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Justicia Penal Internacional

La Justicia Penal Internacional, m谩s necesaria que nunca

Que el siglo XX fue escenario de grandes tragedias humanas, conflictos armados interestatales y de liberaci贸n nacional y de emergencias humanitarias es algo de lo que no nos cabe duda si echamos la vista atr谩s. Estos acontecimientos originaron la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional de la necesidad de crear un marco jur铆dico apropiado para la garant铆a y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, especialmente en lo referido a la paz y la preservaci贸n de la humanidad.

La Justicia Penal Internacional, cuyo d铆a conmemoramos cada 17 de julio, es el veh铆culo para realizar la condici贸n de existencia humana y la coexistencia pac铆fica en la comunidad internacional (con mayor o menor fortuna, a la vista de los acontecimientos recientes), conforme al paradigma humanitario. Es, en otras palabras, el camino para una justicia que opere, m谩s que como implacable perseguidora de delitos cometidos, como un instrumento efectivo de paz, seguridad, libertad y bien com煤n.

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen uno de los logros m谩s notables de la diplomacia multilateral, y tambi茅n lo es su contribuci贸n a los esfuerzos para que los responsables de cr铆menes de lesa humanidad, genocidio y cr铆menes de guerra rindan cuentas ante la Justicia. Aunque el Estatuto de Roma entr贸 en vigor hace poco m谩s de una d茅cada, la Corte ya es un tribunal permanente de justicia penal internacional en pleno funcionamiento que emiti贸 en 2012 su primer fallo en el caso Lubanga, una sentencia que constituye una clara contribuci贸n al derecho internacional humanitario, en particular en materia de reclutamiento de ni帽os.

Un sistema internacional de justicia penal que complemente y refuerce los sistemas de justicia nacionales resulta fundamental para que las v铆ctimas puedan obtener justicia y reparaci贸n y para reconstruir las naciones devastadas por la guerra y apoyar la reconciliaci贸n tras los conflictos. Un d铆a de conmemoraci贸n como este ha de servir, entre otras cosas, para recordar a quienes reclaman justicia frente a delitos atroces y para homenajear a las personas que trabajan con dedicaci贸n y valent铆a en este campo, recordando las palabras de la Declaraci贸n de Kampala que resaltan “la noble misi贸n y la funci贸n de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los prop贸sitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas“.

 

Foto: Corte Penal Internacional

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Justicia universal

Espa帽a y la justicia universal

La colusi贸n de intereses entre los poderes del estado moderno es tan vieja como su propia formulaci贸n. Gobierno, legislador y jueces ni deben, ni pueden, ir de la mano so pena de confundir el papel de cada uno, viciando las tareas de cada cual y pervirtiendo un orden que debe, al cabo, proteger al ciudadano a trav茅s de la vigilancia de los derechos que nos hemos dado colectivamente.

No obstante, los tres poderes que sustentan nuestro andamiaje social nunca han renunciado a la tentaci贸n de orillar el papel del contrario para imponer – por la fuerza de un decreto, una ley o la interpretaci贸n expresada en un fallo – puntos de vista exclusivos, y particular铆simos, que en unos casos provocan la protesta del poder que ve lesionado su papel y – lo que es peor – en聽 otros generan el asombro o la alarma del com煤n de las personas.

La reciente reforma operada por la Ley Org谩nica 1/2014 sobre la justicia universal cumple con los dos supuestos citados. Su entrada en vigor, mediante una tramitaci贸n urgente por iniciativa del Gobierno y s贸lo respaldada en las Cortes por el partido que lo sustenta, incluye una disposici贸n transitoria 煤nica que declara sobrese铆dos procedimientos abiertos en los que no se cumplan los requisitos establecidos en el propio articulado de la ley. Esto es, Ejecutivo y legislador se ponen de acuerdo para actuar retroactivamente.

Y a pie de calle, la sociedad asiste, entre alarmada y alucinada, a la puesta en libertad de decenas de presuntos narcotraficantes (porque en virtud del cambio, el Reino de Espa帽a no es competente para juzgarlos al no haber actuado il铆citamente en tierra o mar de nuestra soberan铆a) o al decaimiento de causas que investigaban la comisi贸n de delitos de genocidio o torturas聽 – contra ciudadanos espa帽oles – en la antigua provincia del S谩hara o – tambi茅n contra algunos de nuestros nacionales – en la base estadounidense de Guant谩namo.

De fondo queda la resoluci贸n del caso que parece haber dado pie a esta nueva actuaci贸n precipitada del Gobierno de Espa帽a, y su inefable ministro de Justicia, para tapar la v铆a de agua que se le abri贸 tras el auto de la Audiencia Nacional, de noviembre de 2013, ordenando la busca y captura de altos cargos del Partido Comunista de China por su supuesta relaci贸n con el genocidio practicado durante d茅cadas en el T铆bet.

La velada protesta del r茅gimen comunista por este auto, y las no menos veladas amenazas de las consecuencias que para las relaciones bilaterales con el gigante asi谩tico tendr铆a la decisi贸n de la AN, provocaron – porque otra cosa no parece, por bien pensado que se pueda ser – una r谩pida respuesta del Gobierno de Espa帽a para hacer del auto papel mojado y tranquilizar a uno de los socios comerciales m谩s importantes de nuestro pa铆s.

La soluci贸n del conflicto que se adivinaba en el horizonte fue esta acelerada reforma de la LOPJ. Las consecuencias, admitiendo que una legislaci贸n ad hoc habr铆a sido a煤n m谩s escandalosa, es que Gobierno y legislativo han abierto la puerta, mutatis mutandis, a un volumen significativo de presuntos narcos a los que desde ahora habr谩 que exigirles, qu茅 menos, prueba de admiraci贸n de la capacidad de Pek铆n para influir – ex foros internacionales – en el cuerpo legal de un estado soberano.

Con todo, esta 煤ltima reforma culmina un camino en sentido inverso al que emprendi贸 el Gobierno de Felipe Gonz谩lez en 1985, cuando instituy贸 el principio de la jurisdicci贸n universal en la primitiva LOPJ atribuyendo competencia 鈥para conocer de los hechos cometidos por espa帽oles o extranjeros fuera de territorio nacional鈥 en materia de terrorismo, genocidio o tr谩fico de frogas, entre otros. Aquella senda ya fue luego limitada en 2009, por acuerdo de PSOE, PP, CiU y PNV, y ahora queda a煤n m谩s circunscrita.

Y confirma, por m谩s que duela, una de las paradojas que provoca el noble deseo de que todos los pa铆ses del mundo se rijan por un c贸digo com煤n de leyes y buenas pr谩cticas, especialmente cuando de proteger los derechos fundamentales de la personas se trata. Nobles intenciones que adem谩s de tropezar en los obst谩culos que imponen el tr谩fico econ贸mico entre estados, los intereses geoestrat茅gicos o la existencia de reg铆menes m谩s o menos dictatoriales, descubren que para entender o aplicar la justicia con un sentido global, en un mundo global, quedan muchos pasos por dar. Lo convengan c铆nicamente unos o lo lamenten quejosamente otros.

Imagen: 123rf

 

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