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VIOLENCIA MUJER

El CGPJ premia a los abogados del Turno especial de violencia de género

El pasado 23 de noviembre se entregó en el Consejo General del Poder Judicial un premio a los abogados del turno de oficio de violencia de género. El premio, concedido por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del propio CGPJ, viene a confirmar la gran labor de apoyo, acompañamiento y asesoramiento especializados que realizan los compañeros y compañeras que a diario luchan por los intereses de las mujeres que han sido o están siendo víctimas de violencia de género, también salvaguardando la integridad y los intereses de sus hijos menores.

 

Según los datos facilitados por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española, más de doscientos abogados del turno de oficio de violencia de género estuvieron de guardia cada día durante el año 2015, efectuando más de 47.000 asistencias. Su intervención es clave no sólo durante el proceso, sino también en los momentos anteriores a la denuncia y durante su interposición, donde el abogado a menudo ejerce de apoyo para la víctima, por eso resulta vital el asesoramiento a las víctimas desde el primer momento, antes de interponer una denuncia que, de otro modo, podría llegar a ser retirada o quizás nunca interpuesta. Aunque la actuación letrada en estos casos esté regida por principios como la intimidad y la privacidad, la defensa jurídica integral y una adecuada formación específica en la materia, es preocupante el número de denuncias que se retiran antes de iniciar el proceso, con todo lo que eso supone.

 

El compromiso de los abogados del turno de oficio de violencia de género en la erradicación de esta terrible lacra, no solo es profesional sino también personal. A nadie se le escapa que la pertenencia al turno es puramente vocacional y que las condiciones en las que se trabaja no son las óptimas. Esta dedicación exige una formación y una lucha permanente: diariamente, por desgracia, se producen en nuestro país episodios de violencia de género, y diariamente se dictan sentencias y resoluciones judiciales que van dibujando el marco legal de esta importante actividad profesional. Además, el Código Penal recoge nuevos tipos delictivos —acoso, hostigamiento, sobre todo a través de redes sociales, matrimonios forzosos, sexting, embaucamiento a menores, manipulación de dispositivos electrónicos, o apología de delitos de odio, es decir, que la incitación a la violencia de género se considere un delito de odio—, así que también resulta de vital importancia que, como profesionales formados, traslademos a la sociedad la importancia de no tolerar estos comportamientos en nuestro entorno.

 

Y es cierto que un premio no es más que un premio, pero desde el Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife queremos sumarnos a ese reconocimiento a todos los compañeros y compañeras que, con su trabajo, nos hacen sentirnos día a día más orgullosos de pertenecer a este gremio, por su generosidad y su compromiso para, de una vez por todas, acabar con la violencia de género.

 

Imagen: Pixabay

Congreso de los Diputados

Urgencias pendientes

La última comparecencia en las Cortes del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, a punto de cerrarse la fracasada XII Legislatura, viene al dedo para hacer una reflexión sobre las consecuencias que la parálisis normativa de los últimos meses genera en el mundo judicial. Nada más lejos del chascarrillo de que con un gobierno en funciones y un parlamento ‘al ralentí’, el país funciona igual, estos meses de negociaciones estériles para conformar un nuevo ejecutivo han acrecentado una inquietud que tiene visos de hacerse crónica.

Reclamó Lesmes ante la Comisión de Justicia del Congreso: “Sólo un nuevo modelo de organización permitirá que la Justicia sea más eficiente” antes de invitar a sus señorías a abrir un debate que aborde las reformas estructurales pendientes. Y puestos a lanzar dardos, recordó que cada juez español debe resolver una media de 1.300 asuntos al año y ello supone “cargas de trabajo inasumibles”.

Nada nuevo bajo el sol. La intervención de Lesmes podría hacerla suya cualquiera con conocimiento suficiente sobre el ‘modus operandi’ de sistema aparato judicial, alejado en asuntos capitales de lo deseable para un estado con alto nivel de desarrollo como el nuestro. Capaz de impulsar reformas cuando la última palabra la tiene el poder ejecutivo y renuente a dar con acuerdos de base amplia cuando toca alcanzarlos en sede parlamentaria. Ahí, precisamente, reside una de las causas del marasmo.

Desde enero pasado asistimos a la puesta en funcionamiento de Lexnet —por la que ha de pasar, sí o sí, cualquier abogado que deba actuar en la mayoría de los órdenes jurisdiccionales— mientras duerme el sueño de los justos el catálogo de leyes a reformar que anunció, cuando estaba en pleno ejercicio de sus competencias, al gobierno que ahora luce la limitante etiqueta de ‘en funciones’.

Por citar las de incidencia más común, esperan su turno una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, la de Demarcación y Planta Judicial o la esperadísima Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tendrá que definir, de una vez por todas, las funciones instructoras del Ministerio Fiscal. Cualquiera de estos pilares requiere de una urgente puesta al día. Pero por más que se recuerde la vigencia de esta reclamación devinieron estériles la décima y la undécima legislaturas. Y en el mejor de los casos, lo que queda de 2016 no obrará mayores cambios… en el bien entendido de que antes del otoño tengamos un gobierno y unas Cortes a toda máquina.

Dicen que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía. Y aunque el llamamiento de Carlos Lesmes o los repetidos pronunciamientos de la Abogacía y sus miembros, entre otros, corran el riesgo de caer en saco roto, es deber inexcusable de nuestra profesión no decaer en el empeño de levantar la voz para mejorar leyes y normas imprescindibles para el común de los ciudadanos. Nada es insuficiente, excepto la melancolía.

