de emprendimiento del espa√Īol medio cuando se recurre – a veces obsesivamente – a la te√≥rica virtud de la autonom√≠a profesional como palanca de acci√≥n para el futuro de una naci√≥n a la que, en su ausencia, se condena a un porvenir oscuro y fatalista en el que el clich√© de pa√≠s del sur, arrimado a la subvenci√≥n y carente del sentido de la innovaci√≥n y el cambio, adquiere su m√°xima expresi√≥n.

Llegados al punto de tomar el trayecto de la autonomía profesional Рen forma de despacho propio, o casi que compartido a la vista del frío que rodea a una decisión de este tipo si se hace en solitario y sin red Рo el de la dependencia, tratando de acceder a un puesto de trabajo como asesor jurídico de una empresa Рahora y en el futuro puede que director Рse convierte en una decisión trascendental que en nuestro caso implica toda una elección de vida.

Hasta no hace mucho, dos factores parec√≠an determinantes para elegir el segundo de los caminos propuestos: la intenci√≥n del abogado de involucrarse plenamente en el actividad de la compa√Ī√≠a que le contrataba – en un plano directo que nunca llega a alcanzarse desde la mera asesor√≠a externa – e, igualmente importante, la oportunidad de conocer en profundad la actividad y objetivos de esa misma empresa para alcanzar desde ese nuevo estatus un desarrollo profesional pleno.

Menos importante parece de un tiempo para acá Рporque puede que la crisis, también en esto, modifique paradigmas y nos obligue a preguntarnos otras cosas Рel nivel de retribución y la obtención de otros premios económicos o materiales. Y aquí surge ese tercer factor, novedoso, que condiciona la elección entre ejercicio autónomo o dependiente.

En los √ļltimos a√Īos, es cada vez m√°s recurrente, o al menos eso detectan las empresas caza talentos o cualquier departamento de selecci√≥n de personal, la importancia que se otorga a la ligaz√≥n a una empresa no dedicada al negocio jur√≠dico la posibilidad de conciliar mejor trabajo y familia, trabajo y ocio o, simplemente, trabajo y horario de trabajo. De esta forma pasar√≠an a ser tres los factores que influyen decisivamente en el paso de un despacho – y no tanto desde aqu√≠, como de un bufete de una cierta dimensi√≥n – a una empresa de servicios o a cualquier otra organizaci√≥n de √°mbito privado.

El nacimiento de esta nueva condición no deja de revelar una transformación sociológica, cuando menos en el mundo desarrollado, que habla de poner por delante de ciertos valores Рhasta ahora colocados en la parte alta de la escala: ingresos y prestigio socio-profesional Рpor debajo de aquellos que llaman a un modo de vida menos azaroso Рy, si se quiere, menos frenético Рen los que dedicar más tiempo a la familia o al ocio, o reducir el riesgo de incertidumbre, adquieren, ahora, su máxima importancia.

Y la paradoja, con todo, no desaparece porque puede que sea tan vieja como la misma humanidad. Simplificadamente, aversi√≥n al riesgo frente a esp√≠ritu liberal (en la acepci√≥n pura de cl√°sicos como Adam Smith). Una decisi√≥n, al cabo, que implica tantos matices que ni puede considerarse √ļnica, ni bueno ser√≠a que lo fuera so riesgo de caer en esa otra tendencia, tan humana tambi√©n, de reducir nuestra visi√≥n de las cosas y los actos a blancos y negros.

Imagen: 123rf

 

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