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La justicia funciona

Justicia: y sin embargo, funciona

El gobierno en democracia s贸lo se puede concebir desde la separaci贸n de poderes consagrada por las constituciones modernas, de entre las que la estadounidense de 1787 se suele poner como reflejo del especial empe帽o que tuvieron los padres fundadores de aquella naci贸n para limitar la capacidad de maniobra de cada pata del estado.

Conviene hacer esta precisi贸n para entender que la responsabilidad del funcionamiento de un pa铆s y sus instituciones p煤blicas no puede considerarse aisladas unas de otras, como -menos a煤n- se pueda colegir que la gesti贸n este o aquel mal es asunto exclusivo de la administraci贸n que en 煤ltimo t茅rmino debe hacerle frente.

El crecimiento reciente del conocimiento que hemos tenido de casos de corrupci贸n -pol铆tica o no, que tambi茅n los ha habido llamativos- ha puesto de nuevo en el primer plano del debate la supuesta incapacidad de nuestro sistema judicial para perseguir 鈥攜 llegado el caso, sancionar- comportamientos de individuos u organizaciones que lesionan el inter茅s com煤n mediante el uso fraudulento de fondos p煤blicos o defraudando al erario mediante la evasi贸n fiscal.

Este terremoto social ha subido un par de grados en intensidad desde que determinados voceros apocal铆pticos lo han convertido en tendencia en las redes sociales y en ese fen贸meno tan nocivo para el pensamiento cr铆tico y el an谩lisis detenido en el que se han revelado ciertas tertulias medi谩ticas, en las que tan pronto se habla de la crisis del 茅bola, como de derecho internacional o del posado de una nave espacial sobre un cometa.

Es ese incremento de 鈥榮ismicidad鈥 el que ha avivado la exigencia de penas r谩pidas y ejemplares. Por ejemplo entre los dos grandes partidos pol铆ticos anunciando ‘tolerancia cero’ con los suyos afectados por malas pr谩cticas -驴no era supuestamente mientras no se demuestre lo contrario?-, mientras las prisas les hacen caer a continuaci贸n en la contradicci贸n l贸gica que implica hacer tabla rasa ante casos que a煤n no han pasado de la investigaci贸n policial y est谩n, por tanto, en una incipiente fase de instrucci贸n.

Llegados a este punto, 鈥todo es bueno para el convento鈥 con tal de encontrar en las preteridas fallas del sistema judicial una explicaci贸n para esto o aquello.

No obstante, el descubrimiento de estos casos es la primera evidencia de que el 鈥榮istema鈥 tan denostado funciona. Por la voluntad de la polic铆a judicial para investigar y esclarecer la comisi贸n de il铆citos, la del ministerio p煤blico para perseguir, la del juez para instruir y la de un tribunal para sentenciar.

Otra cosa es que el andamiaje legislativo que nos hemos dado impida que los tiempos se acomoden al aparente deseo del com煤n de una sociedad que corre el riesgo, cierto, de escorarse hacia la imposici贸n de r谩pidos castigos ejemplares como v铆a expeditiva para acabar con la corrupci贸n.

Y aqu铆 volvemos, obligado resulta, a la separaci贸n de poderes. Para recordar que las leyes que la justicia aplica reflejan la voluntad del legislador que las formula, debate y aprueba. Y una segunda precisi贸n, no menos importante. Los medios con los que la justicia se maneja para perseguir la corrupci贸n -como cualquier otra cuesti贸n punible- son los que el poder ejecutivo (a trav茅s del Gobierno central o las comunidades aut贸nomas) decide anualmente.

Esto es que las limitaciones de la estructura -en cuyo funcionamiento incide decisivamente disponer de m谩s o menos medios materiales y de m谩s o menos investigadores o personal en las oficinas judiciales- o los repetidamente denunciados 鈥榗ors茅s鈥 legislativos -por citar uno solo, el mantenimiento de la instrucci贸n en manos de los jueces- afectan m谩s de lo que no alcanza una apresurada 鈥榬eflexi贸n鈥 tertuliana.

