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Abogados en riesgo

Abogado: profesión (también) de riesgo

La constitución el mes pasado del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo (OIAD) ha traído al escenario público la situación de vulnerabilidad en el ejercicio profesional de cientos de letrados de todo el mundo, especialmente en aquellos países donde el respeto a la ley y a los derechos humanos es frecuentemente allanado. Así, el objetivo primero del OIAD será hacer un control continuo y global de nuestra profesión, además de prestar asistencia en los casos en los que peligre la integridad física o laboral de los colegas que se vean amenazados.

En la iniciativa ha tenido un protagonismo decisivo el Consejo General de la Abogacía Española. Junto a organizaciones homólogas de Francia e Italia, la recién nacida institución ya ha tenido un protagonismo especial en el último Congreso Mundial contra la Pena de Muerte y en el seguimiento de algunas audiencias celebradas en Turquía contra medio centenar de abogados encausados tras el fallido intento de golpe de estado de julio, resuelto con miles de detenciones con preocupantes indicios de arbitrariedad.

El objetivo del OIAD es mantener un seguimiento permanente de la actuación de los abogados en países con conflictos armados, o derechos limitados, para proporcionarles asistencia cuando se encuentren en una situación donde la vida, las libertades personales o el ejercicio de la profesión se vean especialmente en riesgo. A la vista de la cantidad de escenarios en los que pueden inscribirse estas amenazas, es de temer que al recién nacido OIAD no le van a faltar ocasiones para hacerse notar.

Por más paradójico que pueda parecer, la mejora de los índices de desarrollo en todo el planeta —o la consolidación de la democracia en un número de estados mayor respecto a tres o cuatro décadas atrás— no ha venido de la mano de una mejoría en la misma proporción del simple respeto a la ley o al conjunto de derechos básicos de personas y grupos aceptados por la comunidad internacional tras el nuevo orden surgido con el final de la II Guerra Mundial y el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas.

No puede sorprender, entonces, que sea obligado para los países donde el edificio legislativo tiene los cimientos más resistentes promover herramientas que sitúen en el foco de la opinión pública la lesión de derechos. O a la ‘simple’ agresión al derecho, que no sería poco, en cualquier caso. El precedente más conocido de Reporteros Sin Fronteras como defensora de un periodismo sin trabas de regímenes dictatoriales, organizaciones criminales o grupos de presión con intereses oscuros puede ser una referencia muy útil para nuestro gremio que, también y a nuestro pesar, pasa por ser trabajo peligroso en más sitios de los que podríamos imaginar.

 

Foto: Pixabay

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Justicia Penal Internacional

La Justicia Penal Internacional, más necesaria que nunca

Que el siglo XX fue escenario de grandes tragedias humanas, conflictos armados interestatales y de liberación nacional y de emergencias humanitarias es algo de lo que no nos cabe duda si echamos la vista atrás. Estos acontecimientos originaron la toma de conciencia por parte de la comunidad internacional de la necesidad de crear un marco jurídico apropiado para la garantía y el respeto de los derechos fundamentales del hombre, especialmente en lo referido a la paz y la preservación de la humanidad.

La Justicia Penal Internacional, cuyo día conmemoramos cada 17 de julio, es el vehículo para realizar la condición de existencia humana y la coexistencia pacífica en la comunidad internacional (con mayor o menor fortuna, a la vista de los acontecimientos recientes), conforme al paradigma humanitario. Es, en otras palabras, el camino para una justicia que opere, más que como implacable perseguidora de delitos cometidos, como un instrumento efectivo de paz, seguridad, libertad y bien común.

El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI) constituyen uno de los logros más notables de la diplomacia multilateral, y también lo es su contribución a los esfuerzos para que los responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra rindan cuentas ante la Justicia. Aunque el Estatuto de Roma entró en vigor hace poco más de una década, la Corte ya es un tribunal permanente de justicia penal internacional en pleno funcionamiento que emitió en 2012 su primer fallo en el caso Lubanga, una sentencia que constituye una clara contribución al derecho internacional humanitario, en particular en materia de reclutamiento de niños.

Un sistema internacional de justicia penal que complemente y refuerce los sistemas de justicia nacionales resulta fundamental para que las víctimas puedan obtener justicia y reparación y para reconstruir las naciones devastadas por la guerra y apoyar la reconciliación tras los conflictos. Un día de conmemoración como este ha de servir, entre otras cosas, para recordar a quienes reclaman justicia frente a delitos atroces y para homenajear a las personas que trabajan con dedicación y valentía en este campo, recordando las palabras de la Declaración de Kampala que resaltan “la noble misión y la función de la Corte Penal Internacional en un sistema multilateral que tiene como objetivo poner fin a la impunidad, establecer el imperio de la ley, cultivar y fomentar el respeto de los derechos humanos y lograr una paz duradera, de conformidad con el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas“.

 

Foto: Corte Penal Internacional

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