Realizar una actividad económica al margen de la regulación es una práctica tan vieja como la humanidad, porque primero fue la transacción —inicialmente limitada al mero intercambio en especie o servicios y luego perfeccionada por el pago mediante unidades de cuenta, tangibles o no— y más tarde llegaron las normas asociadas a la práctica mercantil: un diezmo para el señor, una tasa por cruzar el puente que daba acceso al burgo… hasta establecerse los sistemas impositivos modernos que conocemos a este lado del mundo.
Así que ganarse el sustento sin renunciar a que una parte del valor que obtenemos por nuestro trabajo, o por la venta de un bien, quede en manos de un tercero llamado administración pública es una tentación que la mayoría orilla y una minoría más o menos amplia —según la época o las circunstancias— no desdeña. A eso lo llamamos economía sumergida y es en época de crisis, justo cuando las arcas del erario más andan necesitadas de alimentación, cuando regresa al primer plano de la plaza pública.
“En tiempos de tribulación no hacer mudanza” reza una máxima acuñada por San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús no se refería, como pudiera pensarse, a un simple cambio de residencia. Aludía el sacerdote navarro a la capacidad de resistencia recomendable frente a ciertos embates de la vida terrena personificados en los poderes públicos.
El principio de no atender a la coacción del estado casaría, siguiendo la lógica jesuítica, como una posible explicación a la aparente persistencia de un alto índice de economía informal en España, como reflejó el último informe del sindicato de técnicos de Hacienda Ghesta al cuantificar en unos 250 mil millones de euros el dinero movido en 2012 sin tributación alguna.
No conviene, ni se puede, empero, reducir las causas del mal a una pretendida virtud del español —profesional o empresa— por caminar fuera del sendero mientras una mayoría silenciosa de asalariados o autónomos cumple con sus obligaciones. Más allá de las simplificaciones, debemos reflexionar sobre la naturaleza de una práctica —unas veces simple elusión, pero la más completa evasión— que la asimilación de nuestro país al escenario legislativo y nivel de riqueza del resto de Europa no ha conseguido reducir en el mismo nivel que sí se ha conseguido para la convergencia de otras variables.
Ante esa propuesta de lectura, parece recomendable llamar la atención sobre el ‘medio natural’ en el que viven quienes —a sabiendas o por mero desconocimiento— optan por ejercer su trabajo sin cumplir con las obligaciones requeridas en cada caso: altas de actividad, tributación por todos sus ingresos reales o pago de licencias informáticas, por citar algunas de las más comunes.
El hábitat del defraudador ‘profesional’ o sobrevenido por sus circunstancias particulares es un prado en el que multinacionales de todo tipo eluden la fiscalidad mediante el traspaso de sus beneficios a refugios fiscales —algunos, paradójicamente, en territorio de la Unión Europea— y la mayoría de los cargos públicos implicados en casos de corrupción sólo pagan sus delitos, en el mejor de los casos, con penas de cárcel.
Eso por no hablar del criterio seguido por cualquier nivel de la administración para decidir en qué y cómo gasta el dinero recaudado de los impuestos a particulares y empresas. Son tantos y variados los ejemplos de despilfarro que por más que el dispendio, paradójicamente, también acabe por generar consumo y movimiento económico queda en el común de los ciudadanos la sensación de que con su dinero se ha contribuido a pagar una fiesta a la que ni fue invitado, ni de la que quiere participar.
Más allá de la discusión sobre el adecuado nivel de presión fiscal que deben soportar los españoles y al margen del debate sobre subidas o bajadas de impuestos, es necesario avanzar con la pedagogía. Con aquella teoría que en los primeros años ochenta se resumía en el recordado lema publicitario ‘Hacienda somos todos’, que fue fundamental para instaurar una cierta conciencia de corresponsabilidad fiscal de la que carecíamos secularmente.
Pero también con una práctica de ejemplaridad en el uso y cuidado de los dineros públicos —incluida la sanción a quien malgasta y la persecución a quien defrauda a gran escala— que nos evite la peligrosa tentación de hacernos aquella pregunta fatídica: “Para qué pagar impuestos si luego son otros los que se lo llevan crudo”.
Foto: 123rf
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