Y, sin embargo, la Justicia se mueve. Verbigracia, una popular tonadillera est谩 a punto de ingresar en prisi贸n conforme a una sentencia firme y antes lo hizo el ex presidente de una comunidad aut贸noma de acuerdo a otra de la misma naturaleza. Y bien sea en la Audiencia Nacional o en el juzgado de primera instancia m谩s perdido, miles de instrucciones avanzan. M谩s lentamente de lo que ser铆a deseable, qu茅 duda cabe, aunque poner el foco en el efecto sin analizar antes la causa nos haga tomar la parte por el todo en un simplista -y poco recomendable- ejercicio de demagogia.

 

Foto: FutureImageBank

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Ejemplaridad y ley

Sobre la ejemplaridad como ley

El crecimiento cuasi exponencial que de casos de corrupci贸n pol铆tica y financiera venimos conociendo en las 煤ltimas semanas ha terminado por hastiar a la opinion p煤blica y a la sociedad en general. El bar贸metro del Centro de Investigaciones Sociol贸gicas (CIS) de octubre pasado revela que el segundo de los principales problemas que sufre nuestro pa铆s es la corrupci贸n y el fraude.

Que la primera de las inquietudes (para un 76% de los encuestados) siga siendo el paro llama poco la atenci贸n a estas alturas. Lo ha sido ininterrumpidamente desde septiembre de 2008 -cuando los efectos tempranos de la crisis comenzaron a hacerse conscientes en el com煤n de los ciudadanos- y a煤n antes compet铆a con la muy similar de 鈥渓os problemas de 铆ndole econ贸mica鈥.

Al margen del meneo que se adivina en la intenciones directa y estimada de voto si hoy se celebraran unas elecciones generales (ca铆da del PP y eclosi贸n definitiva de Podemos como alternativa real de gobierno, las m谩s llamativas), lo novedoso de la 煤ltima muestra destaca cuando ponemos en comparaci贸n la referida valoraci贸n de la corrupci贸n y el fraude como problemas nacionales. Hoy lo es para el 42,3 por ciento de los preguntados cuando hace 鈥榮贸lo鈥 dos a帽os lo era鈥 para el 9,5%.

Esa casi quintuplicaci贸n del problema no llama a nada bueno. Los 煤ltimos cosos publicados han tra铆do, en general, m谩s lo mismo: poca asunci贸n de responsabilidades y una frecuente derivaci贸n hacia el sistema judicial para sustanciar culpabilidades o inocencias. Volvemos a o铆r y leer que los controles previos no funcionan, que las macrocausas por corrupci贸n se eternizan y que el castigo, cuando acaba llegando, no supone la devoluci贸n de lo sisado al erario.

Como guinda para el pastel, unos y otros se apresuran a anunciar modificaciones legislativas -tan necesarias como insuficientes porque se toma, de nuevo, la parte por el todo-, publicitan c贸digos 茅ticos de 煤ltima hora y dan bombo a pretendidas medidas de cirug铆a de urgencia como la impostada creaci贸n de 282 nuevas plazas de jueces y magistrados鈥 de las que 280 son, simplemente, la consolidaci贸n estatutaria de quienes ya la ejerc铆an en la interinidad derivada de una comisi贸n de servicio, una sustituci贸n o un refuerzo.

Entre tanto ruido, entre esa propensi贸n tan nuestra a arreglar los problemas a fuerza de m谩s regulaciones, m谩s personas y m谩s mesas, aparece por la puerta de atr谩s el discurso de la p茅rdida de valores como explicaci贸n a esta hemorragia de dispendio del dinero p煤blico sobre la que, 鈥mutatis mutandi鈥, hemos construido una Espa帽a en la que pocos queremos ya reconocernos.

Valores sobre los que llevamos d茅cadas educando (en la escuela, no tanto en casa, seg煤n se ve), tipificando (v铆a leyes, c贸digos o reglamentos) o vendiendo cosas y servicios (la socorrida responsabilidad social corporativa como un pa帽o que puede dar brillo a cualquier actividad econ贸mica). Valores, al cabo, que no parecen haber surtido demasiado efecto en un cuerpo social que tanto perdona que se copie en un examen o se salte una cola, como mira para otro lado cuando de no pagar un impuesto se trata si se nos asegura que nadie nos va a pescar.

