La Real Academia Española (RAE) presentó el pasado mes de abril la primera edición del Diccionario del español jurídico (DEJ), una vasta obra de compilación del corpus de términos de nuestro idioma contenidos en leyes y sentencias. La obra, que ha sido posible gracias a un convenio entre el Consejo General del Poder Judicial y la RAE, ha sido dirigida por el académico y jurista Santiago Muñoz Machado. Es ésta una primera garantía, no poco importante, del rigor de la publicación.
Del conocimiento incluido en el Diccionario del Español Jurídico da fe su extensión: 1669 páginas y cerca de 30 mil entradas en las que se ofrece, además de la propia definición de cada palabra recogida, una explicación sobre el uso y procedencia del concepto con apoyo en la legislación, la jurisprudencia y los 130 autores que han trabajado en esta vasta compilación. Es notorio, en este caso, que el DEJ siga el mismo patrón metodológico que un diccionario de la lengua.
Según explica el propio Muñoz Machado, el DEJ recupera los criterios lexicográficos que en el primer tercio del siglo XVIII siguió la RAE para elaborar el legendario Diccionario de autoridades. “Los académicos que trabajaron en el Diccionario de autoridades vieron en los textos legales la más indiscutible autoridad, complementaria de los grandes autores, y riquísimos almacenes de palabras”.
No deja de llamar la atención este natalicio, justo en un tiempo de decrecimiento de los hábitos de lectura y de gusto por la reducción de la comunicación verbal a mensajes cortos, ora salpicados de emoticonos, ora adornados por una ortografía pésima y una gramática de párvulos que no parecen causar sonrojo en el emisor o receptor de turno.
El DEJ no viene en constituirse en recurso obligado para la redacción de una sentencia o un escrito de demanda. Para ello ha de contarse con la preparación y pericia del magistrado o el abogado, a los que cabe suponer la formación suficiente. Como otras ediciones tan necesarias de la RAE, hablamos de un compendio llamado a poner orden y criterio en un océano de términos tan frecuentes para quienes vivimos de la interpretación de leyes y normas, como probablemente lejanos para un profano.
Y puede que sea en esa doble concepción donde resida el verdadero interés para el lector que se asome a tamaña muestra de erudición. Para el avezado supondrá un inmejorable recurso de actualización del conocimiento adquirido en la universidad o la práctica profesional, refrescado con ésta o aquella entrada. Y para el que se inicie en el lenguaje legal, una fascinante oportunidad de acumular saber por saber, justo una práctica que, al tiempo, le hará regresar a una época —la ilustrada— determinante como puente entre la cultura clásica y la edad contemporánea.
El Diccionario del Español Jurídico puede adquirirse en librerías y en la propia tienda virtual de la Academia a un precio de 99 euros.
Foto: Flickr (crédito: RAE)
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