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archivada la Ley de Colegios Profesionales

Ley de Colegios Profesionales: enmienda a la totalidad

El tiempo pone a cada cual en su sitio y suele conceder la perspectiva necesaria para analizar los hechos con la distancia debida. La gestión de Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia del Gobierno de España es un ejemplo de ello.

Mes a mes tras su dimisión en septiembre pasado, la obra con la que imaginamos que pretendía ‘firmar’ su paso por el Ministerio ha ido quedando en poco -o casi nada-, todo un reflejo de que la obstinación, cuando se trata de legislar contra la inmensa mayoría del cuerpo social, no resulta la mejor compañera.

Amparado en la obligada transposición a nuestro ordenamiento de la directiva Bolkestein (123/2006/CE), el ejecutivo de Mariano Rajoy redactó un anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) que suponía un ataque en toda regla a la razón de ser de las organizaciones profesionales. La exposición de motivos del texto ya era una declaración de intenciones del Gobierno, empeñado -no sabemos por qué oscuros prejuicios- en que los colegios constituían en su actual ordenamiento un ataque a la libre competencia y los derechos de los usuarios.

El redactado de la ley que nunca llegará a ser -en este caso con culpa no menor del Ministerio de Economía y Competitividad Luis de Guindos– incluía, por lo demás, curiosas disposiciones: limitaba la colegiación obligatoria, la libre elección del lugar donde darse de alta, eliminaba las tarifas de inscripción -que pagándose una sola vez en la vida laboral se consideraba ¡una barrera de entrada! al ejercicio profesional- y limitaba a 20 euros mensuales la cuota colegial, ya que entendía -porque el ministro y sus asesores también entendían de contabilidad presupuestaria- que 240 euros por colegiado y año garantizaban la supervivencia de cualquier colegio.

El anteproyecto, en fin, era un ejercicio de un insólito intervencionismo de un gabinete del que muchos de sus miembros se tienen por liberales. Y, como se ha demostrado, parecía destinado a generar un absoluto rechazo, más teniendo en cuenta la acreditada vocación de Ruiz-Gallardón de descartar la búsqueda de un mínimo consenso tal le podía, a lo que se vio, la indisimulable aspiración a completar en la legislatura 2011-2015 un programa revolucionario convenientemente disfrazado de reformista.

Esta misma semana, la secretaria general del Partido Popular ha terminado de confirmar lo que antes fueron velados anuncios del Gobierno. “Desde el propio Gobierno y el propio partido, se planteó que no podíamos seguir adelante”, dijo María Dolores de Cospedal a cuenta de la retirada del anteproyecto de la LSCP. Reconociendo el valor que tiene la asunción del error, sólo cabe lamentar el tiempo, irrecuperable, gastado en dar una batalla que cualquiera con cierta capacidad de prospectiva habría adivinado perdida de antemano.

 

Foto: FutureImageBank

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justicia gratuita

Sobre la justicia gratuita

El proyecto de Ley de Justicia Gratuita ha despertado un debate que afecta de lleno a nuestro colectivo y en el que han participado, y lo siguen haciendo, no sólo abogados y otros operadores jurídicos, sino también personas a priori ajenas al universo judicial, conscientes como son de que el asunto les atañe como ciudadanos.

El debate, eso sí, se está llevando a cabo lejos de los despachos donde se toman las decisiones, porque este Gobierno parece estar empeñado en legislar a golpe de decreto, sin escuchar las aportaciones de los afectados. La única manera de meter baza parece ser, pues, hacer mucho ruido y confiar en que les lleguen al menos los rumores del descontento.

Aprovechando la celebración del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio el pasado 12 de julio, los abogados de todo el país se han mostrado en contra de esta Ley, por limitar el acceso a la justicia a los ciudadanos con menos recursos. En palabras  del Consejo General de la Abogacía Española, el nuevo proyecto “burocratiza en exceso el servicio generando costes innecesarios y anticompetitivos, no respeta la labor de los abogados ni de los Colegios, supone mayores dificultades en los ciudadanos para acceder a la Justicia y afectará gravemente a algunas garantías constitucionales”.

Resulta esperpéntico que con un servicio de Justicia Gratuita magnífico, de los mejores de Europa, se proponga una reforma que da varios pasos atrás en referencia a la anterior norma. Un proyecto que se aprueba no sólo en contra de los ciudadanos, sino a espaldas de los abogados, con los que no se ha contado para su elaboración.

Uno de los puntos más controvertidos del texto es el que se refiere a la regulación del Turno de Oficio. Con el nuevo proyecto de Ley cualquier letrado de cualquier Colegio podrá darse de alta en el turno de oficio independientemente de cuál sea su domicilio profesional y su Colegio de adscripción. Pero se le exige asimismo que se persone en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Un abogado residente en Canarias y adscrito al turno de oficio en el Colegio de Cádiz difícilmente cumplirá dicho plazo, sea cuales sean las circunstancias.

Por otra parte, el nuevo texto incrementa aún más si cabe la burocracia, al mantener la duplicidad en la tramitación de expedientes y vincula el acceso a la justicia gratuita a la Ley de Tasas, vulnerando así un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Asimismo, al extender el derecho a Justicia Gratuita a determinados colectivos y empresas al margen de sus recursos económicos, el proyecto de Ley no hace más que perjudicar el criterio de igualdad de los ciudadanos, al tiempo que cuestiona de forma importante la propia viabilidad económica del servicio a corto plazo. (La inversión en Justicia Gratuita se ha reducido en más de 43 millones de euros en los cuatro últimos años. Esta rebaja ha sido fundamentalmente a costa de recortar año tras año las indemnizaciones que perciben los abogados adscritos al Turno de Oficio).

El análisis jurídico del Consejo General concluye que “el proyecto de Ley es insuficiente porque no resuelve determinados problemas de la actual regulación como no incluir el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria para las personas privadas de libertad, la preceptiva intervención del abogado siempre y desde el primer momento en favor de la mujer víctima de violencia de género o la no inclusión en el anteproyecto de la vía administrativa previa”.

En definitiva, parece que todas las partes estamos de acuerdo en que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma para adecuarla a nuestra realidad socioeconómica, pero el texto propuesto por el Gobierno, al que cabe añadir la Ley de Tasas Judiciales, los anteproyectos de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y el de Seguridad Ciudadana no hacen otra cosa que dificultar aún más el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y un recorte de sus derechos fundamentales.

Imagen: 123rf

 

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