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El derecho en el entorno digital

El derecho en el entorno digital

Tradicionalmente el mundo del derecho se ha desarrollado en el entorno analógico de lo escrito, lo tangible, lo controlable. Lo encontramos en los libros, en los boletines oficiales, en las revistas jurídicas. En despachos, empresas y juzgados. Pero ahora, además, ha llegado a Internet.

Las bondades de las nuevas tecnologías de la información son un hecho que no vamos a discutir aquí, en esencia porque si usted está leyendo estas líneas es gracias a que un complejo procedimiento tecnológico —del que disfruta de la forma aparentemente más sencilla y cómoda desde su casa, su despacho o el restaurante de la esquina— lo hace posible.

Partiendo de esta realidad, el derecho como concepto y los profesionales que lo integran como sujetos activos debemos reconocer que, nos guste más o menos, Internet ha venido para quedarse. No sólo como herramienta de organización y transmisión de la información a la que podemos acceder desde cualquier punto del planeta a golpe de clic; sino, lamentablemente también, como medio para la comisión de delitos de distinta naturaleza.

Digamos que son dos caras de una misma moneda o dos usos para una misma arma (cargada): la positiva, la que nos ayuda a documentarnos, nos informa y nos enriquece. La negativa, la que se escuda en el anonimato y la distancia para cometer lo que ya se ha etiquetado como ‘ciberdelitos’.

Ciudadanos incautos que utilizan las redes y el mundo de Internet con absoluta inocencia para navegar, participar en conversaciones con terceros o comprar en tiendas online. Frente a desalmados que hacen lo propio para acceder a nuestros datos privados, usurpar la identidad de otros o incluso acosar a adolescentes.

En este contexto, algunos elementos del sistema jurídico ya se han puesto las pilas y gracias a ello ya existen fiscalías especializadas en criminalidad informática, unidades de policía y guardia civil dedicadas exclusivamente a perseguir este tipo de delitos informáticos, páginas web temáticas sobre seguridad informática y espacios de atención a posibles víctimas de ciberacoso.

Pero ¿y las leyes? ¿y quienes trabajamos en el mundo jurídico? ¿estamos a la altura de las circunstancias? No son pocos los profesionales que han levantado la voz exigiendo que se revise y adapte urgentemente la legislación española a esta nueva realidad virtual que nos rodea, y que se imparta formación tecnológica a los profesionales y se faciliten los recursos suficientes a los juzgados para poder desenvolverse con soltura en un entorno que hoy por hoy les (nos) supera.

Más allá del debate sobre el endurecimiento de las penas a este tipo de delitos, se trata de adaptar el ordenamiento jurídico ante las nuevas situaciones que antes jamás hubiéramos imaginado o contemplado, sencillamente porque aquellas circunstancias no existían, no eran posibles. Además de la necesidad de instrumentalizar la intervención policial que en ocasiones se ve con las manos atadas porque su intervención podría vulnerar derechos fundamentales del delincuente o la víctima, en términos de intimidad o protección de datos. O por ejemplo un policía que se registrara en un chat para pillar ‘in fraganti’ a un acosador infantil y en un procedimiento judicial podría ser acusado de incitación a la comisión de un delito.

Ya lo decía Don Hilarión en ‘La verbena de La Paloma’: “Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad” y si queremos encajar en estos nuevos tiempos deberíamos ser capaces de adaptarnos, antes de que tanta modernidad se vuelva contra nosotros.

 

Foto: Futurebrandimage

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gritar en las redes sociales

Redes sociales: vomita que algo queda

El asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y la profusión posterior de comentarios en las redes sociales – entre soeces y amenazantes – acerca de la justicia de su muerte, o el deseo de que se hiciera extensiva a otros dirigentes concretos o a la generalidad de la clase política, han devuelto al primer plano del debate social la fijación de los límites a la libertad de expresión.

Por si fuera poco el ruido generado por la muerte violenta de Carrasco, unos días después se añadió al caldo de la discusión el conocimiento de más de 17 mil comentarios ofensivos en la nube digital (Twitter) contra la comunidad judía en nuestro país. El detonante, en este caso, fue la victoria del Maccabi Tel Aviv sobre el Real Madrid en la final de la Euroliga de baloncesto.

