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Justicia Gratuita

Justicia gratuita, justicia maltratada

La Constitución Española, en su artículo 119, reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la asistencia jurídica gratuita como medio para lograr el derecho a una tutela judicial efectiva e igualitaria. Este servicio lo prestan en la actualidad unos 43.800 letrados con sus 83 colegios de abogados respectivos (unos 800 colegiados del ICATF están adscritos al Turno).

Pero la asistencia gratuita a presuntos delincuentes viene de muy antiguo: existe constancia de que en 1578 ya había juristas que defendían a los más desfavorecidos de la sociedad y el hecho de que no se cobrara nada por ello – pues hasta hace no mucho la adscripción al turno era obligatoria y no remunerada – nunca fue un impedimento: los abogados trabajaban con la misma dedicación y la misma ilusión que ahora, en unos tiempos en los que, a decir verdad, las cosas tampoco han cambiado tanto, pues un abogado de oficio recibe una media de 220 euros por proceso, habitualmente seis meses después de haber finalizado su labor.

En este país, tan dado a los tópicos y a los refranes, los hay particularmente crueles – además de falsos (habrá que reconocer de una vez que la “sabiduría popular” es un tópico más) -, como uno antiguo y casi olvidado que reza: “abogado de pobres, poco interés se toma“. En España tenemos un magnífico sistema de asistencia jurídica gratuita que cada año proporciona acceso a la justicia a cientos de miles de ciudadanos gracias al esfuerzo y la dedicación de abogados libres e independientes de primera calidad.

Pero lamentablemente, el Turno de Oficio sólo es noticia en los medios por el incumplimiento sistemático a cargo de las administraciones públicas de sus obligaciones de pago a los profesionales y al Colegio que organiza el servicio, o por las cada vez más numerosas quejas de unos abogados objetivamente maltratados que anteponen su vocación y su función social a sus intereses económicos. Y, quién sabe, tal vez sea este el problema: las administraciones públicas saben que el servicio se va a mantener porque los abogados, cobren o no, van a seguir atendiendo a los defendidos, y porque el Colegio de Abogados correspondiente podrá presionar, pero no dejará de hacer designaciones de abogados de oficio mientras haya un ciudadano privado de libertad que lo requiera. En estos meses en los que tanto hemos oído hablar de líneas rojas, aquí está la nuestra: el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, algo a lo que ni los abogados ni los Colegios Profesionales vamos a renunciar. Y las Administraciones públicas lo saben.

Hoy 12 de julio celebramos el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio y es importante recordar, en este punto, que la abogacía no puede ni debe estar sola en su lucha. Debemos sacar el turno a la calle y hacer partícipe a la sociedad de cuál es nuestra labor y cuáles nuestras demandas. Defender entre todos el actual modelo de asistencia jurídica gratuita con los Colegio de Abogados garantizando la libertad e independencia de los abogados que la propia institución designa, frente a cualquier intento de privatización o funcionarización del servicio, incluso si de ese modo las administraciones lograsen un ahorro marginal que en modo alguno podría compensar la pérdida de la libertad e independencia de unos abogados que tienen regularmente que enfrentarse a la misma administración que asume el coste del servicio.

En definitiva, despertar la conciencia social sobre lo esencial que resulta un servicio público sometido sistemáticamente a un desprecio, unas dilaciones en los pagos, una incertidumbre y unas faltas de consideración que, gota a gota – como la tortura china – comprometen el derecho a la tutela judicial efectiva de los más necesitados.

 

Foto: ONCE

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Sobre el turno de oficio

En defensa del Turno de Oficio: #EsTuTurno

“No es lo mismo ser atendido por un abogado de oficio que por uno que cobra 500 euros a la hora”, afirmaba hace unos meses el catedrático Ignacio Villaverde en un artículo. “Un imputado con mucho dinero para pagar un buen abogado puede salir mejor parado del proceso que otro que no cuenta con medios… contar con un buen letrado es importante. Aunque en la teoría existe la igualdad formal, en la práctica se dan situaciones desiguales derivadas de los recursos con los que cuentan las personas”, afirmaba el magistrado Joaquim Bosch en ese mismo artículo.

Habrá quien piense que son frases sacadas de contexto, pero sea cual sea éste, las palabras dicen lo que quieren decir: que un abogado de oficio es peor que uno contratado a su costa por el interesado. Duro, ¿verdad? Y, además, falso. Villaverde alude directamente a los abogados de oficio, comparándolos de forma con los abogados de libre elección. Y Bosch, portavoz de la Asociación Jueces para la Democracia, también cita veladamente a los profesionales del turno, al hablar de “buenos abogados” en contraposición a aquellos otros que, al estar peor pagados, desarrollarían una defensa de peor calidad. ¿Nos están diciendo que la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad es inexistente? ¿Es este el mensaje que quieren transmitir a la sociedad?

