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justicia gratuita

Sobre la justicia gratuita

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha despertado un debate que afecta de lleno a nuestro colectivo y en el que han participado, y lo siguen haciendo, no sólo abogados y otros operadores jurídicos, sino también personas a priori ajenas al universo judicial, conscientes como son de que el asunto les atañe como ciudadanos.

El debate, eso sí, se está llevando a cabo lejos de los despachos donde se toman las decisiones, porque este Gobierno parece estar empeñado en legislar a golpe de decreto, sin escuchar las aportaciones de los afectados. La única manera de meter baza parece ser, pues, hacer mucho ruido y confiar en que les lleguen al menos los rumores del descontento.

Aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio el pasado 12 de julio, los abogados de todo el país se han mostrado en contra de esta Ley, por limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos con menos recursos. En palabras  del Consejo General de la Abogacía Española, el nuevo proyecto “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales”.

Resulta esperpéntico que con un servicio de Justicia Gratuita magnífico, de los mejores de Europa, se proponga una reforma que da varios pasos atrás en referencia a la anterior norma. Un proyecto que se aprueba no sólo en contra de los ciudadanos, sino a espaldas de los abogados, con los que no se ha contado para su elaboración.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que se refiere a la regulación del Turno de Oficio. Con el nuevo proyecto de Ley cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el turno de oficio independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Pero se le exige asimismo que se persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Un abogado residente en Canarias y adscrito al turno de oficio en el Colegio de Cádiz difícilmente cumplirá dicho plazo, sea cuales sean las circunstancias.

Por otra parte, el nuevo texto incrementa aún más si cabe la burocracia, al mantener la duplicidad en la tramitación de expedientes y vincula el acceso a la justicia gratuita a la Ley de Tasas, vulnerando así un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Asimismo, al extender el derecho a Justicia Gratuita a determinados colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos, el proyecto de Ley no hace más que perjudicar el criterio de igualdad de los ciudadanos, al tiempo que cuestiona de forma importante la propia viabilidad económica del servicio a corto plazo. (La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en más de 43 millones de euros en los cuatro últimos años. Esta rebaja ha sido fundamentalmente a costa de recortar año tras año las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio).

El análisis jurídico del Consejo General concluye que “el proyecto de Ley es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa”.

En definitiva, parece que todas las partes estamos de acuerdo en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma para adecuarla a nuestra realidad socioeconómica, pero el texto propuesto por el Gobierno, al que cabe añadir la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana no hacen otra cosa que dificultar aún más el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

Imagen: 123rf

 

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Registradores

Privatización por decreto

El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para traspasar el Registro Civil a los registradores mercantiles.

No es una sorpresa, ni ha resultado ser un globo sonda de los que tanto parecen gustar a este Gobierno: finalmente, el Consejo de Ministros envía al BOE un Real Decreto que pone en manos privadas la vida jurídica de los españoles. Antes, eso sí, se han digitalizado todos los archivos desde 1870, con un coste de unos 130 millones de euros a los que invita la casa.

La Ley 20/2011 del Registro Civil aprobada en la etapa del PSOE, desjudicializaba el Registro Civil, pero no dejaba claro qué funcionario se haría cargo del Registro. Lo cierto es que no tenía mucho sentido que la custodia de los nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles estuvieran en manos de los Jueces, como hasta ahora. Lo lógico habría sido, tal vez, traspasarlos a los secretarios judiciales, pero parece ser que la lógica no es suficiente a la hora de tomar una decisión de este calado.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva meses de tiras y aflojas intentando que el Registro Civil pase a manos de los registradores, pero el descontento de secretarios judiciales, sindicatos y juristas hacían que nunca terminara de concretarse. Ha tenido que ser “por Decreto”, una vía que, constitucionalmente, está reservada para casos de urgencia y necesidad y que en este caso el ministro ha usado para dar su particular golpe en la mesa: “porque lo digo yo, que soy tu padre”. En las deliberaciones sólo se ha contado con un pequeño núcleo de registradores que tampoco parecían estar del todo de acuerdo con la decisión.

De hecho, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ya ha mostrado su desacuerdo mediante un comunicado, en el que, además de adherirse a las razones esgrimidas por el resto de operadores jurídicos, señalan la dificultad y el coste que les supondrá enfrentarse al nuevo sistema informático “sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo y mantenimiento”.

El ministerio de justicia se ha comprometido a recolocar en los juzgados a los funcionarios que trabajan en los Registros Civiles, pero sólo podrán hacerlo en las Comunidades Autónomas en las que las competencias de Justicia no han sido transferidas. En el resto no hay ningún compromiso, de la misma manera que tampoco lo hay para garantizar la continuidad de los interinos que trabajan en juzgados y tribunales.

Por lo demás, no parece muy sensato mejorar la plataforma con cargo al erario público para inmediatamente traspasarla a manos privadas, no sólo por lo delicado de la mercancía (los datos privados de los ciudadanos) sino también por el coste que supondrá la adaptación y el manejo de estos datos.

El ministro recalca que los trámites serán gratuitos, aunque no son pocos los que lo dudan, y con razón: la tramitación de los documentos y las gestiones tendrán un coste, que podrá ser sufragado por el ciudadano o por el Estado, en forma de aranceles a esas empresas privadas. Pero bueno, eso sólo son daños colaterales.

Imagen: 123rf

 

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