Al hilo de estos dos hechos y del aluvión de pensamientos ofensivos arrojados en la red, ha actuado el Ministerio Público realizando varias actuaciones por la supuesta comisión de delitos de calumnias o injurias (Art. 205 y ss. del Código Penal) o de incitación a la discriminación, el odio o la violencia (Art. 505) y procediendo a analizar otros dos centenares por si pudieran encajar en alguno de estos tipos.

En paralelo al esclarecimiento de las consecuencias penales, se ha avivado una discusión en la que unos llaman la atención sobre la capacidad de las redes sociales (Twitter y Facebook, especialmente) para propagar infundios de cualquier naturaleza, mientras otros ven en el proceder de la Fiscalía una amenaza a la libertad de expresión.

Esa última corriente apela a la democracia de la red, como instrumento no sujeto al control de los poderes que representan la administración, las fuerzas económicas o los mismos medios de comunicación. Bajo ese teórico virtuosismo cabría albergar cualquier exabrupto, ya sea deseando el mayor de los males a quien se ponga por delante – generalmente animando a que sean otros los ejecutores – o faltando a la dignidad de este o aquel grupo en función de sus particulares circunstancias de identidad sexual, racial, social profesional o política.

No parece adecuado, por otra parte, incurrir en la tentación de adaptar la legislación en caliente para tratar de frenar este desparrame de opiniones. Ya conocemos, y padecemos, la recurrente manía de partidos y grupos de presión a cambiar la ley a golpe de sucesos y parece comprobado que las más de las veces sólo terminan por provocar más frustración social que beneficios al común de la ciudadanía.

Y en el caso que nos ocupa, no hay nada nuevo bajo el sol. España posee una legislación suficiente en esta materia y, si acaso, lo que padece es un déficit de visitas a los juzgados – puede que condicionado por la conocida lentitud de nuestro sistema -, especialmente sonrojante cuando se compara nuestra tasa de denuncias por daño al honor (malamente sobrepasa las mil anuales) con la de algunos países del Norte de Europa (60 mil en el Reino Unido, 24 mil en Alemania o 6 mil en Suecia).

Internet y las redes sociales no han hecho otra cosa – no desdeñable en cualquier caso – que aumentar el volumen y las repeticiones de lo que antaño considerábamos chismorreos de patio de vecindad o comentarios fuera de tono en la barra de un bar. No han cambiado los tipos (ya suficientemente enunciados en nuestro ordenamiento) como la alarma que nos provoca comprobar la capacidad de propagación de una cadena de 140 caracteres fruto del pensamiento complejo de quienes han creído encontrar en esta vía el paradigma de la libertad y su única forma de ejercicio.

Y no menos cierto resulta el riesgo de relativizar el efecto nocivo de la palabra cuando – envuelta en aquel derecho que Montesquieu dijo estar dispuesto a defender con su vida – esconde una dosis de odio o animadversión suficiente para que, inoculada a través de un intangible gotero, no percibamos letal hasta que el veneno haya hecho su efecto.

Puede que la mayor lección a cuenta del asesinato de Isabel Carrasco o la victoria del Maccabi Tel Aviv sea reflexionar sobre la paradoja que provoca la libertad de defender la opinión del contrario que teorizó el barón de Montesquieu. Mientras la mayoría caminamos por una senda en la que hemos plantado unas vallas para contener el simple desprecio o limitar nuestros pensamientos más primarios, otros – sin ánimo alguno de reciprocidad, como se ve – pastan, mugen y defecan a los lados del camino.

Igual cuando sean mayoría comenzamos a preocuparnos. O igual, como dejó sentado el  pastor luterano Martin Niemöller (1892-1984) en un célebre sermón luego atribuido al dramaturgo Bertolt  Brecht: “Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”.

