A finales de este mes cumplirá una década de vida la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El texto aprobado por las Cortes promovía medidas de sensibilización en distintos ámbitos públicos, protegía los derechos de los menores afectados este problema y, especialmente, garantizaba a las mujeres víctimas de esta lacra derechos hasta entonces no tasados o sólo reconocidos de facto.
Caben pocas dudas de que la ley ha dado una dimensión distinta a la toma de conciencia por la sociedad de este problema, como sirvió para desarrollar herramientas de prevención y – llegado el caso de una denuncia por acoso o agresión – de asistencia a las víctimas. Su aplicación puso fin a miles de casos de maltrato de palabra u obra y, con ello, evitó la muerte de mujeres en aquellos en los que el engranaje que diseñó el legislador funcionó con una cierta eficacia.
Por el camino, no obstante, se han quedado las vidas de casi 800 personas (tomado el dato entre enero de 2003 y hasta el 30 de septiembre pasado) y cada una de estas muertes – amén de una tragedia para familiares y amigos, como también cuando los hijos se convierten en víctimas mortales añadidas al fruto de la sinrazón – es un doloroso aldabonazo que nos recuerda que todo lo avanzado desde 2004 puede parecer poco mientras no se invierta de una vez la trayectoria de una serie estadística repetidamente empeñada en mantener el mismo sentido.
Tenemos en éste un problema de múltiples causas que, como otros de tanta complejidad, se escapa a la mera aplicación de una ley. Este de la violencia de un miembro de una pareja sobre la otra parte es un fenómeno en el que muchos factores se cruzan hasta moldear a una persona incapaz de aceptar otra ‘ley’ que no sea la que quiera imponer a través de la amenaza, la coacción, el chantaje emocional y, en último término, una violencia física condenada – si no se llega a tiempo – a quitar la vida. Resumida en aquella repugnante sentencia de otros tiempos: “La maté porque era mía”.
Pero tenemos también un problema de medios, como ha advertido esta misma semana el presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en su intervención en la inauguración del V Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Carnicer ha devuelto al abogado al primer plano de la erradicación de la violencia de género apelando a que se incluya los letrados “de forma necesaria” para garantizar la asistencia legal y el conocimiento de sus derechos por parte de las mujeres que sufren maltrato.
“Solamente de esta manera estaremos poniendo los niveles de protección necesarios con arreglo a las necesidades de las víctimas”, aseguró nuestro presidente, quien recordó que, pese a que las medidas actuales para luchar contra la violencia de género “no son suficientes” sí se ha conseguido, cuando menos, la implicación de más de 17 mil abogados que se han especializado voluntariamente en la atención específica a estos casos de violencia.
A la llamada de Carnicer conviene también unir la del fiscal general del Estado en el mismo foro. “En estos diez años, hemos aprendido a detectar las carencias y los fallos. No podemos permitirnos como sociedad que quien denuncia y confía, sea de nuevo víctima de la violencia”, dijo Eduardo Torres-Dulce para incidir en la necesaria “puesta en marcha de las Unidades de Valoración Forense integral, pues sólo una valoración ponderada de la víctima permitirá una protección suficiente y eficaz”.
Uno y otro, voces autorizadas de los estamentos a los que representan, vienen a simbolizar un deseo tan noble como necesario de dar nuevos pasos en el combate contra el mayor síntoma de desigualdad que puede haber en cualquier sociedad que se precie de tal. Recordó Carnicer en su discurso al clásico Baltasar Gracián: “Si no se sabe, no se vive”.
Y traemos nosotros otra cita, también recurrente, de un antecesor del gran literato aragonés, aunque lo hagamos ‘retorciendo’ el sentido para recordar que en esta cuestión no podemos caer, en modo alguno, en la complacencia. Sostuvo Fray Luis de León tras regresar a sus clases magistrales tras cinco años de prisión: “Decíamos ayer…”.
Foto: FutureImageBank
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