El gobierno en democracia sólo se puede concebir desde la separación de poderes consagrada por las constituciones modernas, de entre las que la estadounidense de 1787 se suele poner como reflejo del especial empeño que tuvieron los padres fundadores de aquella nación para limitar la capacidad de maniobra de cada pata del estado.
Conviene hacer esta precisión para entender que la responsabilidad del funcionamiento de un país y sus instituciones públicas no puede considerarse aisladas unas de otras, como -menos aún- se pueda colegir que la gestión este o aquel mal es asunto exclusivo de la administración que en último término debe hacerle frente.
El crecimiento reciente del conocimiento que hemos tenido de casos de corrupción -política o no, que también los ha habido llamativos- ha puesto de nuevo en el primer plano del debate la supuesta incapacidad de nuestro sistema judicial para perseguir —y llegado el caso, sancionar- comportamientos de individuos u organizaciones que lesionan el interés común mediante el uso fraudulento de fondos públicos o defraudando al erario mediante la evasión fiscal.
Este terremoto social ha subido un par de grados en intensidad desde que determinados voceros apocalípticos lo han convertido en tendencia en las redes sociales y en ese fenómeno tan nocivo para el pensamiento crítico y el análisis detenido en el que se han revelado ciertas tertulias mediáticas, en las que tan pronto se habla de la crisis del ébola, como de derecho internacional o del posado de una nave espacial sobre un cometa.
Es ese incremento de ‘sismicidad’ el que ha avivado la exigencia de penas rápidas y ejemplares. Por ejemplo entre los dos grandes partidos políticos anunciando ‘tolerancia cero’ con los suyos afectados por malas prácticas -¿no era supuestamente mientras no se demuestre lo contrario?-, mientras las prisas les hacen caer a continuación en la contradicción lógica que implica hacer tabla rasa ante casos que aún no han pasado de la investigación policial y están, por tanto, en una incipiente fase de instrucción.
Llegados a este punto, ‘todo es bueno para el convento’ con tal de encontrar en las preteridas fallas del sistema judicial una explicación para esto o aquello.
No obstante, el descubrimiento de estos casos es la primera evidencia de que el ‘sistema’ tan denostado funciona. Por la voluntad de la policía judicial para investigar y esclarecer la comisión de ilícitos, la del ministerio público para perseguir, la del juez para instruir y la de un tribunal para sentenciar.
Otra cosa es que el andamiaje legislativo que nos hemos dado impida que los tiempos se acomoden al aparente deseo del común de una sociedad que corre el riesgo, cierto, de escorarse hacia la imposición de rápidos castigos ejemplares como vía expeditiva para acabar con la corrupción.
Y aquí volvemos, obligado resulta, a la separación de poderes. Para recordar que las leyes que la justicia aplica reflejan la voluntad del legislador que las formula, debate y aprueba. Y una segunda precisión, no menos importante. Los medios con los que la justicia se maneja para perseguir la corrupción -como cualquier otra cuestión punible- son los que el poder ejecutivo (a través del Gobierno central o las comunidades autónomas) decide anualmente.
Esto es que las limitaciones de la estructura -en cuyo funcionamiento incide decisivamente disponer de más o menos medios materiales y de más o menos investigadores o personal en las oficinas judiciales- o los repetidamente denunciados ‘corsés’ legislativos -por citar uno solo, el mantenimiento de la instrucción en manos de los jueces- afectan más de lo que no alcanza una apresurada ‘reflexión’ tertuliana.
Y, sin embargo, la Justicia se mueve. Verbigracia, una popular tonadillera está a punto de ingresar en prisión conforme a una sentencia firme y antes lo hizo el ex presidente de una comunidad autónoma de acuerdo a otra de la misma naturaleza. Y bien sea en la Audiencia Nacional o en el juzgado de primera instancia más perdido, miles de instrucciones avanzan. Más lentamente de lo que sería deseable, qué duda cabe, aunque poner el foco en el efecto sin analizar antes la causa nos haga tomar la parte por el todo en un simplista -y poco recomendable- ejercicio de demagogia.
Foto: FutureImageBank
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