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Redes sociales

Conducta del abogado en las redes sociales

La International Bar Association (IBA), es una organizaci贸n que re煤ne desde 1947 a profesionales de la justicia de los cinco continentes: colegios y despachos de abogados y sociedades dedicadas al estudio del Derecho. Compuesta por m谩s de 40.000 abogados y 197 colegios de abogados y sociedades (en Espa帽a el Consejo General de la Abogac铆a y los colegios de Madrid, Barcelona, M谩laga y Valencia), la IBA participa en el desarrollo de reformas del derecho internacional y vela por el futuro de la profesi贸n jur铆dica en todo el mundo.

En febrero de 2012, el Grupo de Proyectos Legales de la IBA public贸 el informe 鈥El impacto de las redes sociales online en la Abogac铆a y Pr谩ctica鈥, al que sigui贸 un estudio mundial entre sus miembros. M谩s del 90 por ciento de los encuestados identific贸 la necesidad de que colegios y despachos o, alternativamente, la IBA, elaboraran directrices sobre el uso de las redes sociales en sitios o plataformas relacionadas con la profesi贸n.

El resultado fue la publicaci贸n el 14 de mayo de este a帽o de los 鈥Principios internacionales de conducta de la abogac铆a en las Redes Sociales鈥, que advierten sobre la importancia de aplicar en su actividad 鈥榦n line鈥 la misma exigencia en las normas de conducta -con la que los abogados ya est谩n familiarizados-, actuando de manera que se mantenga la confianza de los ciudadanos en los profesionales del Derecho.

El prop贸sito de esta declaraci贸n es ayudar a los colegios y despachos de todo el mundo promoviendo un uso de las redes que se ajuste a las normas de responsabilidad profesional. Conviene precisar que, en este caso, el t茅rmino 鈥榬edes sociales鈥 agrupa cualquier conversaci贸n, publicaci贸n o emisi贸n de mensajes a trav茅s de tecnolog铆as basadas en Internet o en la telefon铆a m贸vil. En un sentido gen茅rico: correo electr贸nico, web, sms, mms, chats, foros o cualquier red como Whatsapp, Line, Facebook, Twitter, Instagram鈥

As铆, en su introducci贸n recuerda: 鈥淓n todo momento, las redes sociales deber铆an ser utilizadas de acuerdo a las obligaciones del abogado y bajo reglas de responsabilidad profesional, como dentro de consideraciones m谩s amplias de cada administraci贸n de justicia鈥. La declaraci贸n contiene seis principios para combatir los problemas que pueden plantear las 鈥榮ocial media鈥 en el ejercicio de la abogac铆a.

1) Independencia profesional. Es parte integral de la pr谩ctica jur铆dica. Antes de entrar en una 鈥榬elaci贸n鈥 en l铆nea, los abogados deben reflexionar sobre las implicaciones profesionales que le puede suponer. Un comentario o contenido publicado en Internet debe proyectar la misma independencia profesional 鈥攜 la misma apariencia de independencia鈥 que se requiere en la pr谩ctica cotidiana 鈥榦ff line鈥.

2) Integridad. Se espera del abogado que mantenga el est谩ndar m谩s alto de integridad en todas sus relaciones, incluidas las realizadas a trav茅s de las redes. Algo escrito que perjudique nuestra reputaci贸n y se haya 鈥榲iralizado鈥 en Internet, puede ser dif铆cil de reparar posteriormente. Los comentarios que no sean profesionales o no respeten la 茅tica pueden da帽ar la confianza p煤blica, incluso si fueron hechos originalmente en un contexto 鈥榩rivado鈥.

3) Responsabilidad. Este cap铆tulo es el m谩s extenso del cuerpo de recomendaciones, entre las que destacan:

Entender el uso: Debemos recordar que lo expresado en las redes sociales podr铆a ser reproducido por la parte contraria en un litigio.

Aclarar el uso: Colegios, despachos y organismos reguladores deben advertir a sus miembros sobre las consecuencias de publicar contenido en l铆nea, alentando a los letrados a que aclaren si cada contenido est谩 destinado puede ser usado como una opini贸n profesional.

Uso adecuado: Debe recordarse a los abogados que consideren si el uso particular de una red social es un foro apropiado para expresarse profesionalmente. Como orientaci贸n general, los profesionales del derecho no deben decir 鈥榦n line鈥 algo que no afirmar铆an en persona ante un grupo determinado.

Conflicto de intereses: Los abogados deben ser sensibles ante la revelaci贸n de una posici贸n que sea contraria a la de sus clientes o que puedan tener impacto en asuntos particulares.

4) Confidencialidad. El abogado debe recordar que las plataformas sociales no son el lugar adecuado para publicar datos del cliente u otra informaci贸n sensible, a menos de que se est茅 convencido de que se pueden proteger con todas las garant铆as. Asimismo, la informaci贸n que localiza a un abogado geogr谩fica y temporalmente podr铆a ser utilizada para mostrar la relaci贸n profesional con un cliente que no quiere darla a conocer.

5) Mantenimiento de la confianza del p煤blico. Nuestra conducta en las redes sociales debe ejercerse igual que lo har铆amos 鈥榮in conexi贸n鈥, reafirmando se帽as de identidad esenciales de un abogado como la independencia y la integridad. Y debemos considerar, en cualquier caso, si la suma total (privada y profesional) de nuestra actividad en los 鈥榮ocial media鈥 retrata a un profesional del Derecho en el que un cliente puede confiar sus asuntos.