 

Foto: Flickr (crédito: Congreso de los Diputados)

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Paridad

¿Paridad en la judicatura? Paradojas

Que la incorporación de la mujer a las profesiones relacionadas con el ejercicio del Derecho ha sido constante y creciente en los últimos 40 años es una evidencia confirmada por la estadística: de los primeros años setenta hacia acá cohortes de féminas pisaron masivamente la universidad y devinieron juezas, notarias, abogadas, procuradoras y secretarias judiciales.

Puede que la feminización de cualquiera de estas profesiones —como antes la enseñanza y luego la condición de enfermera o médico— simbolicen mejor que otras la caída de una barrera como la del sexo, que durante siglos y civilizaciones en cualquier punto del mundo estaban llamadas a caer. Felizmente, el progreso moral y material y algunas guerras (por desgracia) permitieron las condiciones para que millones de mujeres asumieran el mismo rol que los hombres en cientos de funciones que hasta entonces les eran vedadas.

No obstante los avances, queda mucho terreno por desbrozar. Bien sea para mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral, como para que las cúpulas directivas —en campos tan distintos como la representación política, la empresarial o en la propia función pública— se nutran con mayor proporcionalidad de varones y hembras. Puede que este sea, junto al combate a la violencia de género, el mayor reto en lo que avanza este siglo.

Vueltos al mundo del derecho, una reciente encuesta encargada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha desvelado ciertas opiniones que animan el debate sobre la existencia de trabas a la promoción de la mujer en la parte alta del escalafón de la judicatura: el propio pleno del CGPJ, las presidencias de audiencias y tribunales superiores (o la ‘simple’ presencia en algunas de sus salas, como en las del Tribunal Supremo) por poner los ejemplos más recurrentes.

La VI Encuesta a la Carrera Judicial recogió la opinión de 1.285 jueces y magistrados de los 5.390 en ejercicio activo a los que se remitió un amplísimo cuestionario en el que se preguntaba, necesariamente, sobre la conveniencia de promover una discriminación positiva hacia la mujer en la carrera judicial. El 72 por ciento de los que respondieron considera que no existe discriminación interna atribuible a cuestiones de género. En menor proporción, el 57 por ciento de las juezas y magistradas niega la existencia de discriminación, aunque un 26 por ciento opina que sí existe.

Habida cuenta de que en 2015, el 52 por ciento de los jueces españoles son mujeres, no deja de llamar la atención que tal proporción no sea, ni de lejos, similar o algo cercana en la distribución por sexos de los puestos de mayor responsabilidad o cualificación. Como igualmente es llamativo que la opinión general en el gremio entienda que no se debe a barreras ‘ex profeso’. Se asoma, así, una paradoja, ya que la aparente inexistencia de obstáculos corporativistas señalaría hacia otros factores el —también aparente— desinterés de muchas mujeres en desarrollar una carrera profesional que, en algún momento, les haga saltar de la titularidad de un juzgado de primera instancia a cotas mayores.

 

Foto: 123rf

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Publicidad de las sentencias por fraude fiscal

Sobre la publicidad de las sentencias por fraude fiscal

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado, con el voto de calidad de su presidente, Carlos Lesmes, el informe al que viene obligado para pronunciarse sobre el anteproyecto de ley orgánica por la que se regulará el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal.

El CGPJ avala, de esta forma, que la futura ley ampare la publicación de sentencias condenatorias —una vez adquieran carácter de firmes— en las que se considere probado un perjuicio a la Hacienda Pública. Entiende el consejo que esta difusión servirá al “interés general”, pese a admitir que en sí misma quepa un daño para el condenado por la posible afección a ciertos derechos individuales (al honor, a la intimidad y a la protección de datos).

La intervención decisiva de Lesmes se explica tras un empate a 10 votos (además de otro en blanco del magistrado Fernando Grande-Marlaska) y anticipa un camino accidentado para la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, no sólo por el campo que pretende regular como por la cierta división de pareceres, muy encontrados,  revelada en el mismo CGPJ.

Así, de la decena de pronunciamientos contrarios al informe, hasta ocho se anunciaron acompañados de votos particulares que, en esencia, sostendrán que permitir al público el conocimiento de la identidad de un condenado por fraude fiscal lesiona los tres derechos ya citados, además de transformarse en una pena ‘accesoria’ de exposición pública —una suerte de escarnio— contraria a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización recogidos en la Constitución Española.

En sentido contrario, el voto discrepante del vocal Álvaro Cuesta vendría a sostener que el anteproyecto se queda hasta corto, ya que considera necesarias más publicidad y transparencia en el combate contra quienes orillan sus obligaciones con el fisco.

Pese a que el CGPJ avala su parecer en la doctrina del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en cuanto a la relevancia pública de la información contenida en la sentencia penal firme, la división en dos mitades del pleno del consejo aconsejaría que el legislador encontrara —de no decaer este proyecto como otros muchos del Gobierno de Mariano Rajoy— la argamasa suficiente para que esta ley —recuérdese que promovida al calor de una indignación general por cientos de casos de corrupción o fraude contra el Erario— no quedase vacía de contenido efectivo por mor de ulteriores vicios ‘ocultos’.

Aun admitiendo la conveniencia de que el poder judicial (nacional o europeo) mantenga su necesario papel como supremo interpretador de la norma, nos ahorraríamos mucho tiempo y cierta frustración ciudadana si las Cortes son capaces de alumbrar un texto con la suficiente seguridad  —y el recomendable consenso— que, ‘mutatis mutandis’, eviten volver en unos años a la casilla de salida.

 

Foto: FutureImageBank

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