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Ley de Tasas

Ley de Tasas: primer asalto ganado

El Gobierno de Mariano Rajoy se estrenó en enero de 2012 con unos cuantos mandobles impositivos con los que pretendió tapar el agujero creado en la Hacienda Pública por el efecto de la crisis financiera. Incumpliendo la promesa de rebajar impuestos —una de las ‘ideas fuerza’ de su campaña electoral—, el Ejecutivo en el que también se estrenaba como ministro Alberto Ruiz-Gallardón sorprendió promoviendo una Ley de Tasas que convirtió el acceso a la Justicia en una suerte de ‘derecho’ sólo accesible para empresas o particulares con músculo monetario para aguantar un envite procesal previsiblemente largo.

La promulgación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, fue la primera demostración de la disposición de Ruiz-Gallardón para gobernar contra el sentido común y una generalizada oposición del resto del arco parlamentario y, en nuestro caso, del común de los agentes del ámbito judicial: jueces, funcionarios, abogados, procuradores y consumidores advirtieron sobre la amenaza que suponía para la tutela judicial efectiva.

Como luego se ha comprobado, más hiriente aún fue la estafa en la que incurrió el Gobierno una vez que el nuevo texto tuvo recorrido temporal suficiente para poder analizar sus efectos. La Ley de Tasas no provocó, como pretendía, un acceso más racional a la Administración de Justicia. Y a mayor abundamiento, los millones de euros recaudados con su aplicación no tuvieron el destino finalista pretendido de mejora de los medios de juzgados y tribunales.

Más de dos años después de un desatino que la Abogacía Española ha combatido en todos los frentes posibles, el Gobierno de España ha dado un primer paso para volver a la cordura. El viernes pasado aprobó en Consejo de Ministros la derogación de las tasas para los ciudadanos en todos los órdenes jurisdiccionales e instancias judiciales. Que este año se avecinen elecciones locales y generales parece algo más que una casualidad. Bienvenido sea, en cualquier caso, esta primera rectificación.

Primera porque seguimos esperando que de la exención se beneficien también las pequeñas y medianas empresas, a las que aquella ocurrencia de Ruiz-Gallardón puso en el mismo nivel de dificultad que cualquier gran corporación que posee recursos económicos, departamentos legales y asesoramiento externo suficientes para litigar ‘ad infinitum’ con un tercero o con el mismo sector público.

No podemos olvidar, al hilo de esta reflexión, el ingente trabajo realizado desde colectivos profesionales —o por la mera iniciativa individual—, que han gastado tiempo y dinero para combatir esta desnortada ley. Decenas de reuniones e intervenciones en foros profesionales, artículos en periódicos, apariciones en radio y televisión, citas en la ‘blogosfera’ y en las redes sociales… el activismo de nuestros compañeros ha sido fundamental para transmitir a la ciudadanía.

A todos cabe felicitar y todos debemos felicitarnos una vez se ha conseguido corregir, aunque solo sea en parte, este rumbo equivocado.

 

Foto: FutureImageBank

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calendario 2015

7 de enero: capítulo siguiente

El 7 de enero amaneció como cualquier otro día del frío invierno isleño. Derecho al puesto de trabajo, vistiendo una chaqueta de estreno y presto a utilizar por primera vez esa última maravilla de la tecnología que prometía hacer la jornada laboral más productiva -eso le dijo su rey mago preferido-  y sus horas de despacho más amenas. Tomó el primer café del día en el bar de cada día -“¿Qué, cómo estuvieron esos Reyes?”, fue la interpelación de Manolo: “Ya ves, como siempre… a mi edad”, su refleja respuesta, la misma desde hace no sé cuántos años-, enfiló luego el portal del gris edificio sólo de oficinas, subió al ascensor y pulsó el dos.

A las 7.50, con tiempo para atender debidamente la primera llamada del año que sabía que llegaría en 10 minutos, hizo un rapidísimo repaso de la lista de propósitos del 2015: 1) Bajar los kilos sumados por los atracones navideños antes de final de enero; 2) Explorar todas las posibilidades del Outlook para hacer de la gestión de su agenda de citas y tareas un arma definitiva; 3) No agarrarse más cabreos con la mal encarada funcionaria del registro del juzgado número…;  4) Poner a cero el contador de las minutas pendientes de cobro que dormían desde hace meses en el limbo; 5) Apuntarse a la jornadas de trabajo del Colegio que siempre descartaba porque encontraba una excusa perfecta para quejarse luego de su falta de tiempo para reciclarse…

La lista de deseos inaplazables llegaba a la decena de puntos -de eso estaba seguro cuando salió de casa-, pero el repaso cotidiano a sus webs de referencia interrumpió la enunciación de su repaso. Le devolvió a la realidad de 2014.

El presidente de la Abogacía advertía de un nuevo intento del ministro Catalá para enrocarse en el mantenimiento de la Ley de Tasas y, lo que era peor, de la idea del Gobierno de “gravar otros servicios de la Justicia”. El Consejo General del Poder Judicial reprochaba a Justicia la “genérica, imperfecta e improcedente” regulación de su futura sede judicial electrónica, mientras veía “serias dudas de encaje constitucional” en la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa que planteaba la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Consejo de Ministros.

A las ocho en punto llegó, cómo no, la temida llamada del cliente -“¿Qué hay de lo mío?“- al que aseguró tres semanas antes que no habría novedad alguna sobre su pleito cuando menos hasta mediados de enero. Se armó de paciencia antes de atenderle y recordó de paso que el noveno propósito era ser pedagógico en las explicaciones a sus defendidos sin caer en el sarcasmo. Y por enésima vez le puso al tanto. Con tono indolente -al carajo el noveno propósito- y con el mismo discurso prenavideño.

A mediodía desanduvo el primer camino matinal para atender un montadito de queso blanco con tomate y zumo de naranja en el mismo bar donde tomaba el cortado de las 7.30. No llegó a la puerta donde Carmela y Manolo. Rodeó la manzana y pegó a caminar un rato, largo, antes de volver al despacho. A esa altura del 7 de enero su nivel de aguante ya se había desbordado y necesitaba perderse en la calle, tratando de ver el mar y de pensar en el todavía lejano agosto.

Al conseguir adivinar a lo lejos el Atlántico estuvo seguro de que este año, tampoco, planificaría mejor las vacaciones. Olvidó la lista de deseos mientras regresaba al tajo. “Hoy no empieza el año. Ni una nueva vida. Hoy es simplemente el capítulo siguiente a ayer”.

 

Foto: Fotolia

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justicia gratuita

Sobre la justicia gratuita

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha despertado un debate que afecta de lleno a nuestro colectivo y en el que han participado, y lo siguen haciendo, no sólo abogados y otros operadores jurídicos, sino también personas a priori ajenas al universo judicial, conscientes como son de que el asunto les atañe como ciudadanos.

El debate, eso sí, se está llevando a cabo lejos de los despachos donde se toman las decisiones, porque este Gobierno parece estar empeñado en legislar a golpe de decreto, sin escuchar las aportaciones de los afectados. La única manera de meter baza parece ser, pues, hacer mucho ruido y confiar en que les lleguen al menos los rumores del descontento.

Aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio el pasado 12 de julio, los abogados de todo el país se han mostrado en contra de esta Ley, por limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos con menos recursos. En palabras  del Consejo General de la Abogacía Española, el nuevo proyecto “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales”.

Resulta esperpéntico que con un servicio de Justicia Gratuita magnífico, de los mejores de Europa, se proponga una reforma que da varios pasos atrás en referencia a la anterior norma. Un proyecto que se aprueba no sólo en contra de los ciudadanos, sino a espaldas de los abogados, con los que no se ha contado para su elaboración.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que se refiere a la regulación del Turno de Oficio. Con el nuevo proyecto de Ley cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el turno de oficio independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Pero se le exige asimismo que se persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Un abogado residente en Canarias y adscrito al turno de oficio en el Colegio de Cádiz difícilmente cumplirá dicho plazo, sea cuales sean las circunstancias.

Por otra parte, el nuevo texto incrementa aún más si cabe la burocracia, al mantener la duplicidad en la tramitación de expedientes y vincula el acceso a la justicia gratuita a la Ley de Tasas, vulnerando así un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Asimismo, al extender el derecho a Justicia Gratuita a determinados colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos, el proyecto de Ley no hace más que perjudicar el criterio de igualdad de los ciudadanos, al tiempo que cuestiona de forma importante la propia viabilidad económica del servicio a corto plazo. (La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en más de 43 millones de euros en los cuatro últimos años. Esta rebaja ha sido fundamentalmente a costa de recortar año tras año las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio).

El análisis jurídico del Consejo General concluye que “el proyecto de Ley es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa”.

En definitiva, parece que todas las partes estamos de acuerdo en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma para adecuarla a nuestra realidad socioeconómica, pero el texto propuesto por el Gobierno, al que cabe añadir la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana no hacen otra cosa que dificultar aún más el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

Imagen: 123rf

 

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Despacho o empresa

¿Empresa o despacho? una elección recurrente

La crisis de nuestras vidas. Así se ha venido a apellidar la recesión que padece España desde que un – cada vez más lejano – 2008 comenzara a atisbarse que los días de vino y rosas llamaban a su fin. Desde el septiembre de aquel verano en el que la caída de Lehman Brothers anticipó el cataclismo, muchos de los factores que mueven nuestro sistema económico y el andamiaje social han cambiado lo suficiente como para que sean pocos los que puedan presumir de no haberse visto afectados.

La profesión de abogado, considerada como tal, no ha sido ajena a las consecuencias de la recesión y todavía hoy, por desgracia, miles de colegas de todo el país las sufren en carne propia: los repetidos retrasos en el cobro de honorarios (y en la congelación de sus tarifas) de quienes ejercen el turno de oficio o la reducción de ingresos de la mayoría de bufetes provocada por el descenso de la litigiosidad – agravado tras la entrada en vigor de la Ley de Tasas del inefable ministro Ruiz Gallardón – son sus exponentes más llamativos.

A ese escenario convulso se asoman, inevitablemente, quienes tras acabar sus estudios de grado y realizar la práctica correspondiente se plantean un futuro vital asociado a los conocimientos adquiridos en forma de ejercicio de la abogacía. Descartado el intento de acceso a la función pública en cualquiera de sus ramas (judicatura, fiscalía, oficina judicial, notarios-registradores, docentes o técnicos superiores, entre las más comunes), se plantea, en la esfera de la práctica privada, una elección entre el trabajo por cuenta propia o ajena.

El dilema no es privativo del letrado. Más aún, se enmarca en el tan manido debate sobre la escasa capacidad de emprendimiento del español medio cuando se recurre – a veces obsesivamente – a la teórica virtud de la autonomía profesional como palanca de acción para el futuro de una nación a la que, en su ausencia, se condena a un porvenir oscuro y fatalista en el que el cliché de país del sur, arrimado a la subvención y carente del sentido de la innovación y el cambio, adquiere su máxima expresión.

Llegados al punto de tomar el trayecto de la autonomía profesional – en forma de despacho propio, o casi que compartido a la vista del frío que rodea a una decisión de este tipo si se hace en solitario y sin red – o el de la dependencia, tratando de acceder a un puesto de trabajo como asesor jurídico de una empresa – ahora y en el futuro puede que director – se convierte en una decisión trascendental que en nuestro caso implica toda una elección de vida.

Hasta no hace mucho, dos factores parecían determinantes para elegir el segundo de los caminos propuestos: la intención del abogado de involucrarse plenamente en el actividad de la compañía que le contrataba – en un plano directo que nunca llega a alcanzarse desde la mera asesoría externa – e, igualmente importante, la oportunidad de conocer en profundad la actividad y objetivos de esa misma empresa para alcanzar desde ese nuevo estatus un desarrollo profesional pleno.

Menos importante parece de un tiempo para acá – porque puede que la crisis, también en esto, modifique paradigmas y nos obligue a preguntarnos otras cosas – el nivel de retribución y la obtención de otros premios económicos o materiales. Y aquí surge ese tercer factor, novedoso, que condiciona la elección entre ejercicio autónomo o dependiente.

En los últimos años, es cada vez más recurrente, o al menos eso detectan las empresas caza talentos o cualquier departamento de selección de personal, la importancia que se otorga a la ligazón a una empresa no dedicada al negocio jurídico la posibilidad de conciliar mejor trabajo y familia, trabajo y ocio o, simplemente, trabajo y horario de trabajo. De esta forma pasarían a ser tres los factores que influyen decisivamente en el paso de un despacho – y no tanto desde aquí, como de un bufete de una cierta dimensión – a una empresa de servicios o a cualquier otra organización de ámbito privado.

El nacimiento de esta nueva condición no deja de revelar una transformación sociológica, cuando menos en el mundo desarrollado, que habla de poner por delante de ciertos valores – hasta ahora colocados en la parte alta de la escala: ingresos y prestigio socio-profesional – por debajo de aquellos que llaman a un modo de vida menos azaroso – y, si se quiere, menos frenético – en los que dedicar más tiempo a la familia o al ocio, o reducir el riesgo de incertidumbre, adquieren, ahora, su máxima importancia.

Y la paradoja, con todo, no desaparece porque puede que sea tan vieja como la misma humanidad. Simplificadamente, aversión al riesgo frente a espíritu liberal (en la acepción pura de clásicos como Adam Smith). Una decisión, al cabo, que implica tantos matices que ni puede considerarse única, ni bueno sería que lo fuera so riesgo de caer en esa otra tendencia, tan humana también, de reducir nuestra visión de las cosas y los actos a blancos y negros.

Imagen: 123rf

 

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