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Paridad

¿Paridad en la judicatura? Paradojas

Que la incorporación de la mujer a las profesiones relacionadas con el ejercicio del Derecho ha sido constante y creciente en los últimos 40 años es una evidencia confirmada por la estadística: de los primeros años setenta hacia acá cohortes de féminas pisaron masivamente la universidad y devinieron juezas, notarias, abogadas, procuradoras y secretarias judiciales.

Puede que la feminización de cualquiera de estas profesiones —como antes la enseñanza y luego la condición de enfermera o médico— simbolicen mejor que otras la caída de una barrera como la del sexo, que durante siglos y civilizaciones en cualquier punto del mundo estaban llamadas a caer. Felizmente, el progreso moral y material y algunas guerras (por desgracia) permitieron las condiciones para que millones de mujeres asumieran el mismo rol que los hombres en cientos de funciones que hasta entonces les eran vedadas.

No obstante los avances, queda mucho terreno por desbrozar. Bien sea para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, como para que las cúpulas directivas —en campos tan distintos como la representación política, la empresarial o en la propia función pública— se nutran con mayor proporcionalidad de varones y hembras. Puede que este sea, junto al combate a la violencia de género, el mayor reto en lo que avanza este siglo.

Vueltos al mundo del derecho, una reciente encuesta encargada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desvelado ciertas opiniones que animan el debate sobre la existencia de trabas a la promoción de la mujer en la parte alta del escalafón de la judicatura: el propio pleno del CGPJ, las presidencias de audiencias y tribunales superiores (o la ‘simple’ presencia en algunas de sus salas, como en las del Tribunal Supremo) por poner los ejemplos más recurrentes.

La VI Encuesta a la Carrera Judicial recogió la opinión de 1.285 jueces y magistrados de los 5.390 en ejercicio activo a los que se remitió un amplísimo cuestionario en el que se preguntaba, necesariamente, sobre la conveniencia de promover una discriminación positiva hacia la mujer en la carrera judicial. El 72 por ciento de los que respondieron considera que no existe discriminación interna atribuible a cuestiones de género. En menor proporción, el 57 por ciento de las juezas y magistradas niega la existencia de discriminación, aunque un 26 por ciento opina que sí existe.

Habida cuenta de que en 2015, el 52 por ciento de los jueces españoles son mujeres, no deja de llamar la atención que tal proporción no sea, ni de lejos, similar o algo cercana en la distribución por sexos de los puestos de mayor responsabilidad o cualificación. Como igualmente es llamativo que la opinión general en el gremio entienda que no se debe a barreras ‘ex profeso’. Se asoma, así, una paradoja, ya que la aparente inexistencia de obstáculos corporativistas señalaría hacia otros factores el —también aparente— desinterés de muchas mujeres en desarrollar una carrera profesional que, en algún momento, les haga saltar de la titularidad de un juzgado de primera instancia a cotas mayores.

 

Foto: 123rf

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conciliación familiar y profesional

Derecho a conciliar familia y trabajo

Como si de la expansión de un virus se tratara, las últimas semanas han devuelto al primer plano de la actualidad en los medios de comunicación – que en estos tiempos implica añadir: y en las redes sociales – el recurrente debate sobre cómo deben conciliarse dos derechos para la mujer de nuestra época: el de trabajar aspirando a la mejora profesional y el de formar una familia en unas condiciones dignas que no hagan de esta elección una barrera disuasoria para la procreación o la adopción, que tanto da.

Primero fue la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, la que sostuvo que prefería no contratar a mujeres de entre 25 y 45 años por la posibilidad de que se quedaran embarazadas. Luego matizó sus palabras – “Cometí el error de poner en mi boca palabras que había escuchado”, dijo -, aunque tratando de apagar el fuego cometió un pecado imperdonable de quien se espera una cierta altura de criterio mayor que la simpleza  ‘hacerse eco’ de una opinión sin antes someterla a un mínimo análisis crítico.

Segunda estación del ‘vía crucis’. Apple y Facebook (dos de los grandes motores de la sociedad digital y el mundo globalizado) financian la congelación de óvulos de sus empleadas para retener el talentopara que realicen el mejor trabajo de su vida mientras cuidan a sus seres queridos y crían a sus familias”, sostiene Tim Cook, sucesor de Steve Jobs en la dirección de la marca de la manzana. El procedimiento permitiría a la mujer congelar parte de sus óvulos durante sus etapa más fértil, que por lo visto coincide también con el periodo más productivo de su carrera laboral.

Tercera estación (por ahora). Ángel Donesteve, un concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de Madrid y presidente de la junta del distrito de Hortaleza, ha destituido a su responsable de Servicios Jurídicos: “Ella prefiere conciliar su vida personal y familiar, pero yo necesito el máximo rendimiento y el máximo número de horas de trabajo que se puedan prestar” ha sido su explicación. Un juicio surrealista a tenor de que la cesada cumplía con su horario y de su mano se había conseguido elevar la productividad de los empleados bajo su dirección.

¿Hacemos una montaña con estos tres granos de arena? Parece que no, puesto que cada ejemplo, a su forma, nos recuerda que el amoldamiento de trabajo y familia sigue siendo una tarea susceptible de mejorar para que la señora Oriol evite decir lo que dice, el señor  Cook no disfrace con una dádiva – cómo no, tecnológica – su imperiosa necesidad de maximizar el rendimiento neuronal de las féminas de su organización y para que el edil Donesteve recurra a un argumento menos peregrino para justificar lo que simplemente parece una pérdida de confianza.

En un campo donde afortunadamente ha habido avances notabilísimos en los últimos decenios – derribando clichés que hoy se antojan prehistóricos y demostrando que, efectivamente, se puede ser mujer y lograr una vida plena como madre y como trabajadora -, se olvida a menudo que además de no poner trabas a un derecho irrenunciable como el de la maternidad convergen en el caso factores de interés social que aún escapando a la demanda individual de la mujer sólo acaban por reforzarla.

Citemos como tales la necesidad, en este lado del mundo desarrollado, de que el crecimiento vegetativo sea tal y no pase a decremento, como alertan las últimas estadísticas, que proyectan una España en los próximos 40 años con pérdida de población y envejecimiento creciente de la existente. Y dos más, suficientemente demostradas por estudios sociológicos de todo signo: la una, que la formación y educación de cohortes con escasa o nula relación materno-filial deviene jóvenes peor educados académicamente y con menos capacidad de resiliencia. Y la otra, que una mayor renta económica acompañada de una peor conciliación – esto es familias donde la presencia de los padres es menor por sus compromisos profesionales – tampoco compensa la abundancia de lo primero frente a la escasez de lo segundo.

¿Conclusión? Una tan vieja como la vida misma. El dinero no lo puede todo: no provee de afecto, amor o interés por un prójimo llamado hijo. Y por más que sea un manido cliché: los niños de hoy serán los que gobiernen (en el amplio sentido de la palabra) el mundo del futuro. Conviene que en este recuperado debate no olvidemos que, ‘prima facie’, con el legítimo y deseable interés individual coexiste una necesidad a la que como sociedad no deberíamos dar la espalda.

Foto: 123rf

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