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Relojes tiempo elecciones gobierno en funciones

Dijimos ayer…

El tórrido agosto vivido en la capital del Reino puede que haya vuelto más mustias las flores de la bella rosaleda del Parque del Retiro, además de nuestras esperanzas. A unos cientos de metros del señorial enclave madrileño, los padres de la patria exceptuaron lo que siempre fue periodo inhábil, pero la excepción vino a confirmar a lo que lleva camino de ser regla: no hubo mayoría ni a la primera, ni a la segunda y el señor Rajoy, como en marzo el señor Sánchez, volvió a casa sin la confianza investida del Congreso.

 

La consecuencia es que España sigue con un Gobierno en funciones que, si no lo remedia antes un improbable acuerdo de sus señorías con más ‘siés’ que ‘noes’, podría mantenerse en la provisionalidad cuando menos hasta bien entrado el próximo enero. En el colmo de la guasa, unos y otros sí han convenido la oportunidad de cambiar la Ley de Régimen Electoral General (LOREG) para evitar el bochorno de que el tercer llamamiento a urnas en un año se produjera ¡el 25 de diciembre!

 

Parece que esa será la única reforma legislativa que alumbrarán las Cortes de la XII legislatura desde la aprobación de la Constitución de 1978. Sabido es que un Ministerio en funciones no posee capacidad de traer proyectos a la carrera de San Jerónimo y, también, que la iniciativa de la que sí disponen los grupos de la Cámara Baja podría ser retardada por el Partido Popular con la mayoría absoluta de la que dispone en el Senado… justo hasta que una nueva cita electoral nos lleve a la casilla de salida, como en la escena inicial de Atrapado en el tiempo.

 

Este cuaderno de bitácora ha señalado en más de una ocasión los cambios que entendíamos como necesarios y más o menos urgentes en nuestro edificio legislativo. Por la mayoría de ellos seguimos esperando, mal que nos pese, a que los tiempos de las provisionalidades den paso a la esperada estabilidad de los días que permiten actuaciones en firme. Y otros decayeron por resoluciones del poder judicial que felizmente reforzaron la necesaria división de poderes.

 

No obstante, y a riesgo de sobrecargar de tareas al próximo Gobierno de plenas facultades, se nos ocurre apuntar a la modificación del artículo 99 de la CE y la precitada LOREG en orden a reducir al mínimo los plazos necesarios para la elección del presidente del Ejecutivo por el Congreso. Todo sea para evitarnos semanas estériles consumidas por cabildeos y teatrillos varios que conducen a nada, acaso a la indiferencia cada vez más generalizada de una ciudadanía que entiende la vida como un ejercicio de acciones más productivas que este 2016 de sus (nuestras) señorías.

Foto: Pixabay

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archivada la Ley de Colegios Profesionales

Ley de Colegios Profesionales: enmienda a la totalidad

El tiempo pone a cada cual en su sitio y suele conceder la perspectiva necesaria para analizar los hechos con la distancia debida. La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia del Gobierno de España es un ejemplo de ello.

Mes a mes tras su dimisión en septiembre pasado, la obra con la que imaginamos que pretendía ‘firmar’ su paso por el Ministerio ha ido quedando en poco -o casi nada-, todo un reflejo de que la obstinación, cuando se trata de legislar contra la inmensa mayoría del cuerpo social, no resulta la mejor compañera.

Amparado en la obligada transposición a nuestro ordenamiento de la directiva Bolkestein (123/2006/CE), el ejecutivo de Mariano Rajoy redactó un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) que suponía un ataque en toda regla a la razón de ser de las organizaciones profesionales. La exposición de motivos del texto ya era una declaración de intenciones del Gobierno, empeñado -no sabemos por qué oscuros prejuicios- en que los colegios constituían en su actual ordenamiento un ataque a la libre competencia y los derechos de los usuarios.

El redactado de la ley que nunca llegará a ser -en este caso con culpa no menor del Ministerio de Economía y Competitividad Luis de Guindos– incluía, por lo demás, curiosas disposiciones: limitaba la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta, eliminaba las tarifas de inscripción -que pagándose una sola vez en la vida laboral se consideraba ¡una barrera de entrada! al ejercicio profesional- y limitaba a 20 euros mensuales la cuota colegial, ya que entendía -porque el ministro y sus asesores también entendían de contabilidad presupuestaria- que 240 euros por colegiado y año garantizaban la supervivencia de cualquier colegio.

El anteproyecto, en fin, era un ejercicio de un insólito intervencionismo de un gabinete del que muchos de sus miembros se tienen por liberales. Y, como se ha demostrado, parecía destinado a generar un absoluto rechazo, más teniendo en cuenta la acreditada vocación de Ruiz-Gallardón de descartar la búsqueda de un mínimo consenso tal le podía, a lo que se vio, la indisimulable aspiración a completar en la legislatura 2011-2015 un programa revolucionario convenientemente disfrazado de reformista.

Esta misma semana, la secretaria general del Partido Popular ha terminado de confirmar lo que antes fueron velados anuncios del Gobierno. “Desde el propio Gobierno y el propio partido, se planteó que no podíamos seguir adelante”, dijo María Dolores de Cospedal a cuenta de la retirada del anteproyecto de la LSCP. Reconociendo el valor que tiene la asunción del error, sólo cabe lamentar el tiempo, irrecuperable, gastado en dar una batalla que cualquiera con cierta capacidad de prospectiva habría adivinado perdida de antemano.

 

Foto: FutureImageBank

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