La reciente aprobación del decreto-ley, que regula la devolución de lo cobrado indebidamente por la aplicación de cláusulas suelo en contratos hipotecarios, no parece que termine de aclarar el camino para los miles de afectados a los que una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio la razón en diciembre pasado. La norma, pese a estar cargada de buenos propósitos, tiene también ciertas dosis de ambigüedad, por lo que cabe pensar que alguno de los bancos afectados hagan del limbo un refugio desde el que alargar lo que parece una obligación ineludible.
El real decreto-ley, empero, aboga por una resolución extrajudicial del conflicto y, así, promueve la creación de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones por la aplicación de la norma. Otra cosa es que esa comisión no tendrá poder decisorio y devendría estéril si bancos y clientes vuelven a chocar en sus pretensiones, como por ahora parece.
Bien está que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos (valedores del decreto-ley en las Cortes) hayan decidido que la vía extrajudicial sea la preferente para saldar este negro capítulo de la explosión del crédito inmobiliario que vivió nuestro país con la popularización del acceso a la vivienda en propiedad. Y más allá de que pueda discreparse —como no puede ser menos en materia de interpretación de las leyes— sobre el fondo del asunto, todo lo que ha rodeado al escándalo sobre las hipotecas topadas nos recuerda la difusa frontera entre el abuso de posición y los consentimientos realmente informados.
En ese sentido, no sería deseable que los próximos meses, hasta que en la segunda quincena de mayo esté en teoría resuelto el proceso de devolución de lo cobrado indebidamente, asistamos a maniobras dilatorias de una parte mientras la otra duda entre una solución ‘amistosa’ o se ve abocada a emprender un nuevo litigio de incierto futuro.
La que se avecina debería de ser una bajada del telón sencilla, en la que prestatarios a los que un tribunal ha dado la razón, sin asomo de duda, ven resarcido su daño en las mismas condiciones en que se produjo, esto es mediante una retrocesión en sus cuentas con los debidos intereses de demora.
Pero mucho nos tememos, conforme lo leído en estas últimas semanas, que haya quien recurra a esta tradición patria de discutir entre el huevo y el fuero. La subsiguiente carga de pleitos que podría producirse da pavor entre quienes ya sufrimos las consecuencias de una Justicia saturada de asuntos. Entre tanto, solo quienes nunca optaron por limitar la influencia del tipo de interés en los préstamos que ofrecían podrán seguir a lo suyo sin mayores preocupaciones.
Foto: Pixabay
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