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Copia digital canon digital

Canon digital: cr贸nica de una muerte anunciada

El Tribunal Supremo ha fulminado la 煤ltima versi贸n del canon digital al considerar que contradice la normativa europea. Esta sentencia ha sido la puntilla a la pol茅mica tasa, que ya daba sus 煤ltimos coletazos desde las ya dictadas por el Tribunal de Justicia de la Uni贸n Europea y por la Audiencia Nacional desde 2011. As铆, s贸lo faltaba que el TS recogiera la decisi贸n de la Corte de Luxemburgo para poner fin a un sistema de compensaci贸n por los derechos de autor que, desde la implantaci贸n de su primera versi贸n all谩 por 2008, muchos no dudaron en calificar de arbitrario, indiscriminado e injusto.

 

Aunque el concepto de canon digital exist铆a desde la d茅cada de los 90, fue en 2006 cuando se actualiz贸 y se empez贸 a legislar al respecto, intentando adaptarse a la creciente pirater铆a de contenidos audiovisuales. El Gobierno de entonces opt贸 por gravar la compra por parte de personas f铆sicas de ced茅s, DVD, lectores de mp3, fotocopiadoras u otros instrumentos que pudieran servir para realizar copias privadas de obras con derecho de autor, para recuperar el supuesto perjuicio que estas supon铆an a los creadores. As铆, los precios aumentaron seg煤n el producto: desde 0,17 euros en un ced茅 hasta 35 euros en el caso de un ordenador.

 

Pero 驴Por qu茅 se deb铆a pagar el canon fuera cual fuese el uso que se le iba iba a dar al soporte? 驴C贸mo saber si ese ced茅 iba a guardar una copia de las fotos de sus 煤ltimas vacaciones o el nuevo estreno de Universal Pictures? Si se adquir铆a el soporte para ser usado por una persona jur铆dica, en principio exentas del pago del canon, 驴C贸mo reclamar su devoluci贸n? 驴Merec铆a la pena hacerlo? Para refrescar conceptos, recordaremos que se entiende como copia privada aquella reproducci贸n que una persona realiza para su uso privado, sin fines comerciales y son perfectamente legales a condici贸n, eso s铆, de que se fije una compensaci贸n para los autores. Una excepci贸n dentro del derecho de autor que, como vemos, ha tra铆do muchos quebraderos de cabeza a la hora de legislar.

 

Durante dos a帽os, esta normativa estuvo en funcionamiento sin m谩s trabas que la oposici贸n, entre otros, de la plataforma Todos contra el canon, que consigui贸 que el Tribunal de Justicia de la UE se situara en contra del canon digital. Seg煤n su dictamen, era indiscriminado y no respetaba el concepto de compensaci贸n equitativa, ni el 鈥渏usto equilibrio entre los afectados鈥, como establec铆a la directiva.

 

As铆 las cosas, se hac铆a necesario reformar la ley y encontrar otra manera de compensar a los autores. El RD 1657/2012 regulaba el nacimiento del nuevo sistema: en lugar del antiguo canon digital, el Gobierno estableci贸 una compensaci贸n para los autores con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, con lo que todos los espa帽oles pagaban por las copias privadas de las obras las hicieran o no, compraran soportes que permitieran su utilizaci贸n para este fin o no. El real decreto consigui贸 el m谩s dif铆cil todav铆a: tener en contra tanto a gran parte de la sociedad civil como a las entidades de gesti贸n de derechos, que vieron disminuido el importe que recib铆an de 150 millones de euros con la primera versi贸n del canon a cinco con la segunda. Tres de estas entidades de gesti贸n colectiva de derechos de propiedad intelectual (Egeda, Dama y Vegap), impugnaron varios apartados del real decreto y, finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha acordado declarar 鈥渘ulo鈥 e 鈥渋naplicable鈥 en su conjunto el RD 1657/2012.

 

Y ah铆 tiene el Gobierno su nueva papa caliente: debe aprobar cuanto antes un sistema que satisfaga a la justicia europea y espa帽ola y que, a su vez, cumpla con las exigencias del sector. Escuchar lo que estos dos agentes tienen que decir y abrir un poco la oreja para que lleguen, al menos, los ecos de la sociedad civil puede ser una manera de encontrar, de una vez por todas, la salida del laberinto de la copia privada. Habr谩 que ver qu茅 pueden hacer el Ministerio de Cultura y el nuevo Ministerio de Agenda Digital al respecto.

 

Foto: Pixabay

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Eppur si muove

Los bancos (tambi茅n) giran alrededor del sol

鈥淭ener raz贸n, demostrarla鈥 y que te la den鈥. M谩s de un abogado habr谩 explicado a un cliente primerizo los tres principios sobre los que se asienta la resoluci贸n de casi cualquier asunto en materia jur铆dica. El dicho no tiene categor铆a de ley y – menos a煤n – vale la invocaci贸n de sus partes primera y segunda para que se nos conceda la tercera. No obstante, se revela como un sencillo esquema conceptual para entender lo que se viene encima cuando de pleitos tratamos.

Y vendr铆a muy bien al caso para explicar el nuevo frente de indemnizaciones que ha provocado la sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 21 de diciembre pasado, que condena a bancos y cajas a devolver el dinero adelantado por clientes a promotoras de viviendas que no llegaron a construirse. El fallo de la Sala Primera de lo Civil del TS atiende el recurso de casaci贸n interpuesto por una clienta contra Banco Sabadell (como sucesor de la extinta Caja de Ahorros del Mediterr谩neo, CAM) sobre protecci贸n de los derechos de los consumidores y usuarios.

