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VIOLENCIA MUJER

El CGPJ premia a los abogados del Turno especial de violencia de género

El pasado 23 de noviembre se entregó en el Consejo General del Poder Judicial un premio a los abogados del turno de oficio de violencia de género. El premio, concedido por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del propio CGPJ, viene a confirmar la gran labor de apoyo, acompañamiento y asesoramiento especializados que realizan los compañeros y compañeras que a diario luchan por los intereses de las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género, también salvaguardando la integridad y los intereses de sus hijos menores.

 

Según los datos facilitados por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, más de doscientos abogados del turno de oficio de violencia de género estuvieron de guardia cada día durante el año 2015, efectuando más de 47.000 asistencias. Su intervención es clave no sólo durante el proceso, sino también en los momentos anteriores a la denuncia y durante su interposición, donde el abogado a menudo ejerce de apoyo para la víctima, por eso resulta vital el asesoramiento a las víctimas desde el primer momento, antes de interponer una denuncia que, de otro modo, podría llegar a ser retirada o quizás nunca interpuesta. Aunque la actuación letrada en estos casos esté regida por principios como la intimidad y la privacidad, la defensa jurídica integral y una adecuada formación específica en la materia, es preocupante el número de denuncias que se retiran antes de iniciar el proceso, con todo lo que eso supone.

 

El compromiso de los abogados del turno de oficio de violencia de género en la erradicación de esta terrible lacra, no solo es profesional sino también personal. A nadie se le escapa que la pertenencia al turno es puramente vocacional y que las condiciones en las que se trabaja no son las óptimas. Esta dedicación exige una formación y una lucha permanente: diariamente, por desgracia, se producen en nuestro país episodios de violencia de género, y diariamente se dictan sentencias y resoluciones judiciales que van dibujando el marco legal de esta importante actividad profesional. Además, el Código Penal recoge nuevos tipos delictivos —acoso, hostigamiento, sobre todo a través de redes sociales, matrimonios forzosos, sexting, embaucamiento a menores, manipulación de dispositivos electrónicos, o apología de delitos de odio, es decir, que la incitación a la violencia de género se considere un delito de odio—, así que también resulta de vital importancia que, como profesionales formados, traslademos a la sociedad la importancia de no tolerar estos comportamientos en nuestro entorno.

 

Y es cierto que un premio no es más que un premio, pero desde el Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife queremos sumarnos a ese reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que, con su trabajo, nos hacen sentirnos día a día más orgullosos de pertenecer a este gremio, por su generosidad y su compromiso para, de una vez por todas, acabar con la violencia de género.

 

Imagen: Pixabay

Sobre el turno de oficio

En defensa del Turno de Oficio: #EsTuTurno

“No es lo mismo ser atendido por un abogado de oficio que por uno que cobra 500 euros a la hora”, afirmaba hace unos meses el catedrático Ignacio Villaverde en un artículo. “Un imputado con mucho dinero para pagar un buen abogado puede salir mejor parado del proceso que otro que no cuenta con medios… contar con un buen letrado es importante. Aunque en la teoría existe la igualdad formal, en la práctica se dan situaciones desiguales derivadas de los recursos con los que cuentan las personas”, afirmaba el magistrado Joaquim Bosch en ese mismo artículo.

Habrá quien piense que son frases sacadas de contexto, pero sea cual sea éste, las palabras dicen lo que quieren decir: que un abogado de oficio es peor que uno contratado a su costa por el interesado. Duro, ¿verdad? Y, además, falso. Villaverde alude directamente a los abogados de oficio, comparándolos de forma con los abogados de libre elección. Y Bosch, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, también cita veladamente a los profesionales del turno, al hablar de “buenos abogados” en contraposición a aquellos otros que, al estar peor pagados, desarrollarían una defensa de peor calidad. ¿Nos están diciendo que la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad es inexistente? ¿Es este el mensaje que quieren transmitir a la sociedad?

