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Barómetro

A cuenta del Barómetro Interno de la Abogacía

El VI Barómetro Interno de la Abogacía, presentado esta semana por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia, pone negro sobre blanco el estado de ánimo de nuestra profesión. Con la fiabilidad que da la muestra, y quien la realiza, y la perspectiva que otorga la posibilidad de comparar la foto respecto de otros años, la encuesta confirma percepciones que en cualquier corrillo de letrados se manifiestan repetidamente.

Así, el 85 por ciento de los consultados reconoce que la crisis ha provocado “serias dificultades económicas” en los despachos y que la Justicia padece “una crisis muy grave y profunda”. Mientras, una práctica unanimidad considera “muy elevada” la corrupción de la vida pública y nueve de cada diez cree que la Justicia gratuita debe financiarse exclusivamente con los Presupuestos Generales del Estado y no mediante tasas.

Descubre también el barómetro otras prácticas arraigadas entre nuestro colectivo, la más llamativa el uso generalizado (79%) del carné colegial con firma electrónica, un reconocimiento explícito de la importancia que da nuestro colectivo al uso de las herramientas ligadas al mundo digital.

No obstante puede que una de las más llamativas sea que un 68 por ciento de los abogados crea que el funcionamiento de la Justicia se realice al modo más conveniente para jueces y juristas, y no de acuerdo a un modelo que buscara lo más cercano y útil para el ciudadano.

Esta suerte de visión endogámica del oficio entronca con un modelo de gestión que aún conserva usos y costumbres demasiado antiguos —en el algún caso herencia intocada del siglo XIX— que, por más que ha sido denunciados, no ha desaparecido de la praxis diaria de este o aquel juzgado, confirmando que siquiera las recomendaciones más ponderadas para eliminarlos han dado fruto.

Es esa costumbre, tan de nuestra administración pública por otra parte, de no concebir el trabajo funcionarial o estatutario como un servicio en el que lo primero debería ser el interés del administrado —o el justiciable— y no la mejor conveniencia de quien está al otro lado de la ‘ventanilla’.

Sin ánimo de caer en una generalización que sería infundada, lo que late de este pulso de la abogacía tiene más de lamento por un escenario que se resiste —a veces de manera decidida— a transformarse al amparo de una sociedad que camina con otras maneras, que a señalar a identificar protagonistas concretos de la molicie. Y como quiera que destacadas voces de la Judicatura también han advertido sobre la imperiosa necesidad de renovar el funcionamiento de la oficina judicial y hasta el mismo acceso a la condición de juez, más se entiende nuestra posición y menos la resistencia al cambio.

 

Foto: 123rf

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Formación de funcionarios y políticos

Sobre la formación de funcionarios y políticos

El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, criticó esta semana —durante la presentación de su informe de gestión de 2014— que observa en muchos casos “un desconocimiento de las normas básicas del funcionamiento administrativo” debido, a su juicio, a la “inadecuada” formación de algunos funcionarios. El político canario en activo más longevo instó a las administraciones públicas a “intensificar” la formación de sus trabajadores.

El toque de atención de Saavedra no fue ‘a humo de pajas’. Por su formación sabe de lo que habla y por el puesto con el que cerrará una larguísima carrera de servicio público, más aún. Le ha tocado lidiar como ‘defensor del pueblo’ en nuestra comunidad en la peor fase de la crisis y, como ya recordó en entrevista que concedió a nuestra revista IUS hace ahora un año, “ha habido ciudadanos que han perdido el derecho a una indemnización por daños causados por un temporal porque el funcionario municipal no hizo el informe preceptivo”.

La queja, por tanto, no es nueva. Y nos sitúa en un plano —el de la formación continua— en el que el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife tiene una vocación de presencia activa: la realización de la primera edición de la Jornada ‘Delitos relacionados con la corrupción’ es la última prueba que lo atestigua.

Y el reciente comienzo del I Master de Abogacía de la Universidad de La Laguna, en el que la colaboración del ICATF es también activa y fundamental, incidiría en la misma apuesta por complementar la formación teórica con una enseñanza de la praxis profesional que —más allá de obligatoria para superar el examen de Estado para el acceso a la abogacía— se revela imprescindible para garantizar un servicio de calidad, sea cual sea la esfera en la que se preste.

Nada más lejos de nuestra intención está dar lecciones de nada ni a nadie sobre la cualificación necesaria para el desempeño de un trabajo, menos aún conociendo las circunstancias de escasez en las que se mueven algunas corporaciones, especialmente las locales, incapaces de reponer bajas de larga duración, jubilaciones o ausencias por traslados o comisiones de servicio.

Pero no deja de llamar la atención, al hilo de otra afirmación de Saavedra
en unos casos [la baja cualificación] afecta al ciudadano y en otros al propio cargo político, que por la inexperiencia o falta de formación termina ante los tribunales sin que tuviera razón o responsabilidad última”— que, en ciertos casos, la Función Pública se maneje con aparente despreocupación respecto del obligado deber de conocimiento de las leyes y procedimientos a los que están obligados a guardar y hacer guardar.

Y que un político como Jerónimo Saavedra, nada sospechoso de manejarse con frivolidad, llame la atención sobre una carencia demostrada con hechos, preocupa aún más.

Foto: FutureImageBank

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