Para acceder al Turno de Oficio es necesario acreditar una experiencia y una cualificación y preparación profesionales adecuadas. Además, los abogados de oficio tienen su despacho abierto para que quien quiera y pueda contrate sus servicios. Accediendo al Turno de Oficio no hacen otra cosa que mostrar su vocación de servicio y su amor por una profesión en ocasiones tan denostada, además de un firme compromiso por facilitar al ciudadano sin recursos un acceso a la Justicia con todas las garantías, tal y como establece nuestra Constitución.

A los abogados de oficio se les exige un especial celo y dedicación, así como una especialización y formación continua y los colegios velan porque ese rigor normativo se cumpla, sin olvidar, como ya hemos dicho, que todo letrado de oficio es también letrado particular.

Ningún abogado se hace rico por estar el turno de oficio, así que no es el simple lucro lo que motiva a estos profesionales. Antes al contrario: el retraso en el cobro de una minuta exigua —a cambio de un nivel de exigencia elevadísimo con unas condiciones laborales en ocasiones penosas— debería hacernos pensar que los abogados de oficio son una suerte de héroes que ofrecen tiempo y esfuerzo para que el principio de igualdad sea algo más que una quimera. Porque la Justicia Gratuita es una obligación del estado cuyas taras soportan los abogados: cobran tarde y mal, pero no por ello dejan de aparcar los asuntos de su despacho para cumplir con las guardias y con el resto de obligaciones que se les exigen.

Es necesario, además de seguir luchando por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los compañeros del turno, dar a conocer a la sociedad la verdadera cara de este oficio y la labor de los profesionales que a él se dedican. Declaraciones como las aquí traídas no sólo no ayudan, sino que entorpecen esta labor.

Foto: ICATF

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justicia gratuita

Sobre la justicia gratuita

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha despertado un debate que afecta de lleno a nuestro colectivo y en el que han participado, y lo siguen haciendo, no sólo abogados y otros operadores jurídicos, sino también personas a priori ajenas al universo judicial, conscientes como son de que el asunto les atañe como ciudadanos.

El debate, eso sí, se está llevando a cabo lejos de los despachos donde se toman las decisiones, porque este Gobierno parece estar empeñado en legislar a golpe de decreto, sin escuchar las aportaciones de los afectados. La única manera de meter baza parece ser, pues, hacer mucho ruido y confiar en que les lleguen al menos los rumores del descontento.

Aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio el pasado 12 de julio, los abogados de todo el país se han mostrado en contra de esta Ley, por limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos con menos recursos. En palabras  del Consejo General de la Abogacía Española, el nuevo proyecto “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales”.

Resulta esperpéntico que con un servicio de Justicia Gratuita magnífico, de los mejores de Europa, se proponga una reforma que da varios pasos atrás en referencia a la anterior norma. Un proyecto que se aprueba no sólo en contra de los ciudadanos, sino a espaldas de los abogados, con los que no se ha contado para su elaboración.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que se refiere a la regulación del Turno de Oficio. Con el nuevo proyecto de Ley cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el turno de oficio independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Pero se le exige asimismo que se persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Un abogado residente en Canarias y adscrito al turno de oficio en el Colegio de Cádiz difícilmente cumplirá dicho plazo, sea cuales sean las circunstancias.

Por otra parte, el nuevo texto incrementa aún más si cabe la burocracia, al mantener la duplicidad en la tramitación de expedientes y vincula el acceso a la justicia gratuita a la Ley de Tasas, vulnerando así un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Asimismo, al extender el derecho a Justicia Gratuita a determinados colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos, el proyecto de Ley no hace más que perjudicar el criterio de igualdad de los ciudadanos, al tiempo que cuestiona de forma importante la propia viabilidad económica del servicio a corto plazo. (La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en más de 43 millones de euros en los cuatro últimos años. Esta rebaja ha sido fundamentalmente a costa de recortar año tras año las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio).

El análisis jurídico del Consejo General concluye que “el proyecto de Ley es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa”.

En definitiva, parece que todas las partes estamos de acuerdo en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma para adecuarla a nuestra realidad socioeconómica, pero el texto propuesto por el Gobierno, al que cabe añadir la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana no hacen otra cosa que dificultar aún más el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

Imagen: 123rf

 

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