La última semana de octubre pasará al archivo como una suerte de ‘fenómeno multimediático adverso’ (FMA) al que fue difícil hacer frente. El lunes 27 amanecimos con casi medio centenar de detenciones efectuadas por la Guardia Civil en el marco de la Operación Púnica, tutelada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Cayó Francisco Granados (ex secretario general del PP madrileño) y tras él un variopinto grupo de políticos, asesores de políticos, funcionarios y empresarios enredados, presuntamente, en una trama de negocios fraudulentos con la administración que incurrirían en hasta una decena de ilícitos penales.
A los pocos minutos de las primeras detenciones llegó la habitual conjunción de titulares de prensa, aperturas de informativos televisivos y tertulias radiofónicas, sólo que esta vez -por uno de esos fascinantes fenómenos de viralidad que nos ha traído el mundo de Internet- alcanzó el FMA un grado de virulencia tal que los más escépticos adivinaban el ‘acabose’ de una época y los más encendidos soñaron con una deserción masiva de la clase dirigente de la que abominan.
Ni tanto ni tan calvo. El martes, y los siguientes días, volvió a amanecer. Como cada mañana, el país se puso otra vez en marcha -aunque parar, lo que se dice parar, nunca para- y el engranaje que mueve actos y actuaciones de todo orden y naturaleza funcionó a la velocidad habitual.
No obstante, la Operación Púnica nos ha traído consecuencias: las unas habituales, las menos, llamativas por cuanto desconocidas. Entre las primeras, esa propensión tan nuestra a realizar la instrucción de una causa judicial a fuerza de sentencias -en su segunda acepción de la Real Academia de la Lengua: “Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad”- para las que tanto vale como medio de emisión la barra de un bar, una comida familiar, una red social o un micrófono.
Sentenciando, sentenciando, en una escasa semana tendríamos resuelto un proceso que, como tantos otros de la misma naturaleza, se adivina largo y complejo. Es lo que tienen estos tiempos en los que el derecho a opinar de todo -deprisa, deprisa- arrasa con la recomendable disposición a formarse ‘ex ante’ una cierta valoración de los hechos sobre los que nos animamos a pontificar.
Pero puede que sea aún más llamativo, a ojos de jurista, el novedoso efecto del FMA de la semana pasada. Acuciado, sin duda, por la opinión pública y publicada, hemos visto ganar fuerza -hasta un límite nunca imaginado en tiempos recientes- la idea de que a los detenidos o imputados en la causa derivada de la Operación Púnica -y por analogía, a lo que se ve, en próximas causas, como antes en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y Bankia– primero se les debe echar del partido en el que militan… que luego ya se verá.
Por muy recomendable, demoscópicamente hablando, que parezca esta forma de obrar no debería olvidarse la colisión que implica con el principio de presunción de inocencia que arma nuestro sistema legal. O con las debidas garantías de audiencia y derecho a una defensa justa, por más que finalmente se pruebe su culpabilidad.
Esta pretendida solución ‘cauterizadora’ nos devuelve a las peores formas de la aplicación de la justicia. En un escenario donde a veces se tiene la sensación de que sólo manda el ‘trending topic’, el ‘prime time’ o la comunión de titulares alarmistas, se tiende a tomar la parte -el preocupante y repetido descubrimiento de tramas de corrupción en el manejo de fondos del erario- por el todo de un aparente cataclismo que bloquearía el normal funcionamiento del sistema de valores y gobierno que nos hemos dado.
“Las prisas -dice un aforismo de paternidad desconocida- son para los malos toreros y los delincuentes. Para los primeros porque no torean bien y para los segundos porque son perseguidos por la Policía”. Esto último, a Dios gracias, parece evidente. Y lo que le antecede, siendo la tauromaquia nuestro sistema judicial, deviene consejo sabio y pertinente.
No son los tribunales la vía para acabar con la corrupción, como para sancionarla, porque el origen de esta lacra está en la (nula) honestidad de quien está dispuesto a corromper o a ser corrompido. Y el combate contra esta enfermedad, como tantas patologías, empieza en casa, sigue en la escuela y acaba en un edificio común llamado sociedad. Sin pausa, sin imposturas de última hora, sin limitarnos a escandalizarnos cínicamente mientras volvemos a lo de cada uno.
Y, también, sin prisas de malos toreros.
Foto: 123rf
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