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Panamá

Panamá, Panamá

La publicación de los llamados ‘Papeles de Panamá’ en un consorcio de medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos los españoles El Confidencial y La Sexta, ha provocado el enésimo revuelo sobre la dimensión mundial del patrimonio oculto a las haciendas nacionales a través de las decenas de paraísos fiscales que en el mundo hay.

Miles de documentos pertenecientes a clientes del despacho de abogados Mossack Fonseca han sido desvelados a través de una filtración a la que accedió inicialmente el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, poniendo de relieve que el alcance de la actividad financiera que escapa al control del fisco de cada país escapa de cualquier estimación que pudiera considerarse ‘razonable’.

Como ocurrió con la publicación de los cables del Departamento de Estados de Estados Unidos en noviembre de 2010, la información aflorada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha permitido conocer el modo de hacer negocios ocultos de jefes de gobierno y de estado, líderes políticos, empresarios, artistas o deportistas —gentes siempre asociadas a la élite de lo suyo— a través de una fórmula tan vieja como ya sabida: un bufete radicado en un país complaciente con estas prácticas y una red de ‘anónimos’ testaferros que prestan su identidad para hacer la función de pantalla mientras el hilo salta de un continente a otro tejiendo un recorrido que el hilo de Ariadna no habría igualado.

El ‘modus operandi’ se ha asociado históricamente al legendario secreto de la banca suiza, aunque desde los años cincuenta del siglo pasado se ha ido perfeccionando, mientras crecía y crecía al calor de la proliferación de estados y territorios autónomos en los que hallaba acomodo. Listar una (todavía) inexistente organización internacional de refugios fiscales obligaría a cualquier profano en geografía a dotarse de un detallado atlas.

El análisis de la búsqueda es tan descorazonador como didáctico. Así hemos venido a enterarnos de la existencia de Niue, una pequeña isla un poco más pequeña que El Hierro y con una población que malamente llenaría un fondo del estadio Heliodoro Rodríguez López. Estado de libre asociación con Nueva Zelanda (no es miembro de la ONU), Niue tiene verdadera relevancia en sus antípodas porque la OCDE lo incluye en su lista de paraísos fiscales.

Curiosidades geográficas al margen, la revelación de los papeles de Panamá —cuya ‘pieza’ más importante ha sido la dimisión de José Manuel Soria como ministro— devuelve a un plano de actualidad del que, por otra parte, no ha desaparecido del todo en tiempo reciente, la magnitud y complejidad de los flujos de capital cuando se mueven en el fino alambre de la elusión fiscal (los casos de Google y otras multinacionales enormes son conocidos), tanto como cuando lo hacen tras un velo de ocultación que nunca deja de asombrar.

 

Foto: Flickr (crédito: dronepicr)

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Economía umergida: ¿legal o ilegal?

Economía sumergida: por qué trabajar al margen de la ley

Realizar una actividad económica al margen de la regulación es una práctica tan vieja como la humanidad, porque primero fue la transacción —inicialmente limitada al mero intercambio en especie o servicios y luego perfeccionada por el pago mediante unidades de cuenta, tangibles o no— y más tarde llegaron las normas asociadas a la práctica mercantil: un diezmo para el señor, una tasa por cruzar el puente que daba acceso al burgo… hasta establecerse los sistemas impositivos modernos que conocemos a este lado del mundo.

Así que ganarse el sustento sin renunciar a que una parte del valor que obtenemos por nuestro trabajo, o por la venta de un bien, quede en manos de un tercero llamado administración pública es una tentación que la mayoría orilla y una minoría más o menos amplia —según la época o las circunstancias— no desdeña. A eso lo llamamos economía sumergida y es en época de crisis, justo cuando las arcas del erario más andan necesitadas de alimentación, cuando regresa al primer plano de la plaza pública.

En tiempos de tribulación no hacer mudanza” reza una máxima acuñada por San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús no se refería, como pudiera pensarse, a un simple cambio de residencia. Aludía el sacerdote navarro a la capacidad de resistencia recomendable frente a ciertos embates de la vida terrena personificados en los poderes públicos.

El principio de no atender a la coacción del estado casaría, siguiendo la lógica jesuítica, como una posible explicación a la aparente persistencia de un alto índice de economía informal en España, como reflejó el último informe del sindicato de técnicos de Hacienda Ghesta al cuantificar en unos 250 mil millones de euros el dinero movido en 2012 sin tributación alguna.

No conviene, ni se puede, empero, reducir las causas del mal a una pretendida virtud del español —profesional o empresa— por caminar fuera del sendero mientras una mayoría silenciosa de asalariados o autónomos cumple con sus obligaciones. Más allá de las simplificaciones, debemos reflexionar sobre la naturaleza de una práctica —unas veces simple elusión, pero la más completa evasión— que la asimilación de nuestro país al escenario legislativo y nivel de riqueza del resto de Europa no ha conseguido reducir en el mismo nivel que sí se ha conseguido para la convergencia de otras variables.

Ante esa propuesta de lectura, parece recomendable llamar la atención sobre el ‘medio natural’ en el que viven quienes —a sabiendas o por mero desconocimiento— optan por ejercer su trabajo sin cumplir con las obligaciones requeridas en cada caso: altas de actividad, tributación por todos sus ingresos reales o pago de licencias informáticas, por citar algunas de las más comunes.

El hábitat del defraudador ‘profesional’ o sobrevenido por sus circunstancias particulares es un prado en el que multinacionales de todo tipo eluden la fiscalidad mediante el traspaso de sus beneficios a refugios fiscales —algunos, paradójicamente, en territorio de la Unión Europea— y la mayoría de los cargos públicos implicados en casos de corrupción sólo pagan sus delitos, en el mejor de los casos, con penas de cárcel.

