Las democracias maduras hicieron de la Prensa un cuarto poder que, de facto, se añadió a un andamiaje que fraguó como hoy lo conocemos a partir de la Constitución de los Estados Unidos o el concepto de estado madurado tras la Revolución Francesa. Edmund Burke dejó acuñado en esa misma época un término que con los siglos no ha dejado de tener vigencia y sobre el que filósofos, politólogos y los propios periodistas han teorizado repetidamente.
Antes la palabra escrita, luego la radio y televisión, y de últimas Internet y las redes sociales, los medios de comunicación caminan desde entonces entre su imprescindible papel como examinadores de la actuación de los poderes públicos y una tentación, devenida convicción, de marcar el paso a cualquiera de los estamentos.
A cuenta de esa recurrente práctica, los mass media fijan posiciones propias mientras deciden las responsabilidades de terceros en los hechos sometidos a debate o puestos a disposición del público. Cuando a cuenta de la velocidad que marca el mundo digital se omiten los debidas cautelas que obligan al contraste de pareceres o la búsqueda de una visión más profunda de las cosas, tenemos ante nosotros lo que venimos en denominar juicios paralelos. Juicios que la mayoría de las veces se sustancian cuando lo que está sometido a escrutinio aún anda en fase de instrucción judicial.
Si tales juicios sólo tuvieran cabida en la sección de opinión con forma de comentario editorial podría aceptarse que cumplen con aquel papel que se pretende de la Prensa – reclamado por el ciudadano que desea formarse una opinión a través de éste – para tomar posición ante sucesos que tienen cierta trascendencia para nuestras vidas.
Pero ocurre, desgraciadamente, que el periodismo – y lo que pasa por tal disfrazado sin tapujos de puro entretenimiento televisivo de prime time o de periodismo ciudadano a caballo de una cuenta en Twitter – incurre con mayor frecuencia de la admisible en la indeseable costumbre de anticipar sentencias y repartir culpabilidades. Que luego el fallo de un tribunal coincida con la primera instancia editorial resulta accesorio. De valientes están llenos los cementerios y de condenados a pena de telediario nuestro país. No cabe, por lo general, recurso de apelación o reparación ulterior.
Cómo acabar con este ejercicio perverso del cuarto poder no parece cosa fácil más allá de exigir a quienes lo practican rigor en su trabajo diario y el sentido de la ética profesional por bandera. Todo lo demás queda reducido – vana satisfacción – a una lejanísima rectificación “con el mismo espacio y despliegue tipográfico” que la noticia impugnada, si es que el afectado en su honor por la acción de un medio de comunicación consigue llegar a buen puerto en el intento de ver reparada su imagen.
Cabría pedir también, desde el lado de los operadores jurídicos y no menos del legislador o el Gobierno, más determinación para acabar con el frustrante retrato de lentitud que ofrece la acumulación de instrucciones eternizadas en todos los niveles, la indecisión de este o aquel gobierno para poner a la altura de este siglo la oficina judicial – con tomar el ejemplo de la Agencia Tributaria sería suficiente para marcar un nuevo rumbo – o la contumacia de las Cortes y los parlamentos autonómicos confundiendo la adecuación de la ley a su tiempo con una inentendible vocación de enmarañar el corpus normativo.
Sólo de esa manera puede aspirarse a que los juicios paralelos ganen y ganen presencia mientras se dilata, ad eternum, la aclaración de responsabilidades de los encartados en decenas de casos, entre los que los de corrupción política y malversación del erario son los más llamativos, cuando no aquellos relacionados con causas más terrenales en las que bienes privados o derechos personales son violentados.
Entre tanto, en los tiempos del ruido mediático, del aluvión de fuentes informativas y de la imparable tendencia de unos simplificando los mensajes y de otros aceptando que mejor un frasco de titulares en píldoras que un puchero de contenidos que obligue a una cierta digestión, no se atisba una voluntad – ni de la industria periodística, ni de una sociedad refractante al análisis, el debate sosegado y al pensamiento complejo – de devolver a cada uno a su papel.
Imagen: 123rf
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