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Justicia Gratuita

Justicia gratuita, justicia maltratada

La Constituci贸n Espa帽ola, en su art铆culo 119, reconoce a los ciudadanos sin recursos el acceso a la asistencia jur铆dica gratuita como medio para lograr el derecho a una tutela judicial efectiva e igualitaria. Este servicio lo prestan en la actualidad unos 43.800 letrados con sus 83 colegios de abogados respectivos (unos 800 colegiados del ICATF est谩n adscritos al Turno).

Pero la asistencia gratuita a presuntos delincuentes viene de muy antiguo: existe constancia de que en 1578 ya hab铆a juristas que defend铆an a los m谩s desfavorecidos de la sociedad y el hecho de que no se cobrara nada por ello – pues hasta hace no mucho la adscripci贸n al turno era obligatoria y no remunerada – nunca fue un impedimento: los abogados trabajaban con la misma dedicaci贸n y la misma ilusi贸n que ahora, en unos tiempos en los que, a decir verdad, las cosas tampoco han cambiado tanto, pues un abogado de oficio recibe una media de 220 euros por proceso, habitualmente seis meses despu茅s de haber finalizado su labor.

En este pa铆s, tan dado a los t贸picos y a los refranes, los hay particularmente crueles 鈥 adem谩s de falsos (habr谩 que reconocer de una vez que la 鈥渟abidur铆a popular鈥 es un t贸pico m谩s) -, como uno antiguo y casi olvidado que reza: “abogado de pobres, poco inter茅s se toma“. En Espa帽a tenemos un magn铆fico sistema de asistencia jur铆dica gratuita que cada a帽o proporciona acceso a la justicia a cientos de miles de ciudadanos gracias al esfuerzo y la dedicaci贸n de abogados libres e independientes de primera calidad.

Pero lamentablemente, el Turno de Oficio s贸lo es noticia en los medios por el incumplimiento sistem谩tico a cargo de las administraciones p煤blicas de sus obligaciones de pago a los profesionales y al Colegio que organiza el servicio, o por las cada vez m谩s numerosas quejas de unos abogados objetivamente maltratados que anteponen su vocaci贸n y su funci贸n social a sus intereses econ贸micos. Y, qui茅n sabe, tal vez sea este el problema: las administraciones p煤blicas saben que el servicio se va a mantener porque los abogados, cobren o no, van a seguir atendiendo a los defendidos, y porque el Colegio de Abogados correspondiente podr谩 presionar, pero no dejar谩 de hacer designaciones de abogados de oficio mientras haya un ciudadano privado de libertad que lo requiera. En estos meses en los que tanto hemos o铆do hablar de l铆neas rojas, aqu铆 est谩 la nuestra: el derecho a la tutela judicial efectiva de la ciudadan铆a, algo a lo que ni los abogados ni los Colegios Profesionales vamos a renunciar. Y las Administraciones p煤blicas lo saben.

Hoy 12 de julio celebramos el D铆a de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio y es importante recordar, en este punto, que la abogac铆a no puede ni debe estar sola en su lucha. Debemos sacar el turno a la calle y hacer part铆cipe a la sociedad de cu谩l es nuestra labor y cu谩les nuestras demandas. Defender entre todos el actual modelo de asistencia jur铆dica gratuita con los Colegio de Abogados garantizando la libertad e independencia de los abogados que la propia instituci贸n designa, frente a cualquier intento de privatizaci贸n o funcionarizaci贸n del servicio, incluso si de ese modo las administraciones lograsen un ahorro marginal que en modo alguno podr铆a compensar la p茅rdida de la libertad e independencia de unos abogados que tienen regularmente que enfrentarse a la misma administraci贸n que asume el coste del servicio.

En definitiva, despertar la conciencia social sobre lo esencial que resulta un servicio p煤blico sometido sistem谩ticamente a un desprecio, unas dilaciones en los pagos, una incertidumbre y unas faltas de consideraci贸n que, gota a gota – como la tortura china – comprometen el derecho a la tutela judicial efectiva de los m谩s necesitados.

 

Foto: ONCE

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Abogado de empresa

驴Es un abogado de empresa menos abogado?

El XXI Congreso Nacional de la Abogac铆a y el I Congreso de la Abogac铆a madrile帽a han devuelto a la actualidad un viejo debate, irresuelto, en el sector jur铆dico de la Uni贸n Europea: 驴Es un abogado de empresa menos abogado? 驴Carece por esta raz贸n del amparo por el secreto profesional?

La cuesti贸n fue tra铆da en una de las ponencias del segundo de estos encuentros por Isabel G贸mez Calleja, abogada de la empresa p煤blica Renfe, recordando que 12 estados reconocen la misma protecci贸n para un letrado sea cual sea la vinculaci贸n con su cliente, mientras otros 13 no la amparan para quienes ejercen la profesi贸n dentro de una compa帽铆a. Para completar la indefinici贸n, un tr铆o adicional de naciones no aclara en su ordenamiento esta controversia.

Parece ocioso a estas alturas recuperar en nuestro pa铆s un debate que nuestro edificio legal resuelve si hilamos lo establecido en el art铆culo 24 de la Constituci贸n Espa帽ola con lo preceptuado en la Ley Org谩nica del Poder Judicial (respecto de la denominaci贸n y funciones del abogado), el Estatuto de la Abogac铆a (art. 32.1) y el mismo C贸digo Penal (Art. 199).

