Atasco legislativo

Atasco legislativo

Frenética. No hay otra palabra para describir la actividad legislativa en la que se encuentra sumido el Ministerio de Justicia, embarcado en una avalancha de proyectos de modificación y reforma para un buen paquete de normas. Normas, además, que no son cualquier cosa, sino que resultan ser determinantes para el desarrollo económico y social de este país. Un país que se encuentra, como todos nos habremos dado cuenta a estas alturas, inmerso en una convulsión económica que genera por sí sola unos cambios a los que hay que hacer frente de manera imperativa. No tiene sentido – ni común, ni de otro – que, gratuitamente, generemos un caos dentro de uno ya creado.

Si estuviéramos en otro sitio, esta masiva transformación legislativa podría generar un estado de duda y zozobra, pero no hay de qué preocuparse: estamos en España, y por suerte o por desgracia – no nos atrevemos a decantarnos – aquí todo va muy despacio. El fantasma de la Ley de Acceso a la profesión de abogado sobrevuela cada una de estas iniciativas reformistas. Una ley que, después de ocho años, no ha podido demostrar resultado alguno. Y las expectativas que ya ha levantado la mayoría de los anteproyectos auguran el mismo camino. Con el agravante de las prisas, ya que lo que no entre en el Consejo de Ministros antes de verano, posiblemente ya no vea la luz en esta legislatura.

Este panorama se le presenta al ansiado Código Procesal Penal, que en el intento de convertir al fiscal instructor en el protagonista de la investigación penal, para acercar el modelo al de los países de nuestro entorno, puede quedar lastrado por una vacatio legis infinita, ante la inevitable reorganización del sistema judicial español que ello implicaría.

También encontramos situaciones de densidad de tráfico que provocan atascos legislativos que no permiten la fluidez de las reformas pretendidas. Así las cosas, si bien la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial pretendía una reforma estructural sin precedentes, lo cierto es que la realidad ha venido a demostrar que para ello era necesario la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con lo que el inicial desarrollo en paralelo de ambas  – por eso de ahorrar tiempo – se va a quedar en un mero deseo, ya que primero habrá que esperar a que la primera quede aprobada. Así que los tribunales de Instancia tendrán que esperar.

También hay colisiones. Mientras la Ley de Enjuiciamiento Civil potencia las competencias y atribuciones de los procuradores, la Ley de Servicios Profesionales elimina la incompatibilidad entre éstos y los abogados, con la comprensible preocupación que dicha situación genera entre los primeros. Conclusión: Gallardón y de Guindos no se hablan, o peor, se hablan pero no se entienden.

Y, cómo no, largas colas y retenciones. La aprobación del nuevo Código Mercantil va camino de ser un proceso tan extenso y tortuoso como la operación retorno en la M-30 después de Semana Santa. Casi ocho años son testigos de los trabajos preparatorios, en los que se recogen los cambios que ha experimentado la sociedad en el mundo de los negocios del siglo XXI.

Y para finalizar, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que no es otra cosa que un siniestro total. Mala para el justiciable, al quebrar el principio de igualdad entre los ciudadanos. Mala para la Administración, al aumentar la carga burocrática. Y muy mala para los abogados, a los que no sólo se les reducen los baremos  – ya de por sí paupérrimos – con los que se paga el turno de oficio, sino que prevé que éstos asuman los costes de una defensa cuando el cobro sea improbable al encontrarse el cliente en paradero desconocido.

A este paso, y ante tanto dislate, solo falta que barrunten una norma que nos obligue a pasar de nuevo por la facultad para renovar la licenciatura en Derecho.

Imagen: 123rf

 

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