Imagen: 123rf

 

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Los juicios paralelos

Los juicios paralelos

Las democracias maduras hicieron de la Prensa un cuarto poder que, de facto, se añadió a un andamiaje que fraguó como hoy lo conocemos a partir de la Constitución de los Estados Unidos o el concepto de estado madurado tras la Revolución Francesa. Edmund Burke dejó acuñado en esa misma época un término que con los siglos no ha dejado de tener vigencia y sobre el que filósofos, politólogos y los propios periodistas han teorizado repetidamente.

Antes la palabra escrita, luego la radio y televisión, y de últimas Internet y las redes sociales, los medios de comunicación caminan desde entonces entre su imprescindible papel como examinadores de la actuación de los poderes públicos y una tentación, devenida convicción, de marcar el paso a cualquiera de los estamentos.

A cuenta de esa recurrente práctica, los mass media fijan posiciones propias mientras deciden las responsabilidades de terceros en los hechos sometidos a debate o puestos a disposición del público. Cuando a cuenta de la velocidad que marca el mundo digital se omiten los debidas cautelas que obligan al contraste de pareceres o la búsqueda de una visión más profunda de las cosas, tenemos ante nosotros lo que venimos en denominar juicios paralelos. Juicios que la mayoría de las veces se sustancian cuando lo que está sometido a escrutinio aún anda en fase de instrucción judicial.

Si tales juicios sólo tuvieran cabida en la sección de opinión con forma de comentario editorial podría aceptarse que cumplen con aquel papel que se pretende de la Prensa – reclamado por el ciudadano que desea formarse una opinión a través de éste – para tomar posición ante sucesos que tienen cierta trascendencia para nuestras vidas.

Pero ocurre, desgraciadamente, que el periodismo – y lo que pasa por tal disfrazado sin tapujos de puro entretenimiento televisivo de prime time o de periodismo ciudadano a caballo de una cuenta en Twitter – incurre con mayor frecuencia de la admisible en la indeseable costumbre de anticipar sentencias y repartir culpabilidades. Que luego el fallo de un tribunal coincida con la primera instancia editorial resulta accesorio. De valientes están llenos los cementerios y de condenados a pena de telediario nuestro país. No cabe, por lo general, recurso de apelación o reparación ulterior.

Cómo acabar con este ejercicio perverso del cuarto poder no parece cosa fácil más allá de exigir a quienes lo practican rigor en su trabajo diario y el sentido de la ética profesional por bandera. Todo lo demás queda reducido – vana satisfacción – a una lejanísima rectificación “con el mismo espacio y despliegue tipográfico” que la noticia impugnada, si es que el afectado en su honor por la acción de un medio de comunicación consigue llegar a buen puerto en el intento de ver reparada su imagen.

Cabría pedir también, desde el lado de los operadores jurídicos y no menos del legislador o el Gobierno, más determinación para acabar con el frustrante retrato de lentitud que ofrece la acumulación de instrucciones eternizadas en todos los niveles, la indecisión de este o aquel gobierno para poner a la altura de este siglo la oficina judicial – con tomar el ejemplo de la Agencia Tributaria sería suficiente para marcar un nuevo rumbo – o la contumacia de las Cortes y los parlamentos autonómicos confundiendo la adecuación de la ley a su tiempo con una inentendible vocación de enmarañar el corpus normativo.

Sólo de esa manera puede aspirarse a que los juicios paralelos ganen y ganen presencia mientras se dilata, ad eternum, la aclaración de responsabilidades de los encartados en decenas de casos, entre los que los de corrupción política y malversación del erario son los más llamativos, cuando no aquellos relacionados con causas más terrenales en las que bienes privados o derechos personales son violentados.

Entre tanto, en los tiempos del ruido mediático, del aluvión de fuentes informativas y de la imparable tendencia de unos simplificando los mensajes y de otros aceptando que mejor un frasco de titulares en píldoras que un puchero de contenidos que obligue a una cierta digestión, no se atisba una voluntad – ni de la industria periodística, ni de una sociedad refractante al análisis, el debate sosegado y al pensamiento complejo – de devolver a cada uno a su papel.

Imagen: 123rf

 

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