Podr铆a ser peregrina la discusi贸n de no mediar la sentencia del denominado 鈥榗aso Azko鈥 (TJUE, de septiembre de 2010), que estableci贸 que para los abogados de empresa 鈥攅n el 谩mbito del Derecho Comunitario de la Competencia鈥 no existe secreto de empresa. Esto es que han de declarar sobre hechos que le fueran conocidos y no gozan de protecci贸n en caso de inspecci贸n de la Comisi贸n Europea. 驴La tesis del fallo? El abogado de empresa est谩 sujeto a una relaci贸n laboral que limita su independencia.

Lo que en su d铆a pudo colegirse como una posici贸n extempor谩nea con poco recorrido pr谩ctico se agrav贸 en 2012 con la 鈥榮entencia Puke鈥, ahora con un giro surrealista, que fijaba la obligaci贸n de que para recurrir ante el mismo TJUE, el escrito correspondiente fuera firmado por un letrado 鈥渋ndependiente y no vinculado por relaci贸n laboral con su cliente鈥.

鈥楢zko鈥 y 鈥楶uke鈥 revelan, adem谩s de una discutible y muy particular distinci贸n del abogado en funci贸n de que cobre su trabajo a trav茅s de una minuta o de una n贸mina, una urgente necesidad de armonizar el Derecho de la UE en esta materia. Entre tanto, tomamos un apunte del presidente de la Audiencia Nacional, Jos茅 Ram贸n Navarro, para fijar posici贸n: 鈥Todo lo que sea asesoramiento jur铆dico debe estar sometido a secreto profesional, independientemente de cu谩l sea la naturaleza de la relaci贸n profesional鈥.

 

Foto: 123rf

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deber de sigilo

El deber de sigilo y el derecho a la informaci贸n

El ministro de Justicia volvi贸 a pisar hace unos d铆as uno de esos charcos que, pudiendo evitarse, parecen ejercer una atracci贸n fatal para el pol铆tico cuando trata de cumplir con la m谩xima de que hablen de uno, aunque sea para mal.

Dijo Rafael Catal谩: 鈥淧ara evitar las filtraciones se podr谩 sancionar o multar al medio de comunicaci贸n que los difunda”. Expresada tan peculiar idea, bastaron unos minutos para que los medios 鈥攑or aludidos鈥 y las redes sociales 鈥攑or asombradas鈥 se lanzaran sobre el ministro para recordarle que a estas alturas no parece buena pr谩ctica esa de limitar la libertad de prensa.

Aunque fuera peregrino para quien se supone un conocimiento acreditado de nuestro ordenamiento, no est谩 de m谩s recordar que la Constituci贸n Espa帽ola reconoce en su art铆culo 20, el derecho a 鈥渃omunicar o recibir libremente informaci贸n veraz por cualquier medio de difusi贸n鈥: Y remata: 鈥淟a ley regular谩 el derecho a la cl谩usula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades鈥. Luego no se trata de impedir la difusi贸n p煤blica de un hecho o un dato, como de perseguir a quien no pudiendo ponerlo a disposici贸n de un tercero lo hace.

Catal谩 deb铆a saber esto cuando se lanz贸 alegremente a se帽alar al mensajero. Tanto deb铆a de estar al tanto de lo que dice la CE, y la abundante jurisprudencia sobre el Derecho de la Informaci贸n que ha generado durante m谩s de tres d茅cadas el Tribunal Constitucional, que s贸lo as铆 pueda explicarse la rectificaci贸n a la que se vio obligado el d铆a siguiente: 鈥淪贸lo fue una reflexi贸n. No tengo ninguna intenci贸n personal ni de Gobierno de sancionar a los medios鈥.

Con todo, el debate abierto por el ministro de Justicia ha sido cerrado, por 茅l mismo, en falso. Bien podr铆a haber aprovechado la ocasi贸n para reflexionar sobre la pr谩ctica que permite que, una y otra vez, se violente el secreto de un sumario o de determinadas diligencias de la oficina judicial o de la misma polic铆a. Habr铆a reparado, entonces, en la filtraci贸n 鈥攃onfundida interesadamente con la necesaria transparencia de los poderes p煤blicos鈥 como pr谩ctica aceptada que deja sin castigo la cesi贸n a los medios de expedientes que acaban aireados, mientras a煤n pesa sobre ellos el secreto impuesto por un juez.

脡sta de la vigilancia del deber de sigilo es otra de las taras pendientes de reparaci贸n en nuestro sistema judicial. Las m谩s de las veces queda sin investigaci贸n 鈥攓u茅 decir de la sanci贸n鈥, cuando no lesiona los derechos del justiciable 鈥攕ea perseguidor o perseguido鈥 o deja en est茅ril la misma declaraci贸n de secreto.

Lo otro, a lo que veladamente parece aspirar Catal谩 Polo, entronca con la norma deontol贸gica a la que debe autosometerse cada medio de comunicaci贸n para valorar si lo recibido en 鈥榩renda de confidencialidad鈥 es susceptible de hacerse p煤blico a riesgo de que lesionen la imagen u otros derechos de las personas.

 

Foto: 123rf

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