Para acceder al Turno de Oficio es necesario acreditar una experiencia y una cualificación y preparación profesionales adecuadas. Además, los abogados de oficio tienen su despacho abierto para que quien quiera y pueda contrate sus servicios. Accediendo al Turno de Oficio no hacen otra cosa que mostrar su vocación de servicio y su amor por una profesión en ocasiones tan denostada, además de un firme compromiso por facilitar al ciudadano sin recursos un acceso a la Justicia con todas las garantías, tal y como establece nuestra Constitución.

A los abogados de oficio se les exige un especial celo y dedicación, así como una especialización y formación continua y los colegios velan porque ese rigor normativo se cumpla, sin olvidar, como ya hemos dicho, que todo letrado de oficio es también letrado particular.

Ningún abogado se hace rico por estar el turno de oficio, así que no es el simple lucro lo que motiva a estos profesionales. Antes al contrario: el retraso en el cobro de una minuta exigua —a cambio de un nivel de exigencia elevadísimo con unas condiciones laborales en ocasiones penosas— debería hacernos pensar que los abogados de oficio son una suerte de héroes que ofrecen tiempo y esfuerzo para que el principio de igualdad sea algo más que una quimera. Porque la Justicia Gratuita es una obligación del estado cuyas taras soportan los abogados: cobran tarde y mal, pero no por ello dejan de aparcar los asuntos de su despacho para cumplir con las guardias y con el resto de obligaciones que se les exigen.

Es necesario, además de seguir luchando por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los compañeros del turno, dar a conocer a la sociedad la verdadera cara de este oficio y la labor de los profesionales que a él se dedican. Declaraciones como las aquí traídas no sólo no ayudan, sino que entorpecen esta labor.

Foto: ICATF

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justicia gratuita

Sobre la justicia gratuita

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha despertado un debate que afecta de lleno a nuestro colectivo y en el que han participado, y lo siguen haciendo, no sólo abogados y otros operadores jurídicos, sino también personas a priori ajenas al universo judicial, conscientes como son de que el asunto les atañe como ciudadanos.

El debate, eso sí, se está llevando a cabo lejos de los despachos donde se toman las decisiones, porque este Gobierno parece estar empeñado en legislar a golpe de decreto, sin escuchar las aportaciones de los afectados. La única manera de meter baza parece ser, pues, hacer mucho ruido y confiar en que les lleguen al menos los rumores del descontento.

Aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio el pasado 12 de julio, los abogados de todo el país se han mostrado en contra de esta Ley, por limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos con menos recursos. En palabras  del Consejo General de la Abogacía Española, el nuevo proyecto “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales”.

Resulta esperpéntico que con un servicio de Justicia Gratuita magnífico, de los mejores de Europa, se proponga una reforma que da varios pasos atrás en referencia a la anterior norma. Un proyecto que se aprueba no sólo en contra de los ciudadanos, sino a espaldas de los abogados, con los que no se ha contado para su elaboración.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que se refiere a la regulación del Turno de Oficio. Con el nuevo proyecto de Ley cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el turno de oficio independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Pero se le exige asimismo que se persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Un abogado residente en Canarias y adscrito al turno de oficio en el Colegio de Cádiz difícilmente cumplirá dicho plazo, sea cuales sean las circunstancias.

Por otra parte, el nuevo texto incrementa aún más si cabe la burocracia, al mantener la duplicidad en la tramitación de expedientes y vincula el acceso a la justicia gratuita a la Ley de Tasas, vulnerando así un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Asimismo, al extender el derecho a Justicia Gratuita a determinados colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos, el proyecto de Ley no hace más que perjudicar el criterio de igualdad de los ciudadanos, al tiempo que cuestiona de forma importante la propia viabilidad económica del servicio a corto plazo. (La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en más de 43 millones de euros en los cuatro últimos años. Esta rebaja ha sido fundamentalmente a costa de recortar año tras año las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio).

El análisis jurídico del Consejo General concluye que “el proyecto de Ley es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa”.

En definitiva, parece que todas las partes estamos de acuerdo en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma para adecuarla a nuestra realidad socioeconómica, pero el texto propuesto por el Gobierno, al que cabe añadir la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana no hacen otra cosa que dificultar aún más el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

Imagen: 123rf

 

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