El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, criticó esta semana —durante la presentación de su informe de gestión de 2014— que observa en muchos casos “un desconocimiento de las normas básicas del funcionamiento administrativo” debido, a su juicio, a la “inadecuada” formación de algunos funcionarios. El político canario en activo más longevo instó a las administraciones públicas a “intensificar” la formación de sus trabajadores.

El toque de atención de Saavedra no fue ‘a humo de pajas’. Por su formación sabe de lo que habla y por el puesto con el que cerrará una larguísima carrera de servicio público, más aún. Le ha tocado lidiar como ‘defensor del pueblo’ en nuestra comunidad en la peor fase de la crisis y, como ya recordó en entrevista que concedió a nuestra revista IUS hace ahora un año, “ha habido ciudadanos que han perdido el derecho a una indemnización por daños causados por un temporal porque el funcionario municipal no hizo el informe preceptivo”.

La queja, por tanto, no es nueva. Y nos sitúa en un plano —el de la formación continua— en el que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife tiene una vocación de presencia activa: la realización de la primera edición de la Jornada ‘Delitos relacionados con la corrupción’ es la última prueba que lo atestigua.

Y el reciente comienzo del I Master de Abogacía de la Universidad de La Laguna, en el que la colaboración del ICATF es también activa y fundamental, incidiría en la misma apuesta por complementar la formación teórica con una enseñanza de la praxis profesional que —más allá de obligatoria para superar el examen de Estado para el acceso a la abogacía— se revela imprescindible para garantizar un servicio de calidad, sea cual sea la esfera en la que se preste.

Nada más lejos de nuestra intención está dar lecciones de nada ni a nadie sobre la cualificación necesaria para el desempeño de un trabajo, menos aún conociendo las circunstancias de escasez en las que se mueven algunas corporaciones, especialmente las locales, incapaces de reponer bajas de larga duración, jubilaciones o ausencias por traslados o comisiones de servicio.

Pero no deja de llamar la atención, al hilo de otra afirmación de Saavedra —
“en unos casos [la baja cualificación] afecta al ciudadano y en otros al propio cargo político, que por la inexperiencia o falta de formación termina ante los tribunales sin que tuviera razón o responsabilidad última”— que, en ciertos casos, la Función Pública se maneje con aparente despreocupación respecto del obligado deber de conocimiento de las leyes y procedimientos a los que están obligados a guardar y hacer guardar.

Y que un político como Jerónimo Saavedra, nada sospechoso de manejarse con frivolidad, llame la atención sobre una carencia demostrada con hechos, preocupa aún más.

Foto: FutureImageBank

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