Eso por no hablar del criterio seguido por cualquier nivel de la administración para decidir en qué y cómo gasta el dinero recaudado de los impuestos a particulares y empresas. Son tantos y variados los ejemplos de despilfarro que por más que el dispendio, paradójicamente, también acabe por generar consumo y movimiento económico queda en el común de los ciudadanos la sensación de que con su dinero se ha contribuido a pagar una fiesta a la que ni fue invitado, ni de la que quiere participar.

Más allá de la discusión sobre el adecuado nivel de presión fiscal que deben soportar los españoles y al margen del debate sobre subidas o bajadas de impuestos, es necesario avanzar con la pedagogía. Con aquella teoría que en los primeros años ochenta se resumía en el recordado lema publicitario ‘Hacienda somos todos’, que fue fundamental para instaurar una cierta conciencia de corresponsabilidad fiscal de la que carecíamos secularmente.

Pero también con una práctica de ejemplaridad en el uso y cuidado de los dineros públicos —incluida la sanción a quien malgasta y la persecución a quien defrauda a gran escala— que nos evite la peligrosa tentación de hacernos aquella pregunta fatídica: “Para qué pagar impuestos si luego son otros los que se lo llevan crudo”.

Foto: 123rf

 

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Sobre inspecciones y fraudes

Sobre inspecciones y fraudes

La crisis económica en la que vivimos desde que asomaran los primeros síntomas de la enfermedad en 2007 ha traído de nuevo al debate público la consideración del fraude a la Hacienda Pública como uno de los mayores males que aqueja a nuestra sociedad. El fraude fiscal, como expresión última de la economía sumergida y de la voluntad de eludir sus obligaciones tributarias de miles de particulares y empresas, sería entonces el maligno contra el que luchar.

A cuenta de la lucha contra el fraude -y del manejo de unas y otras proyecciones tan  bienintencionadas como poco fundamentadas- se ha terminado por instalar una conclusión que de limitada sirve para acomodar pensamientos y evitarnos mayores reflexiones: atajado el fraude, acabada la crisis. Afloradas y cobradas las deudas tributarias, el estado del bienestar volvería a ser completamente viable.

Cabe reconocer que la tentación de aplicar soluciones simples a problemas complejos es una práctica inmemorial que a los postulantes ahorra mayores disquisiciones y a los seguidores ulteriores análisis. La experiencia, empero, demuestra que si los problemas de la vida terrenal fueran de tan sencilla resolución, el tránsito por el mundo desarrollado no sería el ‘vía crucis’ que comporta el ejercicio de poner en práctica un servicio público o el cumplimiento de las leyes.

No obstante, el poder ejecutivo sigue empeñado en matar moscas a cañonazos. Vendría bien traído el refrán al saberse de la actuación de la Agencia Tributaria en las cuatro provincias gallegas, donde ha visitado cientos de despachos de abogados a la búsqueda de dinero negro u otras manifestaciones de posibles incumplimientos de la Ley General Tributaria.

Inspectores y subinspectores de la Agencia Tributaria se han personado en decenas de bufetes de la región reclamando facturas, movimientos bancarios y libros contables, en un desaforado ejercicio de revisión, que, por lo pronto, convierte al letrado -como antes a cualquier empresario o profesional- en un sujeto a priori sospechoso de haber incurrido en falta administrativa o delito penal en tanto no demuestre su inocencia.

Tiene guasa, además, que en este inaudita inversión de la carga de prueba, usted, después de cumplir una tras otra las obligaciones registrales, informativas o liquidadoras, deba demostrar que ni defrauda al Erario, ni tiene voluntad de hacerlo. A Hacienda, a lo que se ve, le parece poca cosa que un despacho de abogados siga las pautas a la que viene obligado en cuanto sujeto tributario.

La actuación de los ‘hombres de Montoro’ tendría, otra vez, más de efecto ejemplarizante que chicha, más ruido que nueces, un ejercicio de fuego con pólvora del rey que, ya se sabe, pagamos todos precisamente con esos (elevados) impuestos. En el ánimo de este ministro ya ha quedado acreditadamente demostrada su irrefrenable manía de poner en cuestión la honorabilidad y la buena ciudadanía ora de un colectivo, ora de otro. Antes, cineastas o periodistas, ahora los abogados.

Entre tanto, recuperemos la primera acepción que da el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) al verbo (transitivo) defraudar: “Privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho”. Y expliquemos que conviene traerla al caso para preguntarnos cuál es la política del Gobierno -de éste o de cualquiera otro que gestione recursos del común- para no vernos privados de nuestro derecho como contribuyentes a esperar del gobernante el deber, ‘in vigilando’, de velar por el desempeño de cualquier empleado público con la debida diligencia.

Porque más allá de garantizarse el cumplimiento de un horario laboral o la presencia en el centro de trabajo mediante la negación de ciertas bajas médicas -combatiendo un fraude que efectivamente existía- existe otro fraude -y por no cuantificado no deja de serlo-, respecto del abuso de la confianza o la infidelidad de las obligaciones propias de las que habla el DRAE.

Si se trata de prevenir y fomentar la ejemplaridad, bárrase también el patio y exíjase que el trabajo desarrollado cumpla con un programa de tareas y tiene, al fin, un sentido y una utilidad para la sociedad. ‘Do ut des’, nada más y nada menos.

Imagen: 123rf

 

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