6) Pol铆tica. Colegios, despachos y organismos reguladores deben alentar el desarrollo de directrices claras y coherentes sobre el uso de las redes sociales. Estas pol铆ticas deben completarse con una formaci贸n continua sobre las novedades y riesgos de las redes, instruyendo a los profesionales para que puedan diferenciar si est谩n cargando contenido a t铆tulo personal o relacionado con su trabajo.

Foto: 123rf

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Los juicios paralelos

Los juicios paralelos

Las democracias maduras hicieron de la Prensa un cuarto poder que, de facto, se a帽adi贸 a un andamiaje que fragu贸 como hoy lo conocemos a partir de la Constituci贸n de los Estados Unidos o el concepto de estado madurado tras la Revoluci贸n Francesa. Edmund Burke dej贸 acu帽ado en esa misma 茅poca un t茅rmino que con los siglos no ha dejado de tener vigencia y sobre el que fil贸sofos, polit贸logos y los propios periodistas han teorizado repetidamente.

Antes la palabra escrita, luego la radio y televisi贸n, y de 煤ltimas Internet y las redes sociales, los medios de comunicaci贸n caminan desde entonces entre su imprescindible papel como examinadores de la actuaci贸n de los poderes p煤blicos y una tentaci贸n, devenida convicci贸n, de marcar el paso a cualquiera de los estamentos.

A cuenta de esa recurrente pr谩ctica, los mass media fijan posiciones propias mientras deciden las responsabilidades de terceros en los hechos sometidos a debate o puestos a disposici贸n del p煤blico. Cuando a cuenta de la velocidad que marca el mundo digital se omiten los debidas cautelas que obligan al contraste de pareceres o la b煤squeda de una visi贸n m谩s profunda de las cosas, tenemos ante nosotros lo que venimos en denominar juicios paralelos. Juicios que la mayor铆a de las veces se sustancian cuando lo que est谩 sometido a escrutinio a煤n anda en fase de instrucci贸n judicial.

Si tales juicios s贸lo tuvieran cabida en la secci贸n de opini贸n con forma de comentario editorial podr铆a aceptarse que cumplen con aquel papel que se pretende de la Prensa – reclamado por el ciudadano que desea formarse una opini贸n a trav茅s de 茅ste – para tomar posici贸n ante sucesos que tienen cierta trascendencia para nuestras vidas.

Pero ocurre, desgraciadamente, que el periodismo – y lo que pasa por tal disfrazado sin tapujos de puro entretenimiento televisivo de prime time o de periodismo ciudadano a caballo de una cuenta en Twitter – incurre con mayor frecuencia de la admisible en la indeseable costumbre de anticipar sentencias y repartir culpabilidades. Que luego el fallo de un tribunal coincida con la primera instancia editorial resulta accesorio. De valientes est谩n llenos los cementerios y de condenados a pena de telediario nuestro pa铆s. No cabe, por lo general, recurso de apelaci贸n o reparaci贸n ulterior.

C贸mo acabar con este ejercicio perverso del cuarto poder no parece cosa f谩cil m谩s all谩 de exigir a quienes lo practican rigor en su trabajo diario y el sentido de la 茅tica profesional por bandera. Todo lo dem谩s queda reducido – vana satisfacci贸n – a una lejan铆sima rectificaci贸n 鈥渃on el mismo espacio y despliegue tipogr谩fico鈥 que la noticia impugnada, si es que el afectado en su honor por la acci贸n de un medio de comunicaci贸n consigue llegar a buen puerto en el intento de ver reparada su imagen.

Cabr铆a pedir tambi茅n, desde el lado de los operadores jur铆dicos y no menos del legislador o el Gobierno, m谩s determinaci贸n para acabar con el frustrante retrato de lentitud que ofrece la acumulaci贸n de instrucciones eternizadas en todos los niveles, la indecisi贸n de este o aquel gobierno para poner a la altura de este siglo la oficina judicial – con tomar el ejemplo de la Agencia Tributaria ser铆a suficiente para marcar un nuevo rumbo – o la contumacia de las Cortes y los parlamentos auton贸micos confundiendo la adecuaci贸n de la ley a su tiempo con una inentendible vocaci贸n de enmara帽ar el corpus normativo.

S贸lo de esa manera puede aspirarse a que los juicios paralelos ganen y ganen presencia mientras se dilata, ad eternum, la aclaraci贸n de responsabilidades de los encartados en decenas de casos, entre los que los de corrupci贸n pol铆tica y malversaci贸n del erario son los m谩s llamativos, cuando no aquellos relacionados con causas m谩s terrenales en las que bienes privados o derechos personales son violentados.

Entre tanto, en los tiempos del ruido medi谩tico, del aluvi贸n de fuentes informativas y de la imparable tendencia de unos simplificando los mensajes y de otros aceptando que mejor un frasco de titulares en p铆ldoras que un puchero de contenidos que obligue a una cierta digesti贸n, no se atisba una voluntad – ni de la industria period铆stica, ni de una sociedad refractante al an谩lisis, el debate sosegado y al pensamiento complejo – de devolver a cada uno a su papel.

Imagen: 123rf

 

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