Condena as铆 el alto tribunal a la entidad bancaria, y sienta jurisprudencia para su aplicaci贸n en demandas del mismo contenido, a hacer frente solidariamente al perjuicio causado por decenas de empresas que captaron dinero a cuenta para la ejecuci贸n de promociones inmobiliarias que nunca comenzaron o – si lo hicieron – no llegaron a concluirse, mientras las empresas responsables entraban en concurso o desaparec铆an sin satisfacer a sus acreedores.

As铆, el Supremo obliga a los bancos a devolver a los afectados las cantidades entregadas a cuenta de sus futuras viviendas ya que, como recuerda en la sentencia de la que ha sido ponente el magistrado ponente el magistrado Francisco Mar铆n Cast谩n, estaban obligados a avalar o asegurar tales entregas. La alegr铆a financiera de los a帽os de la burbuja inmobiliaria provoc贸 un 鈥榦lvido鈥 generalizado de esa obligaci贸n, que ahora 鈥榬enace鈥 por imperativo del alto tribunal.

Y como suele suceder en estos casos en los que David vence a Goliat, la lucha contra el guerrero filisteo cabe personalizarla en una abogada, Cristina Juan Vidal, que tuvo el empe帽o personal y la sapiencia profesional para armarse de argumentos (鈥渢ener raz贸n鈥︹), invocar una ley de 1968 del r茅gimen franquista (鈥渄emostrarla鈥︹) y conseguir del TS una posici贸n en consonancia (鈥溾 y que te la den鈥). La puerta abierta se asemeja much铆simo a la derrota del guerrero filisteo con una honda y una piedra y amenaza con abrir otra crisis de solvencia en el sector financiero espa帽ol.

Adem谩s, y aunque obvio, recuerda el triunfo de esta abogada algunas certezas que permanecen frente al descr茅dito de nuestra clase pol铆tica o el estado de desaz贸n respecto del andamiaje institucional de Espa帽a tantas veces invocado. Hay (todav铆a) justicia y hay (c贸mo si no) abogados dispuestos a reunir conocimiento y tenacidad para defender a sus representados. Tal que se atribuye a Galileo Galilei en la discusi贸n sobre la traslaci贸n de los planetas del sistema solar, 鈥Eppur si muove鈥.

 

Foto: Future Image Bank

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Publicidad de las sentencias por fraude fiscal

Sobre la publicidad de las sentencias por fraude fiscal

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes, el informe al que viene obligado para pronunciarse sobre el anteproyecto de ley org谩nica por la que se regular谩 el acceso a la informaci贸n contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal.

El CGPJ avala, de esta forma, que la futura ley ampare la publicaci贸n de sentencias condenatorias 鈥攗na vez adquieran car谩cter de firmes鈥 en las que se considere probado un perjuicio a la Hacienda P煤blica. Entiende el consejo que esta difusi贸n servir谩 al 鈥渋nter茅s general鈥, pese a admitir que en s铆 misma quepa un da帽o para el condenado por la posible afecci贸n a ciertos derechos individuales (al honor, a la intimidad y a la protecci贸n de datos).

La intervenci贸n decisiva de Lesmes se explica tras un empate a 10 votos (adem谩s de otro en blanco del magistrado Fernando Grande-Marlaska) y anticipa un camino accidentado para la tramitaci贸n parlamentaria del proyecto de ley, no s贸lo por el campo que pretende regular como por la cierta divisi贸n de pareceres, muy encontrados,聽 revelada en el mismo CGPJ.

As铆, de la decena de pronunciamientos contrarios al informe, hasta ocho se anunciaron acompa帽ados de votos particulares que, en esencia, sostendr谩n que permitir al p煤blico el conocimiento de la identidad de un condenado por fraude fiscal lesiona los tres derechos ya citados, adem谩s de transformarse en una pena 鈥榓ccesoria鈥 de exposici贸n p煤blica 鈥攗na suerte de escarnio鈥 contraria a los principios de proporcionalidad, reinserci贸n y resocializaci贸n recogidos en la Constituci贸n Espa帽ola.

En sentido contrario, el voto discrepante del vocal 脕lvaro Cuesta vendr铆a a sostener que el anteproyecto se queda hasta corto, ya que considera necesarias m谩s publicidad y transparencia en el combate contra quienes orillan sus obligaciones con el fisco.

Pese a que el CGPJ avala su parecer en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en cuanto a la relevancia p煤blica de la informaci贸n contenida en la sentencia penal firme, la divisi贸n en dos mitades del pleno del consejo aconsejar铆a que el legislador encontrara 鈥攄e no decaer este proyecto como otros muchos del Gobierno de Mariano Rajoy鈥 la argamasa suficiente para que esta ley 鈥攔ecu茅rdese que promovida al calor de una indignaci贸n general por cientos de casos de corrupci贸n o fraude contra el Erario鈥 no quedase vac铆a de contenido efectivo por mor de ulteriores vicios 鈥榦cultos鈥.

Aun admitiendo la conveniencia de que el poder judicial (nacional o europeo) mantenga su necesario papel como supremo interpretador de la norma, nos ahorrar铆amos mucho tiempo y cierta frustraci贸n ciudadana si las Cortes son capaces de alumbrar un texto con la suficiente seguridad聽 鈥攜 el recomendable consenso鈥 que, 鈥榤utatis mutandis鈥, eviten volver en unos a帽os a la casilla de salida.

 

Foto: FutureImageBank

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