Se ha intentado, tambi茅n en esto, tasar los valores pretendiendo -en un ejercicio a caballo entre la ingenuidad y la simple complacencia- que al poner negro sobre blanco e imprimir un c贸digo -隆otro!- de buenas conductas acabar铆amos con el mal. Y si as铆 fuera sobrar铆amos, pongamos por caso, los abogados de tan claro que tendr铆a la sociedad que con respetar lo pautado ser铆a suficiente para no lesionar derechos de otros o los mismos de la colectividad.

Al fondo de la vuelta al debate sobre los valores -tan necesario como est茅ril聽 hasta ahora- comienza a asomarse el de un concepto que, llegados a este estadio, puede que sea mucho m谩s productivo. Y no es otro que recuperar el t茅rmino de ejemplar (en su primera acepci贸n: 鈥淨ue da buen ejemplo y, como tal, es digno de ser propuesto como modelo鈥) como premisa de actuaci贸n en las cosas del d铆a a d铆a, sea cual sea el 谩mbito en el que se act煤a.

M谩s en esto de c贸mo se maneja la cosa p煤blica, donde a fuerza de orillar la ley y eludir la responsabilidad personal con la socorrida evasiva de tener 鈥渓a conciencia tranquila鈥 o de carecer de 鈥渟entido de culpabilidad鈥, hemos olvidado la ejemplaridad -sobre la que, a Dios gracias, no se puede ni se debe legislar en cuanto es cualidad intim铆sima e indelegable-, corriendo el riesgo, cierto, de confundirla con el sentido del puro escarmiento.

Y de escarnio en escarnio, carentes de vidas y comportamiento p煤blicos ejemplares que poder hacer nuestros, s贸lo caminaremos en una rueda mareante e insoportable de frustraci贸n al ver que aplicando los remedios al uso no curamos el mal y, si acaso, s贸lo lo paliamos.

Foto: 123rf

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Corrupci贸n y medios

Corrupci贸n en los medios: 隆m谩s madera!

La 煤ltima semana de octubre pasar谩 al archivo como una suerte de 鈥榝en贸meno multimedi谩tico adverso鈥 (FMA) al que fue dif铆cil hacer frente. El lunes 27 amanecimos con casi medio centenar de detenciones efectuadas por la Guardia Civil en el marco de la Operaci贸n P煤nica, tutelada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Cay贸 Francisco Granados (ex secretario general del PP madrile帽o) y tras 茅l un variopinto grupo de pol铆ticos, asesores de pol铆ticos, funcionarios y empresarios enredados, presuntamente, en una trama de negocios fraudulentos con la administraci贸n que incurrir铆an en hasta una decena de il铆citos penales.

A los pocos minutos de las primeras detenciones lleg贸 la habitual conjunci贸n de titulares de prensa, aperturas de informativos televisivos y tertulias radiof贸nicas, s贸lo que esta vez -por uno de esos fascinantes fen贸menos de viralidad que nos ha tra铆do el mundo de Internet- alcanz贸 el FMA un grado de virulencia tal que los m谩s esc茅pticos adivinaban el 鈥榓cabose鈥 de una 茅poca y los m谩s encendidos so帽aron con una deserci贸n masiva de la clase dirigente de la que abominan.

Ni tanto ni tan calvo. El martes, y los siguientes d铆as, volvi贸 a amanecer. Como cada ma帽ana, el pa铆s se puso otra vez en marcha -aunque parar, lo que se dice parar, nunca para- y el engranaje que mueve actos y actuaciones de todo orden y naturaleza funcion贸 a la velocidad habitual.

No obstante, la Operaci贸n P煤nica nos ha tra铆do consecuencias: las unas habituales, las menos, llamativas por cuanto desconocidas. Entre las primeras, esa propensi贸n tan nuestra a realizar la instrucci贸n de una causa judicial a fuerza de sentencias -en su segunda acepci贸n de la Real Academia de la Lengua: 鈥Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad鈥- para las que tanto vale como medio de emisi贸n la barra de un bar, una comida familiar, una red social o un micr贸fono.

Sentenciando, sentenciando, en una escasa semana tendr铆amos resuelto un proceso que, como tantos otros de la misma naturaleza, se adivina largo y complejo. Es lo que tienen estos tiempos en los que el derecho a opinar de todo -deprisa, deprisa- arrasa con la recomendable disposici贸n a formarse 鈥榚x ante鈥 una cierta valoraci贸n de los hechos sobre los que nos animamos a pontificar.

Pero puede que sea a煤n m谩s llamativo, a ojos de jurista, el novedoso efecto del FMA de la semana pasada. Acuciado, sin duda, por la opini贸n p煤blica y publicada, hemos visto ganar fuerza -hasta un l铆mite nunca imaginado en tiempos recientes- la idea de que a los detenidos o imputados en la causa derivada de la Operaci贸n P煤nica -y por analog铆a, a lo que se ve, en pr贸ximas causas, como antes en el caso de las tarjetas 鈥榖lack鈥 de Caja Madrid y Bankia– primero se les debe echar del partido en el que militan鈥 que luego ya se ver谩.

Por muy recomendable, demosc贸picamente hablando, que parezca esta forma de obrar no deber铆a olvidarse la colisi贸n que implica con el principio de presunci贸n de inocencia que arma nuestro sistema legal. O con las debidas garant铆as de audiencia y derecho a una defensa justa, por m谩s que finalmente se pruebe su culpabilidad.

Esta pretendida soluci贸n 鈥榗auterizadora鈥 nos devuelve a las peores formas de la aplicaci贸n de la justicia. En un escenario donde a veces se tiene la sensaci贸n de que s贸lo manda el聽 鈥trending topic鈥, el 鈥prime time鈥 o la comuni贸n de titulares alarmistas, se tiende a tomar la parte -el preocupante y repetido descubrimiento de tramas de corrupci贸n en el manejo de fondos del erario- por el todo de un aparente cataclismo que bloquear铆a el normal funcionamiento del sistema de valores y gobierno que nos hemos dado.

Las prisas -dice un aforismo de paternidad desconocida- son para los malos toreros y los delincuentes. Para los primeros porque no torean bien y para los segundos porque son perseguidos por la Polic铆a鈥. Esto 煤ltimo, a Dios gracias, parece evidente. Y lo que le antecede, siendo la tauromaquia nuestro sistema judicial, deviene consejo sabio y pertinente.

No son los tribunales la v铆a para acabar con la corrupci贸n, como para sancionarla, porque el origen de esta lacra est谩 en la (nula) honestidad de quien est谩 dispuesto a corromper o a ser corrompido. Y el combate contra esta enfermedad, como tantas patolog铆as, empieza en casa, sigue en la escuela y acaba en un edificio com煤n llamado sociedad. Sin pausa, sin imposturas de 煤ltima hora, sin limitarnos a escandalizarnos c铆nicamente mientras volvemos a lo de cada uno.

Y, tambi茅n, sin prisas de malos toreros.

 

Foto: 123rf

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Econom铆a umergida: 驴legal o ilegal?

Econom铆a sumergida: por qu茅 trabajar al margen de la ley

Realizar una actividad econ贸mica al margen de la regulaci贸n es una pr谩ctica tan vieja como la humanidad, porque primero fue la transacci贸n 鈥攊nicialmente limitada al mero intercambio en especie o servicios y luego perfeccionada por el pago mediante unidades de cuenta, tangibles o no鈥 y m谩s tarde llegaron las normas asociadas a la pr谩ctica mercantil: un diezmo para el se帽or, una tasa por cruzar el puente que daba acceso al burgo鈥 hasta establecerse los sistemas impositivos modernos que conocemos a este lado del mundo.

As铆 que ganarse el sustento sin renunciar a que una parte del valor que obtenemos por nuestro trabajo, o por la venta de un bien, quede en manos de un tercero llamado administraci贸n p煤blica es una tentaci贸n que la mayor铆a orilla y una minor铆a m谩s o menos amplia 鈥攕eg煤n la 茅poca o las circunstancias鈥 no desde帽a. A eso lo llamamos econom铆a sumergida y es en 茅poca de crisis, justo cuando las arcas del erario m谩s andan necesitadas de alimentaci贸n, cuando regresa al primer plano de la plaza p煤blica.

En tiempos de tribulaci贸n no hacer mudanza鈥 reza una m谩xima acu帽ada por San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compa帽铆a de Jes煤s no se refer铆a, como pudiera pensarse, a un simple cambio de residencia. Alud铆a el sacerdote navarro a la capacidad de resistencia recomendable frente a ciertos embates de la vida terrena personificados en los poderes p煤blicos.

El principio de no atender a la coacci贸n del estado casar铆a, siguiendo la l贸gica jesu铆tica, como una posible explicaci贸n a la aparente persistencia de un alto 铆ndice de econom铆a informal en Espa帽a, como reflej贸 el 煤ltimo informe del sindicato de t茅cnicos de Hacienda Ghesta al cuantificar en unos 250 mil millones de euros el dinero movido en 2012 sin tributaci贸n alguna.

No conviene, ni se puede, empero, reducir las causas del mal a una pretendida virtud del espa帽ol 鈥攑rofesional o empresa鈥 por caminar fuera del sendero mientras una mayor铆a silenciosa de asalariados o aut贸nomos cumple con sus obligaciones. M谩s all谩 de las simplificaciones, debemos reflexionar sobre la naturaleza de una pr谩ctica 鈥攗nas veces simple elusi贸n, pero la m谩s completa evasi贸n鈥 que la asimilaci贸n de nuestro pa铆s al escenario legislativo y nivel de riqueza del resto de Europa no ha conseguido reducir en el mismo nivel que s铆 se ha conseguido para la convergencia de otras variables.

Ante esa propuesta de lectura, parece recomendable llamar la atenci贸n sobre el 鈥medio natural鈥 en el que viven quienes 鈥攁 sabiendas o por mero desconocimiento鈥 optan por ejercer su trabajo sin cumplir con las obligaciones requeridas en cada caso: altas de actividad, tributaci贸n por todos sus ingresos reales o pago de licencias inform谩ticas, por citar algunas de las m谩s comunes.

El h谩bitat del defraudador 鈥榩rofesional鈥 o sobrevenido por sus circunstancias particulares es un prado en el que multinacionales de todo tipo eluden la fiscalidad mediante el traspaso de sus beneficios a refugios fiscales 鈥攁lgunos, parad贸jicamente, en territorio de la Uni贸n Europea鈥 y la mayor铆a de los cargos p煤blicos implicados en casos de corrupci贸n s贸lo pagan sus delitos, en el mejor de los casos, con penas de c谩rcel.

Eso por no hablar del criterio seguido por cualquier nivel de la administraci贸n para decidir en qu茅 y c贸mo gasta el dinero recaudado de los impuestos a particulares y empresas. Son tantos y variados los ejemplos de despilfarro que por m谩s que el dispendio, parad贸jicamente, tambi茅n acabe por generar consumo y movimiento econ贸mico queda en el com煤n de los ciudadanos la sensaci贸n de que con su dinero se ha contribuido a pagar una fiesta a la que ni fue invitado, ni de la que quiere participar.

M谩s all谩 de la discusi贸n sobre el adecuado nivel de presi贸n fiscal que deben soportar los espa帽oles y al margen del debate sobre subidas o bajadas de impuestos, es necesario avanzar con la pedagog铆a. Con aquella teor铆a que en los primeros a帽os ochenta se resum铆a en el recordado lema publicitario 鈥楬acienda somos todos鈥, que fue fundamental para instaurar una cierta conciencia de corresponsabilidad fiscal de la que carec铆amos secularmente.

Pero tambi茅n con una pr谩ctica de ejemplaridad en el uso y cuidado de los dineros p煤blicos 鈥攊ncluida la sanci贸n a quien malgasta y la persecuci贸n a quien defrauda a gran escala鈥 que nos evite la peligrosa tentaci贸n de hacernos aquella pregunta fat铆dica: 鈥Para qu茅 pagar impuestos si luego son otros los que se lo llevan crudo鈥.

Foto: 123rf

 

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