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Día Universal del Niño

La semana pasada celebramos el Día Universal del Niño, que conmemora la aprobación por la Asamblea General de la ONU de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre en 1989. Se trata del tratado internacional más ratificado de la historia, al que se han adherido hasta hoy 194 estados.

Este día sirve para celebrar los avances conseguidos y, en estos tiempos convulsos, para poner el foco sobre los más desfavorecidos y concienciar a las personas de la importancia de trabajar por el bienestar y el desarrollo de los más pequeños. A pesar de esta convención y de las leyes nacionales que protegen los derechos de la infancia, millones de niños en todo el mundo viven en situación de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, sin acceso a la educación, cuando no abandonados o afectados por enfermedades prevenibles, conflictos y desplazamientos forzados.

Creemos que la Abogacía no debe hacer oídos sordos a esta situación, que debe alzar la voz y luchar por el cumplimiento de la obligación de los estados de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para hacer efectivos los derechos reconocidos en el tratado: la denigrante situación de millones de niños refugiados sirios es un buen ejemplo.

Se estima que unos 250 millones de niños viven en zonas afectadas por la guerra y los conflictos armados y que uno de cada 200 menores es un refugiado. Son víctimas inocentes de la guerra, niños convertidos en protagonistas de historias que no deberían vivir y sin embargo las viven. Sufrimiento, frío, hambre, muerte y desesperación es lo único que conocen en su corta vida.

De la misma manera, tampoco podemos obviar que en nuestro propio país uno de cada tres niños vive en riesgo de pobreza y exclusión. Niños que, además de tener un acceso deficiente a una educación de calidad, uno de los derechos recogidos en la Carta, viven acechados por otros problemas, como la malnutrición infantil. Y también debemos recordar a todas víctimas de acoso escolar y ciberacoso, abusos sexuales o violencia física y psicológica, siendo conscientes de que, como profesionales de la justicia, tenemos un campo de batalla en el que luchar, no sólo como abogados o mediadores, sino también para concienciar a la sociedad de esta lacerante realidad.

 

 

Foto: Pixabay

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Solidaridad internacional

Otra forma de solidaridad

La vuelta a la actividad en despachos y juzgados ha estado marcada por algunos hechos que, de una forma u otra, tienen que ver con las leyes y su aplicación. Las últimas semanas de agosto y lo queda, climatológicamente hablando, del estío han traído al primer plano de la actualidad acontecimientos que tocan ramas del Derecho bien distintas aunque igual de apasionantes.

En ámbitos distintos, pero más o menos en la portada de informativos y periódicos, han convivido la amenaza secesionista en Cataluña  —y la anunciada y apresurada reforma de la Ley del Tribunal constitucional que tramita el Gobierno de España—, el asesinato de dos mujeres en Cuenca —y las derivadas de la captura en Rumanía del principal sospechoso de darles muerte— y el aluvión de llegadas a territorio de la Unión Europea de sirios, iraquíes y afganos de huidos de las guerras que asolan sus países de origen.

Puede que por descarnado sea éste último el que más ha llamado la atención en nuestro entorno más cercano, por más que durante años vivimos en Canarias el drama de la inmigración forzada que protagonizaron naturales del África subsahariana llegados en centenares de pateras a las Islas.

Ahora, las oleadas de miles de asiáticos malamente contenidos en las fronteras al Sureste del continente han aguijoneado nuestras consciencias para recordarnos que a esta parte del mundo vivimos en un estándar de bienestar que, por más que la crisis ha erosionado, se antoja el deseable para otra azotada por la guerra o el fanatismo, cuando no, sencillamente, por el hambre y la ausencia de oportunidades de trabajo y desarrollo personal.

Mientras se resuelve el debate público abierto entre los gobiernos de la Unión a cuenta del número de refugiados que cada estado se ‘puede’ permitir, organizaciones del tercer sector y administraciones regionales y locales se han apresurado a ofrecerse para acoger a familias de refugiados. No han sido pocos, además, quienes a título particular se han mostrado dispuestos a compartir techos y comida con quienes llegan —exhaustos y sin medios— a la vieja Europa.

En estos días frenéticos que vivimos, la Abogacía Española ha puesto en marcha una iniciativa que no podemos por menos que hacer nuestra. Así, el Consejo General ha habilitado un registro de abogados especializados en materia de inmigración y asilo que pondrá a disposición de las autoridades españolas y de la misma UE para prestar asistencia jurídica a refugiados y personas desplazadas. Los letrados que deseen formar parte de este registro deben dirigirse a registro.asilo@abogacia.es.

El paso dado por nuestra organización colegial servirá —al margen de reforzar la ayuda de primera mano para personas que no tienen medios económicos ni conocimiento de las leyes y tratados que les amparan— para recordar a la clase política los reiterados incumplimientos en materia de protección de derechos fundamentales que se vienen produciendo en el trato de los refugiados llegados este verano con puerta de entrada en Grecia.

 

Foto